El Ministerio Público (MP) presenta cada caso como una «bomba», analistas creen que estos solo persiguen fines políticos. Sea como sea, lo cierto es que de una veintena de procesos de investigación que ha iniciado el ente encargado de la persecución penal en contra de la actual administración se observan escasos o nulos avances. Al menos en siete ha pretendido vincular al presidente Bernardo Arévalo.
Siete meses habían transcurrido desde que las nuevas autoridades asumieron el cargo cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, presentó uno de los primeros casos de supuesta corrupción en el Gobierno; que, según dijeron en conferencia de prensa el 21 de agosto de 2024, vinculaba al presidente Bernardo Arévalo con pagos ilegales que se habrían hecho a constructoras dentro del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV).
El caso fue bautizado como «Mecanismo de Corrupción Micivi«. A pesar de contar con derecho de antejuicio, Arévalo fue señalado por Curruchiche, el día de la conferencia, de ser «el principal responsable de fomentar la corrupción y la impunidad en Guatemala».
La prueba madre (la más importante) que presentó el MP en el caso, fue un audio que circuló «en redes» donde Arévalo conversa con la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, para destituirla por no acatar pagos a constructoras que no estuvieran señaladas de corrupción.
“Un día a través de redes sociales, y de medios de comunicación, se filtró un audio, lo tomamos como fuentes abiertas de información y lo descargamos a través de un técnico informático, pero cómo se obtuvo, eso lo desconocemos”, reconoció Curruchiche.
De la Vega le habría facilitado al MP hojas firmadas por el mandatario donde consta el listado de empresas a las cuales se les autorizaba el pago; lo cual, según la FECI, es ilegal. Por lo cual, acusó a Arévalo de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, pero hasta hoy no se volvió a hablar del caso.
DESDE ANTES
Pero los señalamientos del MP en contra de Arévalo empezaron, incluso, antes de que el Gobierno tomara posesión. También fue señalado en el llamado caso «Corrupción Semilla» que Curruchiche presentó el 12 de julio de 2023, apenas 17 días después de que Arévalo, por medio de este partido, pasara a la segunda vuelta electoral.
El jefe de la FECI acusó a la agrupación política de falsificar firmas para la conformación del partido. En diciembre de ese año, la fiscalía agregó el supuesto delito de lavado de dinero en contra de Arévalo ya que —asegura el MP— como secretario general no demostró el respaldo por el pago de USD 44 mil para poder pagar una multa ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Aunque ha habido capturas y algunas aceptaciones de cargos, el caso nunca llegó a un debate y se desconoce en qué parará puesto que el partido ya fue cancelado por una orden del juez Fredy Orellana.
Analistas han opinado ampliamente acerca de que el objetivo de la Fiscalía, en ese entonces, era impedir que se reconocieran los resultados de la primera vuelta, pero una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) permitió que se validaran.
A la acusación por las supuestas firmas falsas, le siguió otra, relacionada a la existencia de un supuesto fraude electoral en el proceso que dio la victoria a Arévalo en la segunda vuelta, frente a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Según una investigación del MP hubo irregularidades en la transmisión de resultados por medio del sistema TREP (Transmisión de Resultados Preliminares).
El 8 de diciembre de 2023, la FECI presentó en conferencia de prensa sus argumentos sobre la supuesta falta de registro de actas, votos no computados y sospechas de manipulación, y, aunque las elecciones generales fueron validadas, no solo por el TSE, sino por una buena cantidad de países y grupos internacionales de observación internacional, Curruchiche calificó el proceso de inválido y consideró que las elecciones «deberían anularse».
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Esta postura le valió a la fiscal general, Consuelo Porras, a Curruchiche, al secretario general del MP, Ángel Pineda, y a otros fiscales la condena internacional y hoy, tanto la jefa del ente investigador como el jefe d ela FECI tienen sanciones de 42 países.
Múltiples sectores de la sociedad civil guatemalteca, países aliados y organismos internacionales criticaron esta investigación de la FECI por su rapidez, porque carece de pruebas sólidas que demuestren la posibilidad de un fraude y porque, en busca de supuestas pruebas, vulneró la integridad del proceso, allanando la sede del TSE, abriendo cajas electorales y contando votos, una facultad exclusiva de las juntas receptoras de votos, según la Ley Electoral.
De este caso tampoco se conocen mayores resultados, más que las capturas de funcionarios, a algunos de quienes la Fiscalía ha intentado que acepten cargos.
Después de que Arévalo venciera en la segunda vuelta a Sandra Torres, el 20 de agosto, continuaron los señalamientos. El 17 de noviembre el mandatario fue señalado en el caso «Toma de la USAC-Botín político», por el cual, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural solicitó el retiro de la inmunidad de Arévalo y de la vicepresidenta, en ese entonces electa, Karin Herrera.
Según la Fiscalía, los integrantes de la agrupación política que llevó a la Presidencia a Arévalo habrían utilizado la toma de las instalaciones de la USAC como un “trampolín político» para promover su candidatura durante los comicios; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la solicitud de retirarle los fueros al jefe de Estado.
OTROS CASOS
Asimismo, en febrero pasado le jefe de la FECI dio a conocer que había otra investigación en contra del presidente Arévalo y su hermano Martín Arévalo de León, por la supuesta venta de terrenos estatales a China, durante una supuesta reunión en Costa Rica.
