Por FRANKLIN BRICEÑO
Associated Press /LIMA
En la confrontación de los poderes del Estado peruano más fuerte de este siglo, el primer ministro y los secretarios del Gabinete se presentaron hoy en el Congreso para buscar obtener un voto de confianza el cual, de ser negado, provocará el cierre del Parlamento, lo que no sucede desde hace más de 25 años.
Anoche el presidente peruano Martín Vizcarra anunció que clausuraría el Parlamento unicameral -controlado por el opositor partido Fuerza Popular- si el Legislativo no otorga el voto de confianza que su gobierno ha solicitado para modificar la elección de jueces y elegir a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional, un órgano clave.
El Congreso quiere elegir a los magistrados durante la jornada pero el gobierno se opone a que se realice la votación debido a que los criterios para designar a los candidatos no han sido claros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha indicado que los parámetros para escoger a los aspirantes no son transparentes. Según datos oficiales, seis de los candidatos tienen denuncias fiscales por supuesta violación, secuestro, robo, extorsión, lavado de activos y corrupción.
El Presidente busca con su proyecto de ley que los candidatos tengan obligatoriamente el respaldo de alguna institución de prestigio, que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones sustentadas contra algún aspirante y que los aspirantes se presenten en una audiencia pública donde respondan preguntas sobre su trayectoria profesional y defiendan su posición en temas de relevancia jurídica. Nada de esto ha sucedido hasta el momento y los candidatos fueron elegidos a dedo por la mayoría parlamentaria.
Vizcarra -quien lanzó en julio de 2018 una cruzada anticorrupción que ha provocado el aumento del descrédito del Parlamento- dijo que si el Congreso elige a los magistrados sin tomar en cuenta su proyecto considerará que le rechazaron el voto de confianza y cerrará el Legislativo.
Según la Constitución, un presidente puede cerrar el Congreso y convocar a elecciones para elegir nuevos congresistas si el Legislativo rechaza en dos oportunidades un voto de confianza, el cual implica el respaldo al Ejecutivo en un determinado proyecto de ley. El Parlamento ya negó un voto de confianza al gobierno durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó luego de su renuncia por acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht.
El Tribunal Constitucional es la máxima instancia en asuntos constitucionales y es el órgano que ha decidido en los últimos tiempos la libertad o la prisión de políticos investigados por la fiscalía. El caso más importante que el Tribunal debe resolver es la salida de prisión de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y bajo arresto mientras es investigada por presunto lavado de dinero de Odebrecht.
El Tribunal también debe decidir si un acuerdo de colaboración eficaz entre la fiscalía y Odebrecht -que ha llevado a prisión a dos expresidentes y decenas de políticos- puede también incluir a varios parlamentarios cuyas identidades aún no se conocen y que podrían ser descubiertas en las próximas semanas en los interrogatorios que los fiscales anticorrupción someterán a exgerentes de la constructora brasileña.
Vizcarra asumió el poder en marzo de 2018 en reemplazo de Kuczynski y su mandato debería culminar en 2021.
