La historia gubernamental de Guatemala se puede resumir en que todos los gobiernos simplemente se dedican a heredar al que viene una mayor cantidad de problemas sin haberse preocupado por realmente resolver la grave situación del país; sabemos que no es fácil, pero cada clavo que surge se explica simplemente diciendo que es un asunto heredado del régimen anterior, pero es tan grande el reto y el día a día consume tanto en los mejores casos, que poco hacemos para resolver los problemas de raíz. Los gobiernos anteriores seguían los vicios para hacer negocio, aquí, por el momento parece no ser el caso, pero no se están proponiendo las duras e incluso incómodas medidas para resolver esto.
El régimen del presidente Arévalo, el primero electo por un electorado consciente y harto de la terrible situación -que votó en busca de un cambio- no logra salir de ese viejo patrón y a poco menos de año y medio de entregar el poder no ha logrado destrabar los nudos, por ejemplo, que las obras mal ejecutadas o basadas solo en negocio y no en obra, puedan ser recuperadas al tiempo que el incumplido rinda cuentas ante la justicia.
Cierto es que durante casi todo este tiempo existió el tremendo freno impuesto por un Ministerio Público que no solo trató de anular las elecciones sino que mantuvo a Arévalo bajo la constante presión de plantearle antejuicios, agravando con ello la falta de determinación que ha sido notoria durante estos últimos tiempos. Sin embargo, tras el cambio en el Ministerio Público se esperaba que vendría una nueva etapa de lucha por enderezar las cosas, pero los días van pasando y no vemos ese necesario aire con remolino que pueda marcar la diferencia.
Por supuesto que seguimos con un Sistema de Justicia totalmente controlado por las mafias y no digamos lo que pasa con el Poder Legislativo, pero ya debiera haber al menos algunas investigaciones en marcha para demostrar las condiciones existentes y el gobierno debería establecer una línea de comunicación con la ciudadanía para detallar hasta dónde se ha llevado al país por ese bien diseñado plan pro corrupción y pro impunidad. Con esas explicaciones se podría trabajar con la sociedad civil para que se convierta en un instrumento de cambio, pero sin que las autoridades marquen una ruta distinta, la gente se vuelve a resignar pensando que no tenemos salida.
Viendo el panorama electoral que ya se puede vislumbrar, no hay mucho que aliente esperanzas de cambio significativo porque todo vuelve a girar alrededor de lo que viene siendo nuestra desgracia prácticamente desde que entró en vigor la actual Constitución en 1985. Cada gobierno es peor que el anterior (y eso que el primero no fue una maravilla que se diga) y las cosas se complican porque el Estado, abrumadoramente, está al servicio de los negocios que hacen políticos y contratistas, abandonando totalmente la promoción del bien común.
A Arévalo le correspondía destapar esa podredumbre y explicar a la población lo que encontró para que juntos, gobierno y sociedad civil, emprendiéramos una ruta distinta. No se hizo por lo que significaba Consuelo Porras, pero ahora el tiempo se esfuma y pareciera que simplemente se va a pasar otra vez la estafeta.
