POR AGENCIAS/DPA
Madrid, España
El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, tendrá que comparecer de forma presencial ante la Justicia el 26 de julio para declarar como testigo en el juicio del llamado Caso Gürtel, que juzga una importante trama de corrupción que salpica a su Partido Popular (PP).
El líder de la formación no podrá declarar por videoconferencia, como había solicitado, y deberá acudir a la sede del tribunal de la Audiencia Nacional, en Madrid. Será la primera vez que un jefe del Gobierno en ejercicio declare ante un tribunal en España.
«Yo estoy a lo que dispongan los tribunales», dijo hoy el mandatario conservador desde Portugal tras conocerse la noticia.
La Audiencia Nacional considera que la importancia de su declaración hace que se demande «como opción preferente su presencia física» ante el tribunal, si bien matiza que «dada la condición del testigo se considera procedente adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su imagen institucional».
En este sentido, los magistrados del tribunal consideran que las razones ofrecidas por Rajoy para no declarar físicamente ante la Justicia «ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el tribunal».
Sostienen, además, que la seguridad del mandatario está asegurada y que no supondrá un «despliegue importante de recursos públicos», como argumentó el propio Rajoy para evitar declarar de forma presencial.
La decisión del tribunal fue adoptada con el voto en contra de su presidente, que abogaba por una declaración por videoconferencia.
El auto recuerda que Rajoy no comparecerá como jefe del Gobierno sino «como un ciudadano español en calidad de testigo» por hechos que se están juzgado «en razón a los cargos» que tenía en el PP cuando éstos sucedieron.
Desde el PP consideraron «una rareza» que Rajoy no pueda declarar por videoconferencia y aseguraron que su testificación es «absolutamente innecesaria» e «improcedente». «No tiene nada que aportar», dijo su portavoz parlamentario, Rafael Hernando.
Desde el Partido Socialista (PSOE), el más importante de la oposición en España, calificaron la decisión del tribunal de «buena noticia». «No todo iba a ser plasma», expresó en Twitter el líder de la formación, Pedro Sánchez, en alusión a la pantalla de televisión.
El «caso Gürtel» -que toma su nombre del apellido en alemán del principal acusado, Francisco Correa- gira en torno a supuestas irregularidades cometidas entre 1999 y 2005 por una red empresarial que presuntamente recibió a cambio de dinero contratos a dedo de administraciones gobernadas por el PP.
El macrojuicio arrancó en octubre y sentó a 37 personas en el banquillo. Uno de los principales acusados es Luis Bárcenas, ex tesorero del PP que denunció una financiación ilegal en la formación conservadora durante 20 años y acusó a algunos de sus dirigentes, entre ellos Rajoy, de haber recibido dinero en negro.
La acusación popular, ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), solicitó el testimonio del jefe del Ejecutivo español para que éste se pronuncie sobre la posible existencia de una supuesta «caja B» en el PP e informe sobre la financiación de campañas electorales que se investigan en la causa.
La Audiencia Nacional admitió el pasado abril la prueba en contra de la postura de la Fiscalía, la abogacía del Estado y el propio PP.
