Desde hace muchos años, el tema de los puertos en Guatemala se ha centrado más en los negocios que en ofrecer a importadores y exportadores un buen servicio, lo que se traduce en un permanente y costoso daño para la población en general, puesto que, como se ha publicado tantas veces, las filas de barcos esperando para atracar crecen cada día sin solución a la vista. Este año la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) intentó comprar cuatro grúas indispensables para agilizar, modernizar y mejorar el servicio a los usuarios, pero por una disposición judicial esa adquisición quedó suspendida y, conociendo la “agilidad” del sistema de justicia cuando a ciertos demandantes les interesa entrampar las cosas, sabrá Dios cuándo se podrá concretar tal adquisición.
Todo resulta del embargo decretado en marzo de este año por el juez Julio César Vásquez Xol, quien inmovilizó los fondos de la portuaria, haciendo imposible la adquisición de ese equipo que los expertos consideran como urgente para resolver el problema de la incapacidad del Puerto para agilizar sus operaciones. El solicitante del embargo fue el representante legal de la empresa Equipos del Puerto S.A., Luis Pedro Chang Figueroa, quien alega que desde hace años la portuaria ha incumplido obligaciones financieras con su empresa, extremo que es seriamente cuestionado por EMPORNAC puesto que sostienen que, a pesar de haber solicitado detalles de esas supuestas obligaciones, nunca fueron proporcionadas.
Un litigio dentro de un correcto estado de derecho haría que la demanda de la empresa señalada fuera tramitada conforme a la ley y que se verificara, de entrada, la veracidad de los hechos y los perjuicios que pudieron haberse causado; sin embargo, en este caso se recurrió a un embargo de los fondos de la Portuaria, antes de que se probara la existencia de las obligaciones argumentadas, y ello termina siendo un terrible daño no solo para Puerto Santo Tomás de Castilla, sino, sobre todo, para la población que sufