Después de meses de espera, finalmente el pasado 4 de mayo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) publicó las bases de licitación del concurso «Ampliación carretera a cuatro carriles, ruta CA-9 norte, tramo: El Rancho, El Progreso – Teculután, Zacapa».
La modalidad de adquisición es la de «Convenios y tratados internacionales», puesto que su financiamiento, en parte, corre por cuenta de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que debió dar el visto bueno a todo lo actuado relacionado con la megaobra.
Actualmente, dicha ruta —una de las más importantes del país, puesto que conecta la capital con Puerto Barrios, Izabal— está ampliada a cuatro carriles justamente hasta El Rancho, kilómetro 85 de la referida carretera. Después de ese punto, su tránsito es un calvario para los automovilistas, por la alta circulación de transporte de carga y porque el paso se dificulta en ciertas comunidades, como en Teculután, Zacapa, o en Los Amates, Izabal.
De acuerdo con el concurso, publicado por la Dirección General de Caminos (DGC), unidad ejecutora del CIV, el plazo para la presentación de ofertas vence el 15 de junio a las 10.30 horas. Quince minutos después se procederá a la apertura de las propuestas.
Las bases de licitación establecen que «los trabajos por desarrollar consisten en la rehabilitación de la ruta existente y la construcción de 2 carriles adicionales, para conformar una carretera a cuatro carriles, dos por cada sentido, desde el Rancho hasta la entrada a la comunidad de Teculután en el departamento de Zacapa, la cual debe ejecutarse con las especificaciones establecidas por la DGC».
Para la construcción de este tramo ya se cuenta con un financiamiento del BID por USD 75 millones más USD 100 millones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La DGC aclaró que solo se aceptarán ofertas físicas, no electrónicas, y el lugar para entregarlas será el Salón de Usos Múltiples de la Dirección, específicamente en el Salón de Reuniones de la División de Planificación.
Una fuente del CIV que conoce del tema explicó a La Hora que se espera la participación de las empresas que ya fueron precalificadas (solo estas pueden participar), y que una vez se califiquen las ofertas, la inauguración de los trabajos ocurriría «pronto».
Las empresas que pueden presentar oferta son: consorcio, entre Vías Terrestres del Atlántico, conformada por Constructora Codico e ICA Constructora, S. A. de C. V.; ICA Constructora, S. A. de C. V., y Supra Construcciones, S. A. de C. V.
Por aparte, la DGC ya subió las bases de licitación para la supervisión del proyecto, en el cual ya se recibieron ofertas, el pasado 27 de abril, y hasta el 6 de mayo estaba en «evaluación». Cinco empresas, dos guatemaltecas y tres extranjeras, presentaron sus propuestas técnicas y financieras.
BASES
Las bases finales de licitación están contenidas en un documento de 276 páginas dividido en tres partes: los procedimientos de licitación, requisitos de las obras y las condiciones contractuales.
Explica que el proyecto consta de la ampliación de dos a cuatro carriles de la referida ruta (2 en cada sentido) de 3.60 metros cada carril, hombros internos de 1.0 metros cada uno y hombros externos de 1.20 cada uno, un arriate central de 1.20 metros y cunetas de 1.20 metros en ambos lados, para un ancho total de la sección típica de 22.4 y un derecho de vía de 25.60 metros. La longitud aproximada es de 31.8 kilómetros.
Dentro de los puntos destacados que establecen esto, está que el oferente entregará su propuesta especificando los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de la obra.
En cuanto a la evaluación de las ofertas, se explica que el contratante (CIV) considerará el precio cotizado en la oferta, excluidas las sumas provisionales y las reservas, si existieran. El ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, el ajuste de precios por descuentos ofrecidos y la conversión a una moneda única.
Añade que el contratante adjudicará el contrato al oferente que ofrezca la «oferta más ventajosa», es decir, la que ha sido presentada por un oferente que cumple con los criterios de calificación y que, además, se ajusta sustancialmente al documento de licitación y tiene el costo evaluado más bajo. O bien sea, que es la oferta mejor evaluada considerando la combinación de precio y atributos distintos al precio.
Todos los oferentes nacionales o extranjeros deben presentar declaración jurada que diga que no tiene ni ha tenido incumplimientos de contratos con el Estado, que certifique que la empresa, consorcio o representantes se encuentran en plena capacidad del ejercicio legal. Además, debe presentar un análisis de precios unitarios.
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OTROS REQUISITOS
Las bases establecen que el oferente deberá seguir cumpliendo los criterios que se aplicaron al momento de su precalificación, que son: demostrar que posee o tiene a su disposición activos líquidos suficientes para cubrir los requisitos de flujo de efectivo para construcción calculados en USD 30 millones.
También contar con el personal para las posiciones clave y no clave (enlistado en las bases) debidamente calificado y en cantidad adecuada para cumplir con los requisitos del contrato.
Contar con los equipos clave enumerados en las bases, 37 en total; y no clave, 103, aunque este segundo no está sujeto a evaluación.
También se especifica que, durante la ejecución de las obras y mientras no se realice la recepción final de la misma, el contratista tendrá la plena responsabilidad de tomar todas las precauciones necesarias para la protección de las obras ejecutadas y en ejecución y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, en relación al movimiento de tráfico.
De igual forma, especifica que el contratista deberá preparar un plan de señalización y que tendrá la obligación de no realizar traslados de materiales a través de zonas pobladas entre las 21:00 y las 6:00 horas.
PROHIBICIONES
Las bases también son claras en cuanto a las prohibiciones. Expresa que se prohíben prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas u obstructivas.
A la vez de subrayar que el BID cuenta con mecanismos para denunciar, expresa que, de detectarse alguna de estas prácticas, se podría «no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato», «suspender los desembolsos», emitir una amonestación a la firma, declararla inelegible para futuros proyectos financiados por la entidad o declarar una contratación «viciada».
Finalmente, en cuanto a los derechos de vía, se explica que para adquirirlos se utilizará el marco legal guatemalteco y el plan de reasentamiento y restablecimiento de medios de vida para este proyecto, los cuales priorizan la negociación amigable con respeto a la propiedad privada, derecho de igualdad, debido proceso y, en general, a los derechos inherentes a la persona y los demás establecidos en dichas normas.
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NECESIDAD
La reparación del tramo urge, coinciden usuarios y transportistas. La propia boleta registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) señala que el tramo en mención presenta «deficiencias estructurales que limitan su capacidad de movilidad».
Por ese tramo, circulan cerca de 18 mil vehículos por día, lo cual genera congestión, desgaste prematuro de los vehículos y restricciones operativas en un corredor que moviliza el 60% de las exportaciones guatemaltecas.
El proyecto contempla la construcción de un libramiento de aproximadamente 4.3 kilómetros que se construirá para evitar el paso por la aldea El Rancho, considerada actualmente como uno de los principales embudos de la ruta, puesto que en ese punto está el cruce para la carretera que lleva a las Verapaces.
Sin embargo, los estudios para la construcción de este y otros libramientos de la ruta al Atlántico, hasta mediados de marzo, estaban en fase de aprobación por parte de la DGC, pero se estima que el proyecto también comenzará este año.
