Por BRAD BROOKS,
RIO DE JANEIRO
Agencia AP
La policía federal de Brasil allanó la madrugada de este martes los hogares y viviendas de altas figuras políticas en medio de un caso masivo de corrupción. Uno de los involucrados fue el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien este mes inició el proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
Cunha es un adversario encarnizado de Rousseff y enfrenta cargos federales de corrupción acusado de haber aceptado al menos 5 millones de dólares en sobornos vinculados con un escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras.
Como titular de la cámara baja, Cunha tenía la prerrogativa de permitir el inicio del proceso de juicio político contra la presidenta, cuyo gobierno es acusado de irregularidades fiscales como utilizar fondos de bancos estatales para cubrir brechas en el presupuesto.
Cunha, quien niega toda irregularidad, dijo que los millones de dólares que los investigadores hallaron en cuentas bancarias suizas vinculadas con él provienen de negociaciones comerciales.
Durante las redadas, la policía confiscó teléfonos, computadoras, documentos y otros elementos, aunque no practicó arrestos. También fueron allanadas las residencias u oficinas de dos ministros del gobierno y un senador, todos miembros del Partido Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, de Cunha, que ha sido el miembro más fuerte de la coalición del Partido de los Trabajadores en el gobierno desde que asumió la presidencia en 2003, pero que está dividido en facciones a favor y en contra de la presidenta. El vicepresidente de Rousseff es el titular del PMDB y, de ser sometida la presidenta a juicio político, probablemente asumiría la presidencia.
El futuro de Cunha como titular de la cámara baja será determinado por un comité de ética de ese organismo.
Mientras tanto, la Corte Suprema podría dictaminar esta semana sobre la legalidad de cómo se formó en la Cámara de Diputados un comité especial para el juicio político. Por decreto de Cunha, se creó sin ningún debate y por votación secreta, y por ahora la mayoría de sus miembros favorecen enjuiciar a Rousseff.
Si dicho comité aprueba el juicio político, entonces sería sometido a una votación en pleno. De ser aprobado por dos tercios de los diputados, Rousseff sería removida del cargo hasta durante seis meses mientras el Senado decide si debe ser removida permanentemente, lo que también requeriría la aprobación de dos tercios de los senadores.
Sin embargo el presidente del Senado, Renan Calheiros, aliado de Rousseff y miembro del PMBD, ha introducido una moción ante la Corte Suprema en la que sostiene que el Senado debe aprobar aun la remoción temporal de la presidenta si la propuesta de juicio político es aprobada por la cámara baja.
