La batalla judicial de Eduardo Pantaleón ha entrado en su tramo final dentro de la jurisdicción ordinaria. El fiscal anticorrupción, declarado inocente en dos instancias por los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal, presentó el pasado 14 de abril sus pruebas de descargo ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de justicia del país.
La diligencia, evacuada por escrito por su defensa, sustituye su intervención en la vista pública dentro del recurso de casación promovido por el Ministerio Público (MP), que busca revertir la inocencia confirmada previamente por una Sala de Apelaciones. Se trata del último escalón dentro de la justicia penal común: tras esta resolución, la controversia solo podría trasladarse al ámbito constitucional mediante un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
El caso, sin embargo, no se limita a un pulso jurídico. Se ha convertido en un termómetro del funcionamiento del sistema de justicia guatemalteco y en un reflejo de la tensión entre fiscales que investigaron corrupción y la actual cúpula del MP que dirige la fiscal general María Consuelo Porras. Pantaleón forma parte de un centenar de personas, incluidos jueces o fiscales reconocidos a nivel internacional por su lucha anticorrupción, perseguidos por Porras.
La audiencia no siempre estuvo fijada para abril. Inicialmente, la Cámara Penal había programado la vista para el 16 de junio, una fecha que implicaba más de un año de espera desde la admisión del recurso. Sin embargo, el tribunal reprogramó la diligencia para el 14 de abril, una decisión que fue notificada días después de que Pantaleón presentara una tacha contra Porras dentro del proceso de elección en el que ella buscaba continuar en el cargo de fiscal general por un tercer periodo.
El caso ha sido interpretado por distintos sectores como una represalia vinculada a las investigaciones que Pantaleón dirigió contra funcionarios de los gobiernos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales. Su proceso se remonta al 5 de mayo de 2022, cuando fue detenido por orden del juez Jimi Bremer, posteriormente sancionado por Estados Unidos y Canadá por emitir resoluciones consideradas contrarias a los principios democráticos.
DEFENSA CORRIGE AL MP
El núcleo de la discusión ante la Cámara Penal no gira en torno a la culpabilidad o inocencia en términos amplios, sino sobre los límites del recurso de casación. La defensa de Pantaleón ha insistido en que este mecanismo extraordinario no permite reabrir la valoración de la prueba ni reconstruir los hechos, sino únicamente verificar si la sentencia impugnada incurre en errores formales o en una incorrecta aplicación de la ley.
En su alegato, el equipo legal sostiene que el recurso del MP desnaturaliza la casación al intentar convertirla en una tercera instancia. Según la defensa, la Fiscalía no demuestra defectos estructurales en la sentencia ni violaciones legales, sino que expresa su desacuerdo con la forma en que los tribunales valoraron la prueba.
La distinción es clave: mientras la apelación permite revisar aspectos más amplios del proceso, la casación está diseñada como un control limitado, centrado en la legalidad del fallo y no en su conveniencia o acierto.
DOS ABSOLUCIONES QUE SOSTIENEN LA DEFENSA
El expediente llega a la Corte Suprema con un recorrido judicial claro. En abril de 2024, el Tribunal Décimo Penal declaró inocente a Pantaleón al concluir que no existía prueba suficiente para acreditar su responsabilidad. Esa decisión fue posteriormente confirmada por la Sala Cuarta de Apelaciones, que rechazó los argumentos del MP tanto en forma como en fondo.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la acusación de que Pantaleón habría ocultado información en el caso de corrupción Libramiento de Chimaltenango. La defensa sostiene que esa hipótesis fue desvirtuada en juicio, donde testimonios clave indicaron que algunos dispositivos no fueron analizados por razones técnicas y no por una decisión deliberada.
La Sala fue categórica en varios puntos que ahora constituyen la columna vertebral de la defensa, según los alegatos a los que tuvo acceso La Hora. Algunos de estos son que no se acreditó que el exfiscal hubiera ocultado información o entorpecido la investigación, así como que persistía una duda razonable, lo cual obligaba a mantener la absolución.
Estos elementos son ahora defendidos ante la Cámara Penal como barreras jurídicas que el recurso de casación no logra superar.
Además, se insiste en que las decisiones estratégicas dentro de la investigación correspondían a fiscales de mayor jerarquía, no al auxiliar fiscal que ocupaba Pantaleón. Este argumento apunta directamente al tipo penal de incumplimiento de deberes, que exige una omisión deliberada de funciones, un extremo que —según la defensa y los fallos previos— nunca fue demostrado.
La Sala de Apelaciones también cuestionó la calidad de la acusación, calificándola de confusa e imprecisa, al mezclar antecedentes del caso con los hechos concretos atribuidos al exfiscal. Esa deficiencia, según el análisis judicial, impidió establecer con claridad cuál era la conducta supuestamente delictiva.
CASO NO ES AISLADO
El caso de Pantaleón no es aislado. Se inscribe en un contexto más amplio de acciones penales contra operadores de justicia que investigaron redes de corrupción durante los últimos gobiernos. Para organizaciones nacionales e internacionales, estos procesos forman parte de un patrón de criminalización desde la doble gestión de Porras al frente del MP.
El propio exfiscal ha denunciado que enfrenta no solo un proceso penal, sino también un bloqueo administrativo que le impide reincorporarse al MP, pese a haber sido absuelto. Desde 2022, permanece sin salario y sin posibilidad de ejercer plenamente su profesión como abogado independiente.
En cualquiera de los escenarios, la decisión no pondrá fin definitivo al litigio. La parte que se considere agraviada aún podrá acudir a la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema tendrá un peso determinante, no solo para el futuro de Pantaleón, sino para el mensaje que el sistema judicial envía sobre la independencia de sus decisiones.
Mientras tanto, el expediente avanza en los despachos de la Cámara Penal, donde los magistrados —entre ellos su presidente, Luis Mauricio Corado, sancionado por Estados Unidos, junto a René Girón, Gustavo Morales y Jenni Alvarado— deberán decidir si el recurso del MP constituye una impugnación jurídicamente válida o si, por el contrario, prolonga un caso que ya ha sido resuelto en dos instancias.
