Un juez supremo en Perú determinó que el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos, deberá cumplir una condena de hasta 4 años de prisión suspendida, luego que se le encontrara responsable del delito de encubrimiento real en el 2018, además fue señalado por frustrar o retrasar un acuerdo de colaboración eficaz y por remover a fiscales.
Chávarry, según la información, buscó perjudicar una investigación en contra de Keiko Fujimori y el caso conocido como Odebrecht.
La orden la informó el juez supremo Hugo Núñez Julca, quien dictó sentencia en el caso que dirigió la Segunda Fiscalía Suprema Penal Transitoria, según explicó en una nota el medio La República, que además añade, que una reparación civil S/100,000 a favor del Estado.
Como parte de su sentencia, el juez también ordenó diferentes limitaciones, una de ellas es que el exfiscal no salga del país, no cometa un nuevo delito doloso y que acuda personalmente cada 30 días al Juzgado Supremo y una inhabilitación de 4 años para ejercer cargos públicos.
Asimismo, “si bien la Fiscalía pidió solo tres años contra Chávarry, este cumplirá una condena de cuatro años debido a que el juez tomó en cuenta su condición de exalto funcionario”.
EXFISCAL PIDIÓ INFORMACIÓN SOBRE CASO EN RESERVA Y REMOVIÓ FISCALES
Sin embargo, en el caso de su pena, al oscilar entre los cuatro y seis años de cárcel en este nuevo marco de sanción, el juez optó por imponerle solo cuatro por su edad (70 años) que sirvió de atenuante.
En este caso, al exfiscal se le imputaron dos hechos: el primero de acuerdo a ese medio por pedir información al equipo especial sobre el acuerdo con Odebrecht, pese a que era reservado.
Y el segundo de estos, por remover el 31 de diciembre de 2018 a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez a pocos días de suscribir el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña.
HUBO RAZONES DE OBSTACULIZAR LA INVESTIGACIÓN
En ese orden, el juez dijo durante la sentencia al respecto de la separación de los fiscales, que hubo razones de obstaculizar la investigación, “y frustrar o retrasar el acuerdo de colaboración eficaz (con Odebrecht) que finalmente fue lo que ocurrió, según la declaración de los fiscales apartados”.
Por otro lado, ese medio indicó que esto coincidió con una serie de cuestionamientos en contra de Chávarry por sus vinculaciones con el caso Cuellos Blancos del Puerto y su interés por conocer los términos del acuerdo de la Fiscalía con Odebrecht.
Y que lo anterior, lo hizo en un intento por obstaculizar el avance de varias investigaciones, entre ellas, la llevada contra la lideresa del partido Fuerza Popular Keiko Fujimori.
Mientras, la separación de ambos significó una ruptura abrupta de las negociaciones con la constructora brasileña y, por ende, la imposibilidad de conocer con detalle la ruta de las coimas y responsables de Lava Jato en el Perú.
No obstante, explican que ello duró poco puesto que Chávarry se retractó y mantuvo a Vela y Pérez en el equipo especial Lava Jato, y el 11 de enero presentó su renuncia a la Fiscalía de la Nación.
PARLAMENTARIOS INSTABAN A HOSTIGAR A LOS FISCALES
Los fiscales pudieron retomar los contactos con Brasil y proseguir la investigación.
Asimismo, indican que parte de las pesquisas de la Segunda Fiscalía Suprema Penal Transitoria valoraron los chats “La Botika” de diversos parlamentarios de Fuerza Popular del período 2016-2019 en el que se instaba a hostigar al fiscal Domingo Pérez y a proteger a Pedro Chávarry de acusaciones constitucionales en el Congreso de la República.
“Tras la lectura de sentencia contra Chávarry este martes, la defensa del exfiscal, la abogada Cynthia Yanelli, anunció que apelará la resolución para que se resuelva de manera definitiva la situación de su patrocinado en una segunda instancia”, explicó La República.
RESPONSABLE DE COMETER FALTAS GRAVES CONTRA LA LEY DE CARRERA FISCAL
Como antecedente, explican que este año la Junta Nacional de Justicia, destituyó por unanimidad a Pedro Chávarry de su puesto como fiscal supremo y en consecuencia, negarle la posibilidad de reintegrar el Ministerio Público de forma permanente.
Posteriormente, en junio de este año la Junta ratificó su decisión tras escuchar la apelación de Chávarry. Se determinó entonces que Chávarry fue responsable de tres cargos y de cometer “faltas muy graves” contra la Ley de Carrera Fiscal.
En primer lugar, lo señalan de haber mentido cuando dijo que no conocía las gestiones con César Hinostroza, “para asegurar un almuerzo y llegar al cargo de fiscal de la Nación” donde intervino el empresario Antonio Camayo, también implicado en el caso Cuellos Blancos del Puerto.
“Facilitar y propiciar la extracción de bienes a la oficina de su exasesor Juan Duarte Castro” a inicios de 2019 y relacionado a la investigación del fiscal Domingo Pérez (deslacrado de oficinas). Además de haber convocado a funcionarios del Congreso al despacho del fiscal de la Nación para tomar acciones “contra el allanamiento a dichas oficinas en la Fiscalía”, menciona La República.
