Los enormes retos que tiene el sistema portuario de Guatemala debe ser un asunto de interés de todos los ciudadanos y que debe abordarse con criterio técnico para empezar a agilizar esa pieza fundamental del abastecimiento del país y para facilitar la exportación de productos. Durante décadas los puertos del país han sido objeto de negocios por oscuros personajes que han permanecido en plena impunidad.
La aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional es un paso significativo para empezar a modificar el modelo actual y está en manos del Congreso su aprobación, aunque ya empiezan a aflorar intereses que amenazan con tratar de que la nueva ley perpetúe los vicios del pasado en cuanto a la toma de decisiones.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior emitió un dictamen a favor de que el Directorio del Sistema Portuario lo conformen los ministros de Comunicaciones, Economía y Gobernación y representantes de los usuarios de los puertos y de la Superintendencia de Administración Tributaria, lo cual parece lógico pues los puertos tienen mucho que ver con los temas a cargo de esos ministerios y de la SAT, lo que se complementa con la participación de un representante de los usuarios que importan o exportan y necesitan disponer de puertos ágiles y eficaces.
Según lo que trascendió, hay bancadas interesadas en que se elimine la presencia de la entidad recaudadora de impuestos, la SAT, y que en su lugar sea colocado un representante del Congreso de la República, lo que según algunas fuentes es resultado de que hay interés por hacer que un diputado pueda ser parte de la comisión y se habla ya hasta de posibles candidatos que no tienen ninguna experiencia en el crucial tema para el desarrollo del país, su abastecimiento y la capacidad de exportar productos y esa actitud genera confrontación que puede impedir que a emita la ley.
Aún si tuviéramos un Congreso con garantía de honestidad y compromiso con los temas de país no habría razón para que un designado del Congreso esté representado en una entidad que debe ser totalmente técnica. Peor sería, desde luego, que un Congreso que se caracteriza por darle la espalda a los temas de país porque los mueven puros intereses personales y centran su interés en asuntos como los fondos para los famosos consejos de desarrollo (que no generan ningún desarrollo), termine colocando a uno de sus miembros en un cuerpo que debe ser fundamentalmente técnico.
El interés que los ciudadanos tenemos en cambiar el sistema portuario no es el mismo interés que vienen desde hace años mostrando los políticos, muchos de los cuales se han beneficiado con algunos multimillonarios contratos que, pese a su exorbitante costo, no se tradujeron en ampliación y agilización de los puertos.
Repetimos que urgen mejorar el sistema portuario pero ello debe hacerse con criterios técnicos y no con el criterio de los voraces que son causantes del descalabro actual.
