La carrera hacia las elecciones generales de 2027 tuvo su primera gran expresión de política populista con la aprobación de las reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).
Analistas consultados por La Hora consideran que la decisión del Congreso respondió más a una estrategia para ganar gran respaldo ciudadano que a un análisis técnico de sus implicaciones, al aprobar cambios con deficiencias de redacción, incertidumbre sobre su aplicación y sin claridad sobre sus efectos para las finanzas municipales.
La reforma fue impulsada por un bloque de bancadas liderado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), junto con Todos y Cabal, en medio de un contexto en el que distintos informes conocidos por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala han advertido sobre los riesgos de debilitar financieramente a las municipalidades, una situación que podría facilitar una mayor influencia del crimen organizado y el narcotráfico en los territorios donde la presencia del Estado es limitada.
Este elemento fue advertido en un informe citado previamente por La Hora y no fue tomado en cuenta por los diputados al Congreso de la República. El documento al que tuvo acceso este medio explica textualmente: «El debilitamiento de la capacidad de los gobiernos locales no implica automáticamente la captura de delincuentes; sin embargo, puede aumentar las oportunidades para que las organizaciones criminales expandan su influencia donde la presencia estatal se vuelve menos efectiva».
Agrega el análisis que la tributación sobre la propiedad es una de las fuentes más estables de financiamiento para los gobiernos locales y la autonomía fiscal permite a las municipalidades planificar inversiones de largo plazo, mantener la continuidad de los servicios públicos y reducir su dependencia de las transferencias discrecionales del Gobierno central.
El documento dirigido a EE. UU. advierte que una reducción de la capacidad fiscal podría traducirse en el aplazamiento del mantenimiento de infraestructura, el deterioro de los espacios públicos, una respuesta más lenta ante emergencias y una disminución de la confianza ciudadana. Aclara que estos efectos no son inevitables, pero serían más probables si las municipalidades enfrentan pérdidas sostenidas de ingresos sin mecanismos de sustitución.
Asimismo, señala que las organizaciones criminales suelen aprovechar la debilidad de las instituciones para ampliar su influencia territorial y su legitimidad social. En ese contexto, sostiene que unas municipalidades sólidas favorecen la estabilidad regional, el desarrollo económico, la gestión de la migración, la resiliencia ante desastres y el Estado de derecho, mientras que políticas que debiliten a las instituciones locales podrían aumentar los desafíos de gobernanza que afectan los intereses estratégicos de Estados Unidos en Centroamérica.
Los analistas que conversaron con La Hora coinciden en que la modificación era necesaria pues habían aspectos del impuesto mejorables, pero cuestionan la forma en que fue aprobada: sin estudios técnicos conocidos, con errores de redacción que permiten distintas interpretaciones y bajo una narrativa que privilegió el impacto político sobre la discusión fiscal.
EL PACTO DETRÁS DE LA REFORMA
Las reformas fueron impulsadas por el bloque político encabezado por la secretaria general de la UNE, Sandra Torres, quien públicamente, a través de redes sociales, se atribuye el pacto para la aprobación. La Une habría contado con el respaldo de diputados de Todos y Cabal, entre ellos Felipe Alejos y Luis Aguirre, como parte de una estrategia política dirigida contra el alcalde de Mixco, Neto Bran, y el presidente Bernardo Arévalo, según la reconstrucción realizada por La Hora.
Las tres agrupaciones han enfrentado distintos señalamientos relacionados con actores vinculados al narcotráfico.
En el caso de la UNE, el partido incorporó a Sofía Hernández, señalada por Insight Crime de mantener vínculos con la estructura criminal conocida como Los Huistas, extremos que la diputada ha rechazado.
Por su parte, Todos llevó al Congreso durante dos períodos a José Ubico, quien posteriormente fue condenado en Estados Unidos por conspiración para traficar drogas tras colaborar con una estructura dedicada al envío de cocaína hacia ese país.
