La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones resolvió modificar las medidas de coerción impuestas a los implicados en el caso Botín Registro de la Propiedad y mantuvo únicamente la caución económica. Entre los beneficiados con esta resolución se encuentra José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano del expresidente, Jimmy Morales.
La magistrada Zonia de la Paz Santizo Corleto de Bocanegra dio lectura a la resolución en donde explicó que se revocaban las medidas de coerción en contra de los imputados.
“Estimamos que con base a los argumentos que han dado los abogados, pero principalmente los sindicados quienes a viva voz se manifestaron, argumentaron algunos de los problemas que están teniendo por las medidas sustitutivas que se les han impuesto en relación al trabajo y a la movilización. Determinamos procedente la revisión de las medidas de coerción”, argumentó.
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones resolvió modificar las medidas de coerción impuestas a los implicados en el caso Botín Registro de la Propiedad y mantiene en pie únicamente la caución económica.
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 7, 2021
“Se les revocan las medidas sustitutivas consistentes en, la obligación de comparecer a colocar la huella dactilar en el sistema biométrico del Ministerio Público (MP), se les revoca la prohibición de salir del país, se revoca la prohibición de concurrir a las instalaciones del Registro de la Propiedad, se les revoca la prohibición de acercarse a los peritos, testigos y coprocesados y los arrestos domiciliarios que se habían decretado a cada uno”, resaltó de la Paz Santizo.
Únicamente quedaron vigentes las sanciones económicas para garantizar su vinculación al proceso, hasta que la sentencia del Tribunal Décimo Tercero quede en firme.
APELACIÓN POR ABSOLUCIÓN SE CONOCERÁ EN 15 DÍAS
La Sala Tercera de Apelaciones conocerá en 15 días la apelación por la absolución a las 10:00 horas, en donde quedará en firme el fallo del Tribunal.
EL CASO
Según la investigación presentada por el Ministerio Público, por medio de la dirección del Registro General de la Propiedad que se encontraba a cargo de Anabella De León, se autorizaron alrededor de quince plazas fantasmas las cuales representaron una erogación de Q3 millones.
En esta misma investigación se determinó que se habían realizado pagos por servicios de banquetes por Q150 mil, pero los servicios no se habrían prestado.
