El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo que declara conflicto armando interno como consecuencia de la crisis de seguridad que atraviesa el país sudamericano.
En una nota publicada en su cuenta X, Noboa afirma haber identificado a los grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
Además, señala como responsables de la situación actual de Ecuador a los grupos denominados Águilas, Águilas Killer, AK47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los P.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Triguerones.
Como consecuencia, Noboa ha ordenado a las Fueras Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos.
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📌¿Masivo foco de corrupción?
En 2023 se adjudicaron Q1,251 millones en "Caminos rurales"https://t.co/OHyJe93Q7L pic.twitter.com/T55ahqRI2y— Diario La Hora (@lahoragt) January 9, 2024
CAPTURAS
También, Noboa informó que unidades policiales de Ecuador realizaron las primeras capturas relacionadas a la incursión a TC Televisión en Guayaquil, Ecuador.
Aunado a ello, en el Decreto Ejecutivo, dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales.
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ORIGEN
Lo acontecido en Ecuador es consecuencia al estado de excepción declarado por el presidente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 110 de 8 de eneto de 2024.
El estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días y establece la movilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para controlar las alteraciones del orden.
Además, con esta disposición se declara toque de queda para limitar las reuniones y acciones que puedan atentar contra el orden público, se restringe la libertad de tránsito todos los días desde las 11:00 pm hasta las 5:00 am.
La única excepción a esta normativa es para los sectores de servicios básicos, atención de salud, sectores económicos neurálgicos y estratégicos para la producción del país, periodistas, entre otros.
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