La Dirección General de Transportes (DGT) sostiene que enfrenta una serie de presiones por parte de representantes de transportistas que buscan agilizar la entrega de tarjetas de operación, pese a que varios expedientes no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, según afirmó la directora de la institución, Pai Escobar Pérez.
De acuerdo con Escobar Pérez, los representantes de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), Humberto Gamaliel Chin Valle y Leslie Carolina Gutiérrez Juárez, mantienen denuncias ante el Ministerio Público (MP), citaciones en el Congreso y constantes visitas a la DGT mientras exigen la entrega física de una solicitud de información pública que comprende cerca de dos terabytes de documentos, pese a que la institución les ofreció entregarla en formato digital o unas 20 mil hojas, según la fuente.
El pasado 6 de julio, la Fiscalía Contra la Corrupción envió un oficio a la jefa de la DGT en el que requería información sobre la entrega de la información a través de un informe circunstanciado; así como la constancia laboral, perfil de puesto y funciones que desempeña el encargado de la Unidad de Información Pública, Pedro Pablo Chacon Cheguen; la cantidad de personas asignadas a esta dependencia; y el nombramiento de Escobar Pérez.
La funcionaria aseguró que el trasfondo del conflicto no es únicamente el acceso a la información. Según explicó, varios transportistas buscan que se emitan tarjetas de operación para unidades cuyos vehículos permanecen inscritos a nombre de particulares y no de las líneas asociativas, como exige la normativa vigente.
Escobar sostuvo que durante años la DGT permitió una «mala praxis» al autorizar trámites sin verificar el cumplimiento de este requisito, situación que, afirmó, la actual administración dejó de avalar. A su vez, señaló que el traslado de los vehículos a nombre de las asociaciones también implicaría obligaciones tributarias que, a su criterio, algunos transportistas buscan evitar.
Al respecto, Chin negó los señalamientos de la directora de la DGT. Sin embargo, explicó que con la solicitud de información buscan presentar una denuncia en contra de la entidad por la negativa a actualizar los expedientes.
SOLICITAN INFORMACIÓN
La jefa de la DGT, Pai Escobar Pérez, detalló que el 9 de marzo pasado ingresó una solicitud de información pública por parte de Humberto Gamaliel Chin Valle, presidente de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex) y Leslie Carolina Gutiérrez Juárez, en la que se requirió una “cantidad exagerada de folios”, la cual no podía ser reproducida de manera física por la falta de presupuesto.
Escobar Pérez resaltó que la información está relacionada con memorándums, facturas, contratos y demás documentos firmados por la directora, pero también buscan conocer el estado de los expedientes de las líneas asociativas.
Según explicó, el entonces jefe de la DGT, Mynor Estuardo González Henríquez inició el proceso para cumplir con la solicitud de información, por lo cual requirió papel a los solicitantes.
Tras asumir la DGT el 30 de abril pasado, Escobar Pérez identificó que no se contaban con los insumos necesarios para reproducir la información, a pesar de que existe un interés por cumplir con el requerimiento. Por ello, indicó que se informó a los representantes de los transportistas que la documentación sería presentada de manera digital a través de CDs que recopilan 2 terabytes de información.
La jefa de la entidad aseguró que los representantes de los transportistas se niegan a recibir la información de manera digital, por lo cual llegaron a la sede de la DGT a pegar gritos con adjetivos descalificativos, somatar escritorios, amenazar con denuncias ante el ente investigador.
“Las denuncias no nos sorprenden porque fue la crónica de una muerte anunciada, donde ellos ya nos habían indicado de que nos iban de denunciar y que iban a utilizar todas las instituciones, Ministerio Público (MP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y todo lo que pues se les ocurría, diciendo falsamente que se les estaba negando la información, (pero) la información se les brindará”, indicó.
Según indicó, los representantes de los transportistas han presionado para que la documentación sea impresa, certificada y con firma en cada hoja, a pesar que la DGT cuenta con firma digital. “Ya se ponen en un sentido muy exquisito de exigencias”, subrayó.
PROVOCA RETRASOS EN LA DGT, INDICA ESCOBAR
Asimismo, la directora de la DGT aseguró que se han parado operaciones para poder cumplir con la solicitud de transportistas, pero remarcó que se tratan de “cantidades kilométricas” de documentos que necesitan a un “buen grupo de personas”.
