A un mes de haber asumido como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna enfrenta uno de los primeros expedientes de alto perfil relacionados con la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El grupo Dignidad y Rescate (USAC-DIRE) planteó una denuncia penal contra el rector de esa casa de estudios superiores, Walter Mazariegos, y actores señalados de integrar su círculo de confianza.
La acción abarca a integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), otras autoridades y electores señalados de anomalías en el proceso que propició una reelección de Mazariegos, calificada como «fraudulenta» tanto a lo interno como externo de la institución.
Además, la denuncia llega después de años de cuestionamientos hacia la administración de Consuelo Porras al frente del MP, a quien distintos sectores acusaron públicamente de frenar investigaciones relacionadas con Mazariegos.
Ahora, según el citado grupo, el caso constituye una «prueba de fuego» para el nuevo fiscal general, quien ha ofrecido una gestión basada en independencia, objetividad y transparencia.
«ES HORA DE QUE EL MP ACTÚE CON OBJETIVIDAD»
Aníbal García, abogado de USAC-DIRE, explicó que la acción penal incluye a Mazariegos, 25 integrantes del CSU que permanecen en su cargo pese a haber vencido y miembros del Cuerpo Electoral Universitario que participó en la votación por rector efectuada el 8 de abril en Antigua Guatemala, así como autoridades de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Junta Electoral Universitaria.
Los actos denunciados van desde la acreditación de cuerpos electorales contra los que había resoluciones judiciales y validación de representantes que habían renunciado a participar en el proceso —como ocurrió con el Colegio de Arquitectos— hasta la reserva de documentos relacionados con la votación realizada en la ciudad colonial, incluidos los listados de participantes y el acta que documentaría lo ocurrido.
“Se concertaron para no aprobar los cuerpos electorales que no eran afines a Mazariegos”, expresó el profesional, y añadió que «la impunidad no puede seguir marcando este caso».
Según el abogado, «es hora de que el MP actúe con objetividad». Asimismo, hizo ver que con la nueva administración se esperan «resultados diferentes» y una «investigación transparente contra todos los involucrados».
SEÑALAN POR LO MENOS OCHO DELITOS
En la denuncia se plantea que los hechos ocurridos en el proceso podrían constituir los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, falsedad material, falsedad ideológica, usurpación de funciones y desobediencia.
Además, USAC-DIRE solicitó que se investigue si existió asociación ilícita entre los funcionarios universitarios y electores denunciados para favorecer la permanencia de Walter Mazariegos en la rectoría.
El MP confirmó la recepción de la denuncia e indicó que el expediente está en manos de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
CONTRALORÍA TAMBIÉN LLEVÓ CASOS AL MP
La denuncia de USAC-DIRE no es la única planteada en torno a las presuntas irregularidades en el funcionamiento del Consejo Superior Universitario. Durante la gestión de Porras, distintos actores solicitaron indagaciones, no solo por la conformación de esa instancia sino también por la legalidad de sus decisiones.
Los cuestionamientos también derivaron en acciones legales por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la cual presentó denuncias contra representantes estudiantiles después de una auditoría sobre el cumplimiento de requisitos, calidades y períodos de representación entre enero de 2021 y agosto de 2024.
En su informe anual de 2026, la CGC dio a conocer las medidas que planteó ante el MP mediante los expedientes DAJ-D-11-2025 y DAJ-D-12-2025, al determinar que algunos consejeros habrían continuado ejerciendo funciones pese a tener plazos vencidos o haber perdido la calidad de estudiantes requerida.
En la denuncia aparecen varios casos de personas que tienen colegiado activo, es decir que ya se graduaron y ejercen como profesionales, pero figuran en el CSU como representantes estudiantiles. Además, aparecen otros que permanecen en los puestos a pesar de que en su facultad se eligió a quienes debían reemplazarlos.
Los expedientes no incluyen a Walter Mazariegos como denunciado; sin embargo, forman parte del conjunto de cuestionamientos sobre la integración y funcionamiento de un Consejo dominado por el rector.
