SAO PAULO
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La presidenta brasileña Dilma Rousseff enfrentará un juicio político y se encuentra suspendida del cargo por votación del Senado. La opinión pública está indignada por una profunda recesión económica y un escándalo de sobornos por contratos en la petrolera estatal Petrobras. El proceso contra Rousseff no tiene relación con eso.
¿DE QUE SE ACUSA A ROUSSEFF?

Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales al trasladar fondos oficiales a fines distintos a los asignados antes de su campaña de reelección de 2014. Los partidos opositores sostienen que las maniobras contables le permitieron elevar el gasto público para obtener votos. Rousseff niega haber cometido delito alguno y asegura que no hizo nada que no hicieran gobiernos anteriores. Afirma que no se le acusa de un delito, lo cual debería ser la base de un juicio político.

¿CUAL ES EL PRIMER PASO DE UN JUICIO POLÍTICO?

Una comisión especial de la Cámara de Diputados decidió por 38 votos contra 27 que el pedido de juicio político tenía mérito legal y lo envió a la Cámara de Diputados en pleno. Con el trasfondo de los escándalos de corrupción, observadores consultados dicen que 37 miembros de ese panel enfrentan cargos por una amplia gama de presuntos delitos. La comisión especial incluye a muchos opositores.

El mes pasado, la Cámara de Diputados votó 367 votos a favor y 137 en contra para enviar el proceso al Senado. La abrumadora mayoría le dio un impulso al proceso de impeachment.

¿CUÁL ES EL PASO SIGUIENTE?

El vicepresidente, Michel Temer, asume la presidencia El Senado tiene plazo de 180 días para realizar el juicio político y votar si destituye a Rousseff definitivamente del cargo. Si eso sucede, Temer tendría que terminar el período para el que fue elegido la mandataria, y que concluye el 31 de diciembre de 2018.

¿ALGO PODRÍA DETENER ESTE PROCESO?

El gobierno y los partidos de oposición han interpuesto apelaciones en altos tribunales de justicia del país sobre varios aspectos del proceso. Así que existe la posibilidad de que una corte, o incluso los propios magistrados o un juez por su cuenta, puedan intervenir en el mismo. Los aliados del gobierno han buscado maneras de bloquear la votación de la medida de suspensión a último minuto o para retrasar la votación.

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