Esta paralización ha provocado citaciones en el Congreso, según Escobar Pérez, puesto que transportistas han mostrado molestias porque se ha retrasado la entrega de las renovaciones de las tarjetas de operación, e incluso una diputada solicitó la misma información a través, la cual fue entregada de forma digital.
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Según indicó, los transportistas aceptaron tácitamente recibir la información por grupos, pero han mantenido las presiones, lo cual incluye una denuncia ante el MP en contra de Escobar Pérez por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
También, destacó que uno de los solicitantes forcejeó con un empleado de la DGT, contra quien interpuso una denuncia ante el MP asegurando que lo amenazó con un arma de fuego. Por lo cual, afirmó que el personal tiene que ir a la Fiscalía y el ente investigador ha llegado a recoger evidencia para poder desvanecer la acusación.
En esta línea, señaló que ha existido un desgaste de tiempo por las denuncias en el MP y el Congreso, así como por las visitas de los representantes de los transportistas, lo cual calificó como un “abuso de las instituciones del Estado» para fines “inescrupulosos”.
Escobar Pérez resaltó que a pesar que se está entregando la penúltima parte de la información, los representantes de los transportistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Administrativos y posteriormente, otra ante la Fiscalía Contra la Corrupción en donde se señala a la jefa de la DGT por supuestamente negar la información.
La jefa de la DGT indicó que al verlo “fría y desapasionadamente” pareciera que sí se está negando la información, pero por fortuna se ha documentado la entrega parcial de información con las razones debidamente justificadas, aunque, según remarcó, continúa siendo un desgaste para la entidad.
En línea de lo anterior, remarcó que no se trata de una tardanza maliciosa, sino que es por razones operativas, puesto a que ha implicado una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y personal, que deja de atender sus actividades para resolver las solicitudes.
Agregó que incluso habló con la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en donde indicaron que la información se puede presentar digitalmente.
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SE NIEGAN A AGILIZAR PROCESOS
La directora resaltó que una de las razones por las que se han presentado estas presiones es debido a la implementación del portal de la DGT que agiliza los procesos, sin embargo, ellos han “satanizado” el tema, porque quieren que el personal de la Dirección les realice el trámite.
De acuerdo a Escobar Pérez están migrando a las plataformas digitales con la finalidad de facilitar las herramientas para los transportistas. “Entonces, esa es una situación donde hay una negativa de que ellos no quieren hacer sus solicitudes”, remarcó.
A su vez, remarcó que se está cumpliendo con la ley, pero no quieren un desgaste y abuso de las instituciones. También, cuestionó la razón por la cual estas personas tienen tanto “eco” en el MP y en el Congreso de la República.
“Yo no puedo asumir y tampoco venir y dar por sentado absolutamente nada. Yo lo que tengo que hacer es cumplir y darle las respuestas”, añadió.
BUSCAN EVITAR PAGO DE IMPUESTOS
Asimismo, la directora de la DGT explicó que antes de 2024, había una mala praxis de la ley en la DGT, lo cual se hacía “a conveniencias” o cualquier otro tipo de situación. En este tiempo, no se revisó y supervisó si los vehículos estaban a nombre de particulares y no a nombre de la asociación, con lo cual se violaba el principio de la ley.
“Y si la Contraloría General de Cuentas (CGC) no le hizo nada a esos funcionarios en el pasado, pues no es mi problema, yo tengo que resguardarme a mí mismo porque yo soy la que firmo los documentos”, indicó.
Escobar Pérez destacó que durante 33 años hubo un abandono institucional en la DGT, en donde recalcó que hubo una mala praxis de la ley.
Según indicó, estas presiones buscan que se entregue la documentación para poner a funcionar las unidades, a pesar de que no se presentó de manera correcta. Afirmó que puede entregar la tarjeta de operación, pero la documentación tiene el nombre de particulares y no de la línea asociativa.
De acuerdo a la directora de la DGT, los transportistas se quejan de que hubo cambios de criterios, pero no es así, sino que se “está cumpliendo con la ley”.
