Arrestos y violaciones de derechos humanos a críticos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua han sido el preámbulo a las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre, según un informe de la organización Human Rights Watch (HRW). El mismo resalta que es una estrategia gubernamental para “eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega”.
De acuerdo con HRW, del 2 al 20 de junio, las autoridades nicaragüenses detuvieron e iniciaron procesos penales contra cinco precandidatos presidenciales de la oposición, así también contra nueve reconocidos críticos del gobierno.
“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Además, en el estudio realizado; entrevistaron por teléfono a 53 personas, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos victimas de hostigamiento y detenciones arbitrarias.
Señala que muchas víctimas manifestaron la limitación a actividades cotidianas como visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas o actividades políticas. Además, documenta tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención.
El 14 de mayo, HRW solicitó información a las autoridades nicaragüenses sobre el estado de las investigaciones en estos casos, pero no ha recibido una respuesta.
Asimismo, destaca que las organizaciones nicaragüenses de DDHH reportan que 124 personas percibidas como críticas seguían detenidas arbitrariamente hasta este mes. “La mayoría había estado encarcelada por más de un año”, refiere.
En ese sentido, Vivanco señaló como necesario que “se redoble la presión internacional”, ante la represión brutal contra críticos y miembros de la oposición de Ortega.
“Apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el Secretario General potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad. Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora, antes de que sea muy tarde”, puntualizó.
“ABUSOS” SE HAN CONDENADO EN VARIAS OCASIONES
Según HRW, la última reunión del Consejo de Seguridad sobre la alarmante situación de derechos humanos en Nicaragua fue en septiembre de 2018, a petición de Estados Unidos. En tal reunión, la organización exhortó a los países miembros de la ONU a que presionaran a Nicaragua del cese de la represión de manifestantes, así también que disolviera “los grupos armados partidarios del gobierno y juzgara a los responsables de violaciones de derechos humanos”.
Asimismo, destaca que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha condenado los abusos de Nicaragua en reiteradas ocasiones.
También se señala que, en marzo, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución que insta al gobierno a que “derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos”.
DICTADURA DE ORTEGA
De acuerdo con el informe, el presidente Ortega ha estado en el poder desde 2007. En 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que le permitió ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato consecutivo. Mientras que, en 2014, fue aprobada una reforma constitucional con la cual derogó límites presidenciales, permitiendo que se volviera a postular en 2016.
“Su gobierno ejerce pleno control sobre todos los poderes del Estado, incluyendo el poder judicial y el Consejo Supremo Electoral. Ortega ha recurrido a la represión desde hace tiempo para permanecer en el poder. El presidente Ortega también ha usado su mayoría en la Asamblea Nacional para aprobar una serie de modificaciones electorales que impiden que candidatos opositores participen en las elecciones”, asegura.