En esa ocasión, Curruchiche dijo que la investigación se derivaba de una «denuncia ciudadana» la cual afirmaba que entre julio y septiembre de 2024, el presidente Arévalo viajó a Costa Rica a una “dirección muy exacta” para tener una reunión con la embajadora de China y su hermano, Martín Arévalo de León.
De acuerdo con Curruchiche, en la reunión surgió una negociación, en la que supuestamente Guatemala desconocería a Taiwán, para formalizar vínculos oficiales con China Popular. No obstante, ocho meses más tarde, tampoco se volvió a mencionar algo de este caso, ni contra el mandatario o su hermano, este último que no goza del derecho de antejuicio y a quien el MP puede investigar sin ninguna limitación.
El pasado 21 de octubre la FECI presentó un caso más que pretende vincular al presidente Arévalo con supuestas prácticas de corrupción en el memorando firmado entre el Ministerio de Salud y UNOPS, para la compra de medicamentos e insumos médicos.
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En dicha conferencia, Curruchiche reveló que tienen abiertas otras 24 investigaciones por supuestos hechos de corrupción en dependencias del Ejecutivo. Entre otros y sin dar detalles, dijo, son de los ministerios de Agricultura, Comunicaciones, en la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y en el Ministerio de Educación. «En su momento serán reveladas al pueblo de Guatemala”, declaró el fiscal durante la conferencia.
Aunque oficialmente se desconoce si ya fue solicitado el retiro del derecho de antejuicio a Arévalo por este nuevo caso, la FECI ya bautizó este como «Caso UNOPS: Corrupción presidencial».
Finalmente esta semana, la misma fiscalía solicitó el retiro del derecho de antejuicio a Arévalo, a quien ahora pretende vincularlo con la fuga de 20 reos del penal de Fraijanes II. Supuestamente lo señala de incumplimiento de deberes.
El mandatario calificó la la solicitud de Curruchiche de «otro intento ridículo», y recurrió a la comunidad internacional para denunciar un intento de golpe.
ESTRATEGIA DE DESPRESTIGIO
Aunque los casos en donde se investiga a un presidente de la república pueden ser muy tardados, analistas consultados por La Hora no descartan que el objetivo de presentar estos pueda ser político y una estrategia para desgastar la figura de Bernardo Arévalo.
«Está claro que la mayoría de estos casos, o todos, hasta el momento, tienen muy poco sustento. No hay indicios sólidos que puedan llevar a pensar a que Arévalo se le podría levantar el antejuicio», subrayó Luis Miguel Reyes, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo.
El analista considera que el MP le apuesta a «seguir serruchando la credibilidad del gobierno y seguirles pegando en los niveles de aceptación, insertando la idea de que el presidente o algunos miembros de su gobierno pueden estar involucrados en casos de corrupción».
Con esto, Reyes descartó que el objetivo de las investigaciones sea que los casos «peguen en lo judicial», e insistió en que estas pesquisas tienen un efecto a nivel de la opinión pública, y justamente esto «es lo que busca este grupo que tiene tomado el MP», porque, hasta hoy «no hay ninguna ruta política para que al presidente Arévalo se le levante el antejuicio».
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POCA INFORMACIÓN
Por su lado, el analista político independiente, Luis Fernando Mack, expuso que, aunque no se puede descartar que la falta de resultados de las investigaciones que ha anunciado el MP sea la naturaleza del cargo del presidente de la república y las prerrogativas que tiene, es inevitable poner sobre la mesa el que también puede obedecer a que se trata de un «elemento propagandístico».
Señaló que no se conocen detalles de las investigaciones y por lo tanto no se sabe si puede que tengan sustento o no. «Como no hay acceso a la información completa, yo mantendría las dos visiones. O tienen una investigación profunda y no la han podido armar o estratégicamente no han querido presentarla o es una cortina de humo», puntualizó.
«Al final de cuentas, puede ser que solo sea una estrategia política para desprestigiar al Gobierno de Arévalo que tiene el gran problema que no goza de una gran legitimidad», añadió.
Según Mack, después de un año de anunciada una investigación y que no se vean resultados, puede llevar a muchos a pensar que las investigaciones del Ministerio Público son solo «una cortina de humo y estrategia de desprestigio del gobierno actual». Sobre todo porque en las conferencias el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche ha culpado al presidente de forma directa.
«No es común que un fiscal se atreva a culpar a un presidente. Ya está dando por sentado que la investigación está concluida y que hay elementos probatorios completos», subrayó el analista. Pero todas estas pruebas no se han demostrado y eso puede dar pie a pensar de que no se trata de investigaciones serias.
DÉBIL RESPUESTA
Reyes consideró que la respuesta que ha dado el Gobierno y el presidente ante los casos presentados por la FECI ha sido débil, lo que ha permitido que el MP se adueñe de la narrativa. «Por ejemplo, con UNOPS fue una respuesta lenta y tibia, debió haber sido mucho más abrasiva para darle vuelta a la narrativa», señaló Reyes.
De igual forma, el analista indicó que a su juicio el Gobierno no está tomando con la suficiente fuerza y seriedad las sindicaciones de la Fiscalía General porque no se trata solo de señalarlos de corruptos, sino de desmontar la narrativa del MP, con argumentos.
La Hora intentó conocer el punto de vista del MP, a través de una solicitud de comentarios a su oficina de Comunicación, pero no se obtuvo respuesta.
