La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, al responder a preguntas formuladas por La Hora tras haber tenido conocimiento de un audio en el que a quien solicita un cargo en el Organismo Judicial se le pide dinero, o que acredite el respaldo de un político importante o del Sindicato, declaró que respecto a la posible venta de plazas, únicamente recibieron una denuncia este año, misma que fue tramitada como corresponde y que -como también corresponde- terminó siendo desestimada por “falta de pruebas”.
Si sabemos cómo opera nuestro sistema de justicia debemos comprender que la gente prefiera no realizar denuncias porque ya se conoce el trámite que se da a las mismas. Cualquier tipo de denuncia que ponga en evidencia las mañas del sistema serán engavetadas y si no que lo diga la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos que acumuló varias ante el Ministerio Público sin que sirvieran absolutamente para nada. Era obvio que Consuelo Porras las iba a enterrar porque era su misión principal como Fiscal General de la República, pero llegó un nuevo Fiscal y el tiempo pasa sin que la institución muestre el temple y el carácter que hace falta, evidenciando que la raíz del mal es mucho más profunda de lo que todos hemos pensado.
El ciudadano que se siente afectado por algún abuso de poder denuncia cuando tiene la confianza de que el sistema actuará en defensa del derecho; si, por el contrario, sabemos que el sistema está para proteger a los más sinvergüenzas, de cualquier nivel en el sistema público, es obvio que denunciar termina siendo pecar de ingenuo o, peor aún, y perdón por la dura expresión, caer de idiota pensando que, al fin, el Estado hará que prevalezca el imperio de la ley para terminar con las mafias que se han adueñado, no solo de la justicia, sino de todo lo que tiene que ver con la administración pública.
Cuando alguien, ingenuamente, cree que vale la pena hacer una denuncia termina viendo que la misma sufre ese trámite que de forma detallada explicó la Presidenta del Organismo Judicial, es decir, se traslada a las autoridades “competentes” que la deben analizar para luego coincidir, como siempre pasa, en que las pruebas no existieron o fueron insuficientes.
El ciudadano que se siente afectado por la violación de su derecho, en este caso al trabajo, no tiene más remedio que resignarse porque si no accede a soltar la mordida no tendrá el empleo, mismo que jamás va a obtener si tiene la “osadía” de hacer una denuncia formal. Si la estructura legal está podrida, no podemos pretender que la solución sea recurrir a ella.