José Ubico continuó con las actividades ilícitas durante su tiempo como parlamentario, lo que lo llevó a ser sentenciado a 18 años de prisión por tráfico de drogas hacia territorio norteamericano, ya que habría apoyado con logística a una agrupación criminal.
En tanto, el diputado Luis Aguirre, de Cabal, ha sido cuestionado por su cercanía con personas vinculadas al narcotráfico, entre ellas José Manuel López Morales, conocido como «Ché Manuel», condenado en Estados Unidos por sus nexos con el Cartel del Valle.
En el pasado, Aguirre ha jugado un papel importante como “bisagra” en la aprobación de normativas, tanto para el oficialismo como para la oposición.
José Ubico enfrentará además de prisión, 5 años de libertad vigilada por uso de sustancias
ACCIONES POPULISTAS
Consultado para el análisis sobre la posible influencia del crimen organizado en la decisión del Congreso, publicado por La Hora el 29 de julio, día de la aprobación, Walter del Cid, exsecretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), consideró que la iniciativa responde a una medida de carácter “populista”, al plantear la eliminación de un impuesto que, por naturaleza, resulta impopular entre los contribuyentes.
Confirmó que el IUSI constituye una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos municipales, destinada a sostener servicios como agua potable, drenajes, alcantarillado y otras obras de infraestructura local.
Del Cid explicó que la mayoría de municipalidades administra directamente ese tributo, por lo que su eliminación tendrá un impacto en las finanzas locales, porque la reducción permanente de los ingresos municipales afectaría especialmente a gobiernos locales con mayor peso político y electoral, como las ya mencionadas.
EXPOSICIÓN AL CRIMEN ORGANIZADO ES REAL
El analista político Roberto Wagner afirmó que la eliminación o reducción de recursos provenientes del IUSI responde a una situación “estrictamente política” y advirtió que la medida podría generar presiones sobre las municipalidades, especialmente en regiones donde existen riesgos asociados al crimen organizado.
Wagner señaló que, ante la disminución de ingresos municipales, algunos alcaldes podrían verse obligados a buscar nuevas fuentes de financiamiento, lo que abre la posibilidad de analizar si existen vínculos con actividades ilícitas, principalmente en zonas donde operan rutas de narcotráfico.
“Sí sabemos que hay alcaldes que están involucrados en este tipo de cuestiones o que se sospecha que están involucrados”, afirmó el analista, al señalar que la preocupación no debe centrarse únicamente en un municipio, sino en regiones donde existe una conexión territorial entre varias localidades.
Según Wagner, el riesgo aumenta en áreas donde existe un conjunto de municipios ubicados en rutas utilizadas para el tránsito de narcóticos u otras actividades ilegales. En esos casos, consideró necesario evaluar si la falta de recursos puede generar una vulnerabilidad para que algunos funcionarios busquen alternativas de financiamiento fuera de la legalidad.
El analista también calificó como “populista” la decisión de reducir cargas tributarias, al considerar que busca generar aceptación ciudadana, pero deja a los alcaldes en una situación complicada, debido a que tampoco pueden plantear aumentos de impuestos sin enfrentar un costo político.
“Un alcalde no puede salir a decir: ‘voy a cobrar más impuestos’, porque la gente no va a votar por ellos”, explicó Wagner, quien agregó que esta situación puede aumentar la dependencia de las municipalidades hacia negociaciones con diputados, especialmente representantes departamentales.
Wagner indicó que, aunque Estados Unidos no necesariamente reaccionaría por el impacto fiscal interno de la medida, sí podría intervenir si se identifican actividades vinculadas al narcotráfico u otros delitos. En ese escenario, señaló, la presión sería directamente hacia el Gobierno de Guatemala.
“Si se logran detectar ese tipo de rutas, entonces ahí sí habría que actuar y no esperar a que después venga una presión de parte de Estados Unidos”, afirmó el analista, quien insistió en que cualquier señalamiento debe estar respaldado por investigaciones sólidas.
