Un juez federal falló el jueves que el gobierno de Estados Unidos debe dejar de utilizar una orden de salud pública para expulsar rápidamente a los migrantes con niños que son detenidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez de distrito Emmet Sullivan dio al gobierno dos semanas para detener una práctica que, según los opositores, es innecesaria y se basa indebidamente en la amenaza que representa el COVID-19 para privar a las personas de su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.
Sullivan concedió un interdicto preliminar en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a nombre de las familias migrantes, y dijo que era probable que tuvieran éxito en su impugnación al uso de la ley de salud pública conocida como Título 42.
«El presidente Biden debería haber puesto fin a esta política cruel y sin ley hace tiempo, y el tribunal ha hecho bien en rechazarla hoy», dijo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
El gobierno de Biden estaba evaluando el fallo y no tenía comentarios inmediatos sobre si piensa apelar.