En esta línea, resaltó que los transportistas buscan evitar el pago de impuestos al pasar los vehículos a nombre de la asociación. “Entonces, al final del día, que si bien es cierto, yo no tengo que ver el cumplimiento fiscal, no es la parte que me corresponde, la parte que me establece la ley es el cumplimiento de los requisitos”, indicó.
También, recalcó que la DGT busca proteger al usuario y el derecho de la población guatemalteca a movilizarse, por lo que, recalcó que hasta que no haya un cambio en la ley, continuará requiriendo que los transportistas cumplan con la normativa.
CHIN DICE QUE BUSCAN DENUNCIA A DGT
Al respecto, el presidente de Gretucex, Gamaliel Chin, indicó que han solicitado a la DGT copias de todos los expedientes que estén bajo resguardo de la institución para que se conviertan en información pública.
“Lógicamente haciendo uso de ese derecho como mandatarios de muchas agrupaciones y personas individuales, hemos requerido copia de estos expedientes porque la Dirección de Transportes tiene un empantanamiento con respecto a renovaciones de licencias que catalogan que fueron otorgadas con un mal procedimiento”, indicó.
Según indicó, han incitado que estando en firme los documentos, su estatus es invariable, por lo que no puede aplicarse “retroactividad de enmiendas”. En esta línea, remarcó que buscan tener los instrumentos legales para interponer acciones legales en contra de la DGT y la jefa de la entidad, contra quien remarcó que podrían existir acciones penales.
A su vez, remarcó que en este gobierno, la DGT se ha caracterizado por ser errática y renuente en la entrega de información pública, ya que afirman que existen datos sensibles.
Chin remarcó que buscan que se conozca “qué hace, cómo lo hacen y quién lo está haciendo”. Ello debido a que, a su criterio, se han concluido expedientes de manera anómala. “Lo que para ellos es ‘luchar contra la corrupción’ es precisamente fomentarla”, mencionó.
ASEGURA QUE DIPUTADOS ESTÁN «FISCALIZANDO»
El representante de los transportistas descartó que hayan presionado desde el Congreso. Según indicó, solicitaron la información como personas individuales, por lo que aseguró que los diputados están “fiscalizando”.
Al mismo tiempo, Chin sostuvo que la directora de la DGT desconoce administrativamente la institución, por lo que remarcó que tiene la obligación como funcionaria pública de hacer lo que la ley le obliga y no “lo que ella quiere”.
A su vez, negó que la solicitud de información sea una medida de presión para autorizar documentación con inconsistencias. Chin remarcó que en su momento, las solicitudes fueron resueltas de acuerdo con los reglamentos vigentes.
En la misma línea, Chin aseguró que la directora de la DGT desconoce los reglamentos que han sido aprobados, por lo cual, requieren que resuelva conforme a derecho. “Que ellos sean inocuos, inexpertos y sobre todo ineptos, no significa que nosotros tengamos que cargar con esa irresponsabilidad y aceptemos cualquier arbitrariedad de parte de funcionarios”, indicó.
De la misma manera, confirmó que requieren la información de manera física, ya que la Ley de Información Pública les asiste en la forma en que se debe de presentar la documentación.
De acuerdo a Chin, la DGT busca entregar un CD, con el cual no pueden verificar que la documentación no esté manipulada o esté “a medias”, por ello, recalcó que la entidad busca evitar entregar todo lo que tienen en su archivo.
“Y hemos pedido certificado y vuelvo a decir y repito: la Constitución y sobre todo la Ley de Información Pública, así claramente, lo tiene reconocido y nosotros tenemos el derecho a pedirlo no bajo antojo, sino bajo necesidad que presentaremos en los tribunales correspondientes”, expuso.
Sobre las supuestas agresiones verbales, Chin negó el hecho. Sin embargo, sostuvo que trabajadores de la institución buscaron sacarlo de la sede con agente armada que trabaja como seguridad privada, por lo cual presentaron una denuncia ante el ente investigador.
En cuanto a la plataforma, sostuvo que la “maduración tecnológica” debe darse, pero debe ser un sistema robusto, equipos capaces, y bajo el consenso de los usuarios.
Además, remarcó que rechazan los limitantes que buscan “imponer” a partir del primero de julio, porque la DGT únicamente dio una posibilidad para hacerlo. “No tienen un sistema que pueda ser robusto y capaz de sostener nuestra necesidad”, concretó.
