Hijo de magistrado de la CSJ fue abogado de la principal sospechosa del crimen de Melisa Palacios y su guardaespaldas

El abogado Brian Mauricio Corado Cerón, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Corado Campos, junto a otros dos juristas ejerció la defensa legal de José Luis Marroquín y María Fernanda Bonilla, señalada como principal responsable del asesinato de Melisa Palacios, una joven originaria de Zacapa cuyo cuerpo fue hallado sin vida en 2021. El caso, aún impune, ha estado marcado por una serie de irregularidades, entre retrasos procesales, recusaciones, cambios en la tipificación penal e incluso denuncias de sobornos a un juez.

El caso avanza con lentitud. El pasado 7 de julio, la Corte Suprema resolvió trasladar el expediente judicial desde un juzgado de Chiquimula hacia la capital, a raíz de las denuncias presentadas por la madre de la víctima, quien alertó sobre múltiples irregularidades. El expediente quedó asignado al Juzgado de Mayor Riesgo C, aunque la decisión coincidió con el traslado de su titular, la jueza Silvia de León, a otro juzgado.

La Hora contactó al hijo del magistrado, quien confirmó haber ejercido como abogado defensor de los dos acusados. No obstante, sostuvo que su participación se limitó a una única audiencia, aunque no pudo precisar si se trató de la diligencia en la que junto a dos abogados —a quienes se refirió como sus amigos— se logró la reforma del delito en el Juzgado de Zacapa.

AUDIENCIA CLAVE, CAMBIO DE DELITO 

Brian Mauricio Corado Cerón, de 32 años y originario de Chiquimula, tuvo la defensa de María Fernanda Bonilla Archila y de su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle, en 2021, junto a otros dos abogados: Armando Ismael Ajín Pérez, conocido por defender en tribunales a narcotraficantes, y Luis Ranferí Díaz Menchú, defensor del ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos. Así consta en un documento oficial del caso.

El lazo de hijo y padre, de Corado Cerón y el magistrado Corado Campos, fue verificado por este medio mediante la partida de nacimiento del abogado, extendida por el Registro Nacional de las Personas (Renap). En aquel momento, su padre era magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, desde donde juzgaba la legalidad de los actos del poder público.

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso esta redacción, Corado Cerón figuró como abogado defensor acreditado en ese año durante el proceso por el crimen de Melisa. Su única participación —según subrayó— fue en la audiencia clave de todo el proceso que, el 7 de diciembre de 2021, consiguió reformar los delitos por unos menos graves para sus clientes con el aval del juez José Maximino Morales González, entonces titular del Juzgado Penal de Zacapa.

Bonilla había sido ligada a proceso por el delito de asesinato, que conlleva una pena de entre 15 y 50 años de prisión. Sin embargo, tras la audiencia, el juez accedió a recalificar el presunto delito y lo cambió por homicidio cometido en estado de emoción violenta, cuya pena oscila entre cuatro y ocho años. A Marroquín Ovalle, por su parte, se le imputó el delito de encubrimiento propio.

La resolución provocó la indignación de la familia de la víctima y de sectores sociales en Zacapa. La madre de Melissa, Anabella Chacón, se abalanzó sobre los acusados a la salida del juzgado. La Policía tuvo que intervenir. “Desde que inició la audiencia se veía el favor que el juez les iba a dar. Ya los había ligado a proceso, ¿por qué ahora les baja el delito? No sé si se vendió o si está amenazado”, declaró Chacón en un video divulgado al día siguiente.

La Fiscalía de Femicidio había argumentado que el crimen mostraba elementos de alevosía, premeditación, ensañamiento y perversidad, agravantes que desaparecieron con el cambio de figura penal. Convencidos de que la resolución del juez Morales vulneraba la legalidad, presentaron una denuncia en su contra.

El Ministerio Público solicitó entonces el retiro de inmunidad del juez por los presuntos delitos de cohecho pasivo y abuso de autoridad. Para 2022, la Corte Suprema, presidida entonces por Silvia Valdés —sancionada por el Departamento de Estado de EE. UU.—, tras agotar el proceso de antejuicio dio luz verde y autorizó la investigación.

Sin embargo, el juez Morales presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que le fue concedido en septiembre de 2023. La alta Corte, presidida en ese momento por el también magistrado sancionado Nester Vásquez Pimentel, concluyó que cualquier objeción debía ventilarse a través de las impugnaciones previstas en la ley, y no por medio de un antejuicio. 

La decisión cerró la puerta al Ministerio Público para investigar el delito de cohecho pasivo —recibir sobornos— y abuso de autoridad por los cuales fue denunciado el juez Morales.

CONFIRMA, PERO DICE HABER SIDO «OYENTE»

La Hora contactó al hijo del magistrado, quien confirmó su presencia en una de las audiencias del caso, aunque negó haber participado activamente como defensor.

“Yo únicamente acudí a esa audiencia, pueden pedir los audios, que yo creo que ya son de uso público. No comparecí, solo di acompañamiento, porque no sabíamos la magnitud del caso”, declaró al responder la llamada. “No tuve ninguna intervención, y los colegas que lo hicieron fueron muy atinados en su participación legal”, añadió.

El abogado insistió en que no intervino durante la diligencia del 7 de diciembre de 2021, fecha en que se consiguió el cambio de delito para Bonilla y su guardaespaldas. “Ninguna, ninguna. Podés pedir los audios”, respondió, y explicó que su asistencia se limitó a observar la audiencia para evaluar si asumiría formalmente la defensa.

A pesar de que su nombre consta en un documento judicial como abogado acreditado en el proceso, Corado Cerón aseguró: “Aparezco en esa audiencia, pero no tuve ninguna intervención. Únicamente fui oyente. Me apersoné por única vez”.

