El Ministerio Público (MP) aseguró que los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 15 de distintas Salas de Apelaciones sobre quienes recientemente solicitó información al Organismo Judicial no son objeto de una investigación penal, sino posibles víctimas dentro de un expediente abierto desde 2024 por amenazas y destrucción de registros informáticos.
La administración del fiscal general Gabriel García Luna explicó el alcance de las diligencias que despertaron inquietud entre integrantes del Organismo Judicial, algunos de los cuales interpretaron el requerimiento como el posible inicio de un proceso en su contra.
La Fiscalía sostiene, por el contrario, que el expediente fue iniciado durante la gestión de la ex fiscal general Consuelo Porras, sancionada por sus acciones corruptas y antidemocráticas, y que las actuaciones actuales corresponden a una investigación ya existente.
CASO INICIÓ EN 2024
Según el MP, el caso comenzó en 2024 tras la recepción de más de 50 amenazas, aunque en ese momento no fue posible establecer quiénes eran las personas a las que iban dirigidas. La institución afirma que fue únicamente después de profundizar las pesquisas cuando determinó que 17 magistrados de la CSJ y de distintas Salas de Apelaciones podrían figurar como víctimas dentro del mismo expediente.
Esa explicación busca responder a las interrogantes surgidas después de que trascendiera un oficio de la Fiscalía contra el Crimen Organizado dirigido al Consejo de la Carrera Judicial, en el que se solicitó confirmar los cargos, nombramientos y actas de toma de posesión de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 15 magistrados de Salas de Apelaciones.
Entre los nombres incluidos figuran Flor de María Gálvez y Estuardo Cárdenas, integrantes del bloque disidente dentro del pleno de la CSJ.
El ente investigador aseguró que la documentación requerida no tiene un propósito incriminatorio, sino procesal. Explicó que necesitaba acreditar documentalmente que las personas incluidas en el expediente efectivamente ejercen como magistrados, condición indispensable para reconocerlas como posibles víctimas dentro de la investigación. Asimismo, rechazó que exista alguna línea de investigación dirigida contra ellos.
«Dentro de la presente investigación no existe ningún indicio ni línea de investigación que tenga como objeto investigar a algún magistrado, ya sea de la CSJ o de las Salas de Apelaciones», respondió el Ministerio Público a este medio.
RIESGO HABRÍA DESAPARECIDO
El MP también reveló que nunca recomendó medidas especiales de seguridad para los magistrados identificados como posibles víctimas. De acuerdo con la institución, esa decisión respondió a que las amenazas dejaron de producirse después de un operativo desarrollado en noviembre de 2024.
La Fiscalía sostiene que, tras esa diligencia, el riesgo desapareció y, por esa razón, no fue necesario coordinar mecanismos de protección con otras instituciones. Añadió que la investigación se refiere a delitos relacionados con amenazas y destrucción de registros informáticos.
La institución también informó que, además de los 17 magistrados incluidos en el reciente requerimiento, otros dos funcionarios judiciales presentaron denuncias en 2024 por amenazas recibidas, las cuales aportaron elementos de prueba al expediente.
ORGANISMO JUDICIAL GUARDA SILENCIO
En busca de establecer si el Organismo Judicial conocía desde 2024 las supuestas amenazas y qué medidas adoptó para proteger a los magistrados, La Hora consultó a esa institución sobre protocolos de seguridad, evaluaciones de riesgo y esquemas de protección.
La respuesta fue escueta. El OJ indicó que, debido a que existe una investigación penal en curso, no emitiría comentarios que pudieran interferir con las diligencias del MP o afectar la independencia judicial y el debido proceso.
Respecto de las preguntas relacionadas con si cuentan con un protocolo de actuación, si ejecutaron evaluaciones de riesgo o mejoraron medidas de seguridad a los 17 magistrados, la institución respondió que esa información está catalogada como sensible y reservada conforme a la Resolución de Presidencia 01007 y al Dictamen 244-2022 del Organismo Judicial, por lo que se abstuvo de proporcionar mayores detalles.
La solicitud de información adquiere especial relevancia porque entre los magistrados incluidos aparecen Flor de María Gálvez y Estuardo Cárdenas, dos integrantes del bloque minoritario de la Corte Suprema de Justicia que en las últimas semanas han cuestionado públicamente el funcionamiento del pleno.
Cárdenas ha denunciado la existencia de reuniones previas a las sesiones oficiales —los denominados «preplenos»— en las que, según su versión, el bloque mayoritario acuerda decisiones antes de someterlas a votación. También ha criticado la creación e integración de nuevas Salas de Apelaciones, al considerar que esas decisiones debieron pasar por el Congreso de la República.
En contraste a la postura emitida, en mayo pasado, el Organismo Judicial (OJ) informó que recientemente la presidenta de dicho órgano de Estado y de la CSJ, Claudia Paredes, había sido objeto de «actos sistemáticos de intimidación, amenazas y presiones indebidas».
Un día después de la CC, OJ asegura que su presidenta también ha recibido intimidaciones y amenazas