HIDALGO: REFORMA RESPONDE A LÓGICA ELECTORAL
Para el director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), Rubén Hidalgo, la decisión del Congreso careció del sustento técnico necesario y fue aprobada sin valorar adecuadamente sus efectos sobre las finanzas municipales.
Aunque reconoció que en algunas municipalidades el IUSI representa una fuente limitada de ingresos, advirtió que en comunas con una alta recaudación el impacto puede ser considerable.
A juicio del analista, la proximidad del proceso electoral explica buena parte de la decisión política.
«Tiene altos tintes electorales», afirmó Hidalgo, quien considera que la reforma busca obtener el respaldo de la población mediante la reducción del pago del impuesto.
Sin embargo, sostuvo que ese argumento pierde fuerza cuando se considera que los recursos provenientes del IUSI financian servicios municipales como agua potable, drenajes y pavimentación. También advirtió que la reducción del impuesto favorece especialmente a quienes poseen mayores inversiones inmobiliarias y no necesariamente a los sectores más vulnerables.
Hidalgo concluyó que la reforma fue aprobada de forma intempestiva, sin valorar adecuadamente sus efectos financieros y bajo un discurso que calificó de falaz al presentar la medida como un beneficio general para la población, cuando, a su juicio, responde principalmente a objetivos electorales.
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BARRIENTOS: REFORMA SIN SUSTENTO TÉCNICO
Para el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, la principal debilidad de la reforma radica en la forma en que fue elaborada. A su juicio, el texto aprobado presenta deficiencias de redacción que permiten distintas interpretaciones sobre la aplicación del impuesto y evidencian la ausencia de un análisis técnico previo.
Como ejemplo, señaló que la Municipalidad de Mixco considera que la ley permite continuar cobrando el IUSI a inmuebles de uso habitacional, mientras que otras interpretaciones sostienen lo contrario.
«La ley está tan mal escrita que admite esa interpretación», afirmó.
Barrientos recordó que cerca del 75 % de la recaudación nacional del IUSI se concentra en cinco municipalidades: Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula y San Miguel Petapa. Sin embargo, explicó que todavía no es posible establecer cuánto dejarán de percibir las comunas porque no existe información que permita diferenciar qué parte de la recaudación corresponde a inmuebles habitacionales y cuál a inmuebles comerciales.
El investigador también cuestionó que la reforma establezca un régimen de tasa cero para determinados inmuebles, ya que ese concepto no equivale a una exención tributaria y tiene implicaciones jurídicas distintas. Además, recordó que la normativa incorpora un mecanismo de compensación mediante el timbre fiscal aplicado a las segundas y sucesivas compraventas de bienes inmuebles, aunque advirtió que tampoco existen elementos para determinar si esa compensación será suficiente para reemplazar los ingresos que dejarían de recibir las municipalidades.
«La respuesta técnica rigurosa es: a saber», respondió Barrientos al ser consultado sobre si las municipalidades terminarán perdiendo o ganando recursos con la reforma, debido a la falta de información para realizar esa estimación.
«UNA OCURRENCIA» SIN ESTUDIOS
Barrientos sostuvo que el Congreso aprobó un mecanismo de compensación sin contar con estudios que permitieran anticipar sus efectos.
«Esa fue una ocurrencia que tuvieron ahí los diputados», afirmó, al cuestionar que no existan datos para identificar cuánto de la recaudación corresponde a inmuebles habitacionales ni cuánto del timbre fiscal provendrá de ese tipo de operaciones.
El economista insistió en que el texto legal admite interpretaciones distintas, situación que calificó de grave tratándose de una norma tributaria.
«La ley está mal escrita. Podemos entender la ley de dos formas distintas», resumió.
También cuestionó que la discusión de la iniciativa se realizara en la Comisión de Previsión y Seguridad Social y no en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, pese a tratarse de una reforma tributaria. A ello sumó la ausencia de dictámenes técnicos, simulaciones financieras y estudios elaborados por el Ministerio de Finanzas Públicas, la SAT u otras instituciones especializadas.
