Tras la revelación de La Hora sobre un mecanismo de venta de plazas y ascensos dentro del Organismo Judicial, sustentada en una llamada telefónica a la que se tuvo acceso mediante fuentes que pidieron no ser citadas y los testimonios de 15 trabajadores y funcionarios judiciales, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), Claudia Paredes, reconoció que este año sí llegó a la institución una denuncia relacionada con un supuesto cobro de dinero a cambio de obtener una plaza.
En la llamada revelada por este medio, una trabajadora vinculada con Recursos Humanos pregunta a un aspirante si cuenta con “cuello político” o si ingresaría por medio del sindicato. Luego le explica que, para obtener una plaza presupuestada, tendría que entregar parte del dinero de inmediato y otra cantidad después de recibir su primer salario. También menciona la posibilidad de conseguir una propuesta de un político o diputado y afirma: “Así han entrado muchos”.
Ante estos señalamientos, La Hora consultó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Claudia Paredes, sobre el supuesto cobro de dinero para ingresar, ascender u obtener plazas y sobre la posible intervención de diputados o del sindicato para favorecer a determinadas personas.
Paredes negó tener conocimiento de una práctica de ese tipo. “No he recibido, ni solicitado, ni he tenido conocimiento de denuncias, comunicaciones o documentación que contengan elementos objetivos, materiales y verificables sobre la realización de pagos a cambio del nombramiento o ascenso de trabajadores dentro del Organismo Judicial”, respondió.
Pero en su respuesta la presidenta reconoció que durante este año sí llegó al Organismo Judicial una denuncia relacionada con un supuesto cobro de dinero para obtener una plaza.
UNA DENUNCIA QUE DESESTIMÓ EL PROPIO SISTEMA
“Se tiene conocimiento de una denuncia presentada por una persona particular, relacionada con una presunta solicitud de dinero a cambio del otorgamiento de una plaza”, señaló.
La denuncia, explicó Paredes, fue presentada contra “un empleado del área de mantenimiento de un Juzgado de Paz del interior de la República”. El caso fue trasladado a la Unidad de Régimen Disciplinario, que “le dio el trámite legalmente establecido y rindió el informe de investigación respectivo en el mes de abril del año en curso”.
La investigación terminó sin establecer responsabilidad. “Sustanciado el procedimiento, la parte denunciante no aportó medio de prueba alguno ni acreditó los extremos de su denuncia”, respondió la presidenta. Por ello, la Unidad de Régimen Disciplinario “la desestimó”, una decisión que quedó firme al no ser impugnada.
El trabajador denunciado tampoco continúa en el Organismo Judicial. Paredes indicó que “presentó su renuncia al cargo, habiendo finalizado su relación laboral con el Organismo Judicial el seis de abril de dos mil veintiséis”.
PAREDES DISTINGUE ENTRE SEÑALAMIENTOS Y DENUNCIAS
La presidenta también marcó distancia entre los testimonios y señalamientos, como los que consignó la investigación de La Hora, sobre la venta de plazas y una denuncia presentada formalmente ante el Organismo Judicial.
“Los señalamientos difundidos públicamente constituyen referencias que pueden ser objeto de verificación, pero no equivalen jurídicamente a una denuncia formal ni acreditan, por sí solos, la existencia del hecho señalado”, sostuvo.
Según Paredes, para que una posible irregularidad pueda producir efectos dentro de un procedimiento debe ser presentada ante la autoridad correspondiente. “La recepción de una denuncia formal genera el deber institucional de registrarla, determinar la competencia, preservar los elementos de convicción y trasladarla a la instancia administrativa, disciplinaria o penal correspondiente”, explicó.
RESPONDE POR DOS MAGISTRADOS
Paredes también fue consultada por los señalamientos de fuentes vinculadas con Recursos Humanos que atribuyen a los magistrados Luis Mauricio Corado Campos y Clemen Vanessa Juárez Midence incidencia en la gestión de plazas y en la Unidad de Dotación.
La presidenta dijo desconocer el origen de esos señalamientos. “Desconozco las fuentes a las que se hace referencia y el contexto en el que habrían formulado esos señalamientos”, respondió.
Añadió que “tampoco tengo constancia de que dichas personas hayan presentado una denuncia formal ante la autoridad competente”.
Paredes pidió distinguir entre las funciones institucionales que puede ejercer un magistrado y una eventual intervención ilegal. “Debe distinguirse entre la participación institucional que legítimamente pueda corresponder a una autoridad, dentro del ámbito de sus atribuciones, y una supuesta injerencia contraria a la ley”, señaló.
Juárez negó a La Hora tener injerencia en la Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación y rechazó haber solicitado, recibido o conocido de pagos por nombramientos o ascensos. Corado no respondió a las consultas enviadas por este medio.
EL SISTEMA QUE, SEGÚN PAREDES, DEBE REGIR
Frente a los señalamientos sobre pagos, padrinazgos políticos o recomendaciones sindicales, la presidenta defendió los procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial.
“La competencia para efectuar nombramientos corresponde exclusivamente a la autoridad nominadora legalmente determinada”, afirmó. Según explicó, los procesos de ingreso, contratación, nombramiento y ascenso deben basarse en los perfiles establecidos y en los procedimientos de evaluación, oposición y calificación.
“El cumplimiento de tales requisitos es concurrente, obligatorio y no susceptible de dispensa”, respondió.
Paredes también sostuvo que “cualquier recomendación, gestión, influencia o intervención externa” no puede sustituir el procedimiento técnico ni vincular la decisión de la autoridad nominadora.
La presidenta enumeró entre los mecanismos de protección los concursos de oposición, el registro de elegibles, los concursos para ascensos y las prohibiciones contra el padrinazgo y el nepotismo. “La ley establece que los nombramientos se otorgan únicamente sobre la base de la preparación, experiencia, capacidad y probidad de los postulantes”, sostuvo.
La postura de Paredes establece así una diferencia entre las reglas formales que deben regir la contratación y los testimonios recogidos por La Hora sobre cómo, según las fuentes, podrían negociarse plazas dentro del Organismo Judicial.
Por ahora, la presidenta reconoce un solo antecedente formal durante este año: una denuncia por supuesto cobro de dinero a cambio de una plaza que fue investigada y desestimada por falta de pruebas. La llamada obtenida por La Hora y los testimonios de trabajadores, en cambio, describen otros ofrecimientos que apuntan a un mecanismo en el que aparecen dinero, padrinos políticos y el sindicato.
