La llegada al edificio del Ministerio de Finanzas de la exfiscal María Consuelo Porras Argueta, por un trámite relacionado con su jubilación, reactivó la duda sobre el cobro de su pasivo laboral, luego de que ella dejara el cargo el pasado 17 de mayo, después de ocho años de haber ejercido el cargo.
Porras intentó ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC) y posteriormente se postuló para repetir en un tercer período como jefa del Ministerio Público (MP). En ambos intentos fracasó.
Las prestaciones laborales son pagos que los trabajadores tienen derecho a cobrar por laborar en cualquier institución pública o privada, cuando trabajan en relación de dependencia y hay una relación patrono-empleado. Al retirarse, el patrono debe pagar las que quedaron pendientes de gozar y en algunos casos, principalmente en el Estado, una indemnización.
¿Pero cuánto recibirá la fiscal general?
Registros del Sistema de Contabilidad Integrada de Instituciones Descentralizadas (Sicoindes) detallan que Recursos Humanos del Ministerio Público ya concluyó con el cálculo de lo que Porras se llevará después de ocho años al frente del MP.
Un reporte especial de «operaciones de caja» del MP da cuenta de al menos tres operaciones a favor del pago del pasivo laboral de Porras que ya tienen fecha de pago.
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La primera es por Q65 mil 103.84. La descripción dice que es por el «pago de prestaciones laborales por finalización de la relación laboral a favor» de la exfiscal, al 17 de mayo de 2026, según la resolución RRHH-DN/G R 2026-000094. Una segunda transacción es por Q514 mil 139.65 y tiene el mismo concepto.
Mientras que una tercera operación es por el monto más elevado, por Q805 mil 736, tiene el mismo número de resolución; sin embargo, cambia el concepto, puesto que este dice que es por el «pago de indemnización y vacaciones».
La suma de estos procesos de pagos de prestaciones da una suma de Q1 millón 384 mil 979.73; no obstante, le aparece una deducción de Q52 mil 511.63. Lo que significa que Porras recibirá un líquido de Q1 millón 332 mil 468.10, por los ocho años que estuvo al frente de la Fiscalía General.
En las operaciones del Sicoindes, incluso, figura que los tres procesos ya tienen fecha de pago y fecha de entrega, el 28 de mayo pasado, lo que significa que los recursos de su pasivo laboral ya están listos para ser entregados o que incluso ya se desembolsaron.
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SALIDA
Porras llegó al cargo en mayo de 2018, cuando fue elegida por el expresidente Jimmy Morales.
En 2022 fue reelegida por el expresidente Alejandro Giammattei, al ser incluida en el listado de seis finalistas. Aunque la Comisión de Postulación se negaba a colocar el nombre de Porras en la nómina, una resolución de la Corte de Constitucionalidad los obligó a hacerlo.
De esa forma se empezaron cuatro años de su segundo mandato, que estuvo marcado por la falta de investigaciones por denuncias de corrupción en contra de la administración de Giammattei, gobernante que la nombró su «amiga».
Además, críticos señalan que se encargó de perseguir y encarcelar a los opositores de esa administración y dejar en libertad a exfuncionarios de gobiernos pasados por grandes casos de corrupción.
Sin embargo, la gestión de Porras será recordada primordialmente, coinciden analistas, por el intento de desconocer los resultados electorales de 2023 que dieron la victoria a Bernardo Arévalo. Luego de pasar a segunda vuelta, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) emprendió una batalla en contra del binomio electo y del partido Movimiento Semilla (que lo llevó al poder) para evitar, primeramente, que participara en segunda vuelta, y luego de que tomaran posesión.
Muchos consideraron estas investigaciones para desacreditar los resultados como un ataque a la democracia e incluso un golpe de Estado. Dos años después, al término del mandato de Porras, ninguna fiscalía presentó pruebas contundentes de lo que señalaron como un fraude electoral.
