La (extinta) Unión del Cambio Nacional (UCN) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) son los dos partidos políticos que más se repiten al consultar los alcaldes que estaban al frente de seis municipalidades que otorgaron contratos a la estructura denominada B410, señalada de defraudar al Estado por 300 millones de quetzales del 2021 al 2023. Ambas agrupaciones son aliadas de VAMOS, el vehículo y partido que llevó al poder al expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez.
El pasado 14 de agosto, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, reveló el más grande entramado de corrupción por defraudación al fisco en Guatemala. El caso fue bautizado por la entidad como «B410»: por la red de 410 empresas fantasma, ubicadas en la colonia Banvi de la zona 7 capitalina, que pagó en impuestos Q26.9 millones de los más de Q5 mil 730 millones que facturó en los tres años.
La SAT reveló el nombre de nueve empresas que obtuvieron contratos con el Estado y detalló con cuáles municipalidades consiguió las adjudicaciones. Además, una investigación de La Hora dio a conocer el nombre de otras 21 entidades y personas naturales que apuntan a tener relación con Martínez, el exdirector del Centro de Gobierno, una dependencia que creó Giammattei y en donde delegó a su pareja durante su gobierno.
VÍNCULOS UCN Y UNE
De acuerdo con la presentación de la SAT, del primer grupo en el que está dividida la investigación, fueron nueve las municipalidades que otorgaron contratos a nueve empresas, señaladas de pertenecer a la red de los 410 contribuyentes. De esas nueve, cuatro alcaldes llegaron al poder local en 2020 con el cancelado partido UCN de Mario Estrada, condenado en EE. UU. por narcotráfico, y dos con la UNE de Sandra Torres, acusada y librada en un caso de financiamiento electoral ilícito.
Tanto la UCN y la UNE formaron parte de la entonces alianza oficialista, liderada por el partido VAMOS en el Congreso de la República. La agrupación de Giammattei fue una de las que acobijó al menos a ocho diputados de la UCN para buscar su reelección como congresistas en las elecciones generales 2023, luego que su partido fuera extinguido.
Mientras que, en 2022, la UNE negoció con VAMOS el darle los votos para que la diputada Shirley Rivera presidiera el Congreso en el último año de gobierno de Giammattei y además aprobar el Presupuesto 2023 de situado en Q116 mil millones, a cambio de que Torres fuera inscrita para correr por la presidencia; sin embargo, fue derrotada por tercera vez.
INVERSIONES HUMEDALES Y MUNIS DE SUCHITEPÉQUEZ
La documentación publicada por la SAT señala a la empresa Inversiones Humedales, Sociedad Anónima de recibir 5.8 millones de quetzales por contratos con cinco municipalidades del departamento de Suchitepéquez. Entre estas figuran la Municipalidad de Samayac, entonces bajo el control del exalcade Camilo Felipe Hernández López, electo por la UNE.
La municipalidad de Cuyotenango, de Jorge Arturo Reyes Ceballos, quien llegó al poder con la UCN y logró su reelección en este período con la UNE también obtuvo servicios de dicha empresa. La tercera alcaldía de ese departamento fue la de Mazatenango dirigida por el exalcalde del comité cívico El Conejo, Manuel de Jesús Delgado Sargaminaga.
San José La Máquina se sumó a las adjudicaciones bajo la administración de Alberto Martínez López, electo por Semilla en 2019, y quien buscó su reelección con el partido VAMOS, pero no consiguió los votos suficientes para permanecer otros cuatro años.
De acuerdo con la entidad recaudadora, los casi Q6 millones fueron por el pago de proyectos y renta de maquinaria a las distintas alcaldías de la región sur del país.
INVERSIONES CADDIE
En tanto, la empresa Inversiones Caddie Sociedad Anónima recibió Q8.8 millones durante el 2021 al 2023 en contrataciones. Gilberto Rocael Arauz Cruz, ex jefe edil de San Miguel Panán por la UCN, estuvo al frente de la alcaldía esos años.
Asimismo, la municipalidad de La Reforma en San Marcos y San Bernardino en Suchitepéquez a cargo de los exalcaldes de la UCN, Edgar Francisco Solano Alcázar y Cristiams Josué Blanco Fajardo, respectivamente, contrataron a Inversiones Caddie.
La de Coatepeque bajo la jefatura de Alfonso García-Junco Hemmerling de la UNE también se sumó a los poderes locales señalados. Según la SAT, brindaron servicios de mejoramiento de instalaciones, proyectos de ampliación de sistemas de alcantarillado y muros perimetrales.
MEGALODON
Por otra parte, la empresa Megalodon Sociedad Anónima sumó Q997 mil. La municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas del departamento de Santa Rosa, a cargo del exalcalde Cristiams Josué Blanco Fajardo, de la UCN, le adjudicó contratos.
Megalodon S.A. también negoció con Fondo de Desarrollo Social, Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Santa Rosa, Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
RED APUNTA A MARTÍNEZ
Giammattei llegó a la silla presidencial impulsado por el partido VAMOS en el 2019. Tres días después de culminar su cuestionada administración en enero pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. lo sancionó y le prohibió su entrada al país por “su involucramiento en significativos actos de corrupción”.
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Según Washington, disponen de “información fidedigna” que apunta a Giammattei de “aceptar sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato”. Un mes antes, Martínez también fue sancionado, pero EE. UU. le aplicó la Ley Global Magnistky que le congeló los activos y vetó del país por recibir “pagos irregulares” de contratistas del Estado y negociar con rusos un millonario botín por la compra de vacunas contra el COVID-19.
Dentro de la denuncia de la SAT resalta Asfaltos y Petróleos de Guatemala, S. A., entidad vinculada a Miguel Martínez, ex jefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Alejandro Giammattei.
En julio de 2022, los socios de la firma, Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva —padre e hijo—, fueron incluidos en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalados de ser actores corruptos o antidemocráticos.
Posteriormente, La Hora publicó una nota que menciona que la sanción a los señores López obedeció, en parte, a la relación que estos tenían con el ex jefe del Centro de Gobierno.
Cuando los López fueron sancionados, el Departamento de Estado los acusó de incurrir en una “importante corrupción, al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno”.
CARTA DE MARTÍNEZ
De esa cuenta, Martínez envió una misiva a La Hora, dos días después de que este medio publicara la nota «Estructura denunciada apunta a la operación de Miguel Martínez», que da a conocer que podría ser el principal operador de la red de empresas B410 denunciada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de evadir más de Q300 millones en impuestos y de facturar a al menos 21 grandes empresas proveedoras del Estado.
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