Ayer empezamos a publicar una serie de trabajos relacionados con el descalabro de la infraestructura nacional haciendo énfasis en los “proyectos” que han sido contratados y por los que se pagaron ya multimillonarias cifras pero que no avanzan, manteniendo ese calvario que es para la población la dificultad que sufrimos todos los guatemaltecos para desplazarnos de un lugar a otro. Nuestros periodistas viajaron a varios de los lugares en los que se supone deberían estarse ejecutando trabajos que fueron contratados en época electoral durante el gobierno de Giammattei y Martínez, pero que están estancados pese a las cantidades de dinero que el Estado ha pagado ya a los contratistas, montos pagados incluso durante este Gobierno.
Muchas de esas obras se ofrecieron e “iniciaron” en plena campaña, lo que hace suponer que fueron planes para atraer votos a favor del oficialismo. Pero en la práctica no fue únicamente el tema electoral lo que importaba sino es obvio que atrás de todo esto hay jugosos negocios que benefician tanto a los constructores como a los políticos que los contratan y que les desembolsan millones sin que ese dinero se traduzca en algún beneficio para el país. Si el Estado hace desembolsos los mismos tienen que darse con base en los avances de la obra, pero pagar sin que se haga nada es un burdo crimen de corrupción que, por supuesto, en Guatemala no se investiga como debiera ser.
Recomendamos a los lectores leer la serie de trabajos que se irá publicando para detallar cada uno de esos nueve proyectos inconclusos que han costado millones a los guatemaltecos y que están estancados sin que nadie mueva un dedo. El caso de Sayaxché es emblemático. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el gobierno de Bernardo Arévalo no solo ha pagado algunos de esos contratos sin que haya muchos avances, si no que no ha presentado las propuestas de ley para recuperar los tramos y contratos con vicios. Sabemos que en Guatemala solo denunciar no basta porque eso judicializa el tramo y durante 8 años supimos que no se investigaban los amaños, por eso, se necesitan leyes y vehículos legales para recuperar los tramos y en paralelo, hacer que con los funcionarios y contratistas rindan las cuentas. Seguir la ruta del dinero es vital.
Ya sabemos que la mafia de la corrupción sabe hacer las cosas y sin duda los contratos firmados por la gente de Giammattei permitían los pagos sin que respondan a obra física, pero es ya momento de ponerle fin a esos vicios si pretendemos salir del atasco en el que nos metieron los ladrones.
Se debe investigar penalmente a los contratistas y a quienes les han estado pagando millones porque no puede ser que mientras el país se estanca por la deficiente infraestructura vial que tenemos, se sigan pagando millones que no responden a obra ejecutada. Si el Micivi actual no logra hacer mucho para resolver el caso, el nuevo MP tiene que actuar para sentar precedentes que acaben con esos vicios. Y los ciudadanos tenemos que demandar enérgicamente acciones porque no podemos seguir sufriendo esos terribles efectos de la corrupción. Recomendamos leer toda la serie producto de un recorrido de más de 1,300 km y que describe tales mamarrachos.