Barrientos añadió que la redacción deja espacios de discrecionalidad para determinar cómo deberán tratarse inmuebles de uso mixto, como viviendas en las que también funcionan oficinas o pequeños negocios.
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«FIGURAR EN CÁMARAS NO ES UNA RAZÓN»
El director del Icefi coincidió en que la legislación requería ajustes para atender casos de personas con limitada capacidad de pago, como adultos mayores o jubilados propietarios de vivienda. Sin embargo, sostuvo que la solución no debía consistir en una reforma improvisada.
«La reforma era necesaria, pero no como la hicieron los diputados, con un mamarracho antitécnico y politizado», afirmó.
Barrientos agregó que una modificación tributaria requiere mesas técnicas, estudios y evaluaciones de impacto, y lamentó que durante la discusión predominara el interés político.
«Esas no pueden ser las razones válidas para hacer una reforma tributaria», señaló al referirse a la búsqueda de protagonismo en redes sociales y cámaras durante la aprobación de la iniciativa.
LINARES: EL PROBLEMA ES CÓMO SE REFORMÓ
El exministro de Trabajo Luis Linares también consideró que la reforma fue elaborada de manera incorrecta. A su juicio, el Congreso debió mantener la propuesta original que establecía una tasa única de tres por millar para todos los inmuebles, en lugar de fijar una tasa cero para la mayoría de propiedades.
Según explicó, las tasas de seis y nueve por millar resultaban excesivas para muchos propietarios, especialmente familias de clase media que adquirieron vivienda nueva. No obstante, advirtió que eliminar el impuesto para la mayoría de inmuebles constituye una medida que va más allá de corregir esas distorsiones.
Como ejemplo, indicó que un apartamento de dos habitaciones en sectores como las zonas 4, 6, 11 o 12 de la ciudad de Guatemala puede costar entre Q600 mil y Q800 mil, lo que implicaba un pago anual cercano a Q8 mil por concepto de IUSI cuando se aplicaban las tasas más altas.
A juicio de Linares, ese monto resulta desproporcionado para una familia promedio y evidencia la necesidad de revisar la forma en que se calculaba el impuesto.
Linares también señaló que otro de los problemas del sistema radica en la forma en que las municipalidades determinan el valor de los inmuebles.
Explicó que el Manual de Avalúo de Bienes Inmuebles establece que debe fijarse un justiprecio equivalente entre el 50% y el 75% del valor de mercado; sin embargo, consideró que incluso ese parámetro resulta elevado, debido a que el valor comercial representa un precio ideal que no siempre corresponde al monto real por el que puede venderse una propiedad.
Asimismo, sostuvo que los contribuyentes cuentan con pocas herramientas para impugnar los avalúos municipales, ya que la única vía es presentar recursos en la jurisdicción contencioso administrativa o acciones de inconstitucionalidad, procesos que calificó como costosos y poco accesibles para la mayoría de propietarios.
En ese sentido, consideró que una reducción general de la tasa al 3 por millar habría disminuido la carga tributaria para los propietarios, aunque también implicara una reducción en los ingresos de las municipalidades, sin llegar al extremo de eliminar el impuesto para la mayoría de inmuebles.
Linares también cuestionó la forma en que muchas municipalidades administran sus recursos y consideró que, antes de solicitar mayores transferencias del Estado, deberían revisar sus estructuras administrativas y reducir gastos que calificó como innecesarios o clientelares.
Alertó que la reducción de ingresos provenientes del IUSI podría llevar a algunas comunas a incrementar otros cobros, como el servicio de agua potable, el alumbrado público o las multas de tránsito, para compensar la disminución en su recaudación.
Finalmente, hizo un llamado a que los ciudadanos evalúen la gestión de sus autoridades municipales al momento de votar, al considerar que la administración de los recursos públicos debe convertirse en un elemento central del debate político rumbo a las próximas elecciones.