Consultado sobre si considera que ahora existe un conflicto de interés por haber participado en el caso mientras su padre forma parte de la Corte Suprema, respondió: “Ahí sí desconozco, amigo. Yo solo participé una vez. No tengo contacto con esas personas”.

Añadió que los otros dos abogados que actuaron en la audiencia, Armando Ajín Pérez y Luis Ranferí Díaz Menchú, son “amigos, pero no hemos llevado otro caso juntos”.

El abogado indicó que se dejó la defensa porque “tenía más trabajo en otros lugares” y no podía continuar con el acompañamiento. Sin embargo, al preguntarle si la audiencia a la que asistió fue la que logró la modificación del delito, respondió con evasivas: “Ahhg, yo no recuerdo. Mire, eso fue hace bastante tiempo y yo realmente no estaba interesado”.

EXCANDIDATO A DIPUTADO DE TODOS

Además de su carrera como abogado penalista, Brian Corado Cerón ha intentado abrirse paso en la política. En 2023 se postuló como candidato a diputado por el partido TODOS en el que milita el congresista Felipe Alejos Lorenzana, también sancionado por el gobierno estadounidense.

En sus redes sociales, el abogado se muestra activo en actividades comunitarias en Chiquimula, su departamento de origen. La primera publicación que demuestra la afinidad de Corado Cerón y el partido morado data del 22 de julio de 2022, compartió fotografías con el mensaje: “Formación y capacitación. Mi preciosa y gentil Chiquimula”.

Documentos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) muestran que su madre, esposa del magistrado Corado Campos, figura como aportante del partido TODOS. Aparece en dos reportes de ingresos dinerarios presentados por la agrupación política: uno del 28 de julio de 2022 y otro de marzo de 2023. En total, donó 5 mil quetzales a la campaña.

Pese a su militancia en TODOS, Corado Cerón también ha mostrado cercanía con Esduin Javier, conocido como Tres Kiebres, exalcalde de Ipala y actual diputado del partido Cambio —de los hijos de Manuel Baldizón—, quien ha sido señalado por sus presuntos vínculos con estructuras paralelas al poder local.

PAPÁ Y OTROS MAGISTRADOS TRASLADARON A JUEZ MORALES

El pasado 27 de junio, La Hora reveló que nueve de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron, sin mayor oposición, el nombramiento de 34 jueces de Primera Instancia durante una sesión extraordinaria celebrada en abril. Las designaciones incluyeron ascensos, traslados, asignaciones fijas y nuevas incorporaciones. El acta de esa sesión muestra la ausencia de al menos tres firmas de magistrados titulares.

Entre los togados que influyeron directamente en las decisiones figura el magistrado Corado Campos. Al menos cinco de los nombramientos respondieron a sus intereses, según la investigación. Entre ellos, el del juez Morales, el mismo que reformuló los delitos imputados a Bonilla y a su guardaespaldas, tras una solicitud planteada por el hijo del magistrado durante la audiencia.

El juzgador fue trasladado del juzgado de Zacapa al Juzgado Segundo Penal de la ciudad de Guatemala. Desde su nuevo cargo, ocupa el despacho del Juzgado A, ubicado en el segundo nivel del edificio de la Torre de Tribunales, contiguo a la sede de la Corte Suprema. En esta judicatura asumió el caso contra el periodista Jose Rubén Zamora.

Sobre lo anterior, el hijo del magistrado dijo que se trataba de un «tema muy delicado, y si usted tiene documentos que justifiquen lo que usted está diciendo, pues haga la denuncia respectiva», aunque este medio le indicó que se trataban de hechos respaldados en publicaciones.

Corado Campos fue señalado en el caso “Comisiones Paralelas 2020” por haberse reunido con el empresario Gustavo Alejos, en un intento por asegurar su inclusión en la nómina final de aspirantes a magistrado. Además, mantiene una estrecha relación profesional con la jueza Abelina Cruz, cuestionada por haber beneficiado con resoluciones de sobreseimiento a exfuncionarios y contratistas vinculados a procesos por corrupción.

La Hora buscó la postura del magistrado Corado Campos y acudió a su despacho, ubicado en el segundo nivel de la Corte Suprema. Dos trabajadoras de su vocalía informaron que el togado se encontraba ocupado y añadieron que desconocían a qué hora concluiría sus reuniones, ya que estaba atendiendo a otras personas.

LOS COLEGAS DE CORADO CERÓN

Corado Cerón participo con dos colegas antes mencionados: Armando Ismael Ajín Pérez y Luis Ranferí Díaz Menchú. Los tres abogados llegaron juntos al Juzgado de Zacapa el día de la audiencia. Según testigos que hablaron con La Hora, abandonaron el edificio por una puerta trasera para evitar enfrentamientos con familiares y vecinos de Melissa aquel 7 de diciembre.

Ajín Pérez es ampliamente conocido en el ámbito judicial guatemalteco por representar a procesados por narcotráfico, así como por su papel como comisionado en el proceso de selección de magistrados de las Cortes 2024-2029 en el que resultó electo el propio Corado Campos, padre del abogado defensor.

Según las investigaciones del caso “Comisiones Paralelas 2020”, Ajín Pérez mantenía una estrecha relación con Gustavo Alejos, señalado en múltiples casos de corrupción. La fiscalía documentó que ambos participaron en reuniones celebradas en 2019 con otros comisionados y operadores de justicia para pactar los votos a favor de ciertos aspirantes a cortes. El centro de operaciones fue un sanatorio privado en el que Alejos se encontraba internado, bajo prisión preventiva.

Por su parte, Luis Ranferí Díaz Menchú ha mantenido un perfil más discreto, pero también figuró como abogado defensor del propio Alejos.