Ciudad de México
DPA
La familia de la activista indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo, denunció hoy que las autoridades de Honduras le impiden conocer el expediente y exigieron nuevamente que una comisión internacional independiente investigue el caso.
«Tememos que este crimen vaya a quedar en la impunidad», dijo en una conferencia de prensa en Ciudad de México Berta Zúñiga, hija de la luchadora ambientalista que se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica en un río sagrado del pueblo lenca.
Cáceres, de 45 años y madre de cuatro hijos, coordinaba el Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y fue asesinada por personas armadas en su casa la madrugada del 3 de marzo en la población de La Esperanza, en el oeste de Honduras.
Zúñiga y el activista mexicano Gustavo Castro, único testigo y sobreviviente del ataque, pidieron, en su primera comparecencia juntos, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instituyera un grupo independiente de expertos para garantizar un proceso transparente e imparcial.
Y aunque han sido detenidas varias personas, señaló, entre ellas el jefe de seguridad de la empresa constructora DESA y un mayor de las Fuerzas Armadas, «no se está agotando (la búsqueda) de la autoría intelectual».
El abogado de la familia, Víctor Fernández, indicó que se les ha negado «la posibilidad de participar activamente en el proceso» y conocer los avances de las investigaciones.
Según afirmó, las autoridades se han apropiado del caso por supuestos vínculos institucionales entre el Estado y la empresa DESA, a la cual la familia responsabiliza del asesinato.
«El hecho de aislar a las víctimas es una decisión política del gobierno de Honduras», dijo.
Para el abogado, los resultados de las investigaciones son limitados, ya que sólo han sido detenidas personas de segundo o tercer nivel de DESA, e indicó que se debe ir más allá para investigar una «estructura de muerte montada por las empresas» contra los activistas ambientales.
Castro, que dirige la organización mexicana Otros Mundos Chiapas y resultó herido en el atentado, anunció que se incorporará al caso como parte acusadora en su calidad de víctima.
El asesinato de Cáceres, una reconocida activista que ganó el Premio Ambiental Goldman 2015 por su labor, generó fuertes condenas de la comunidad internacional.
La indígena se oponía a proyectos mineros y energéticos en tierras lencas, en particular a la construcción de la represa de Agua Zarca por parte de DESA, y había recibido numerosas amenazas de muerte.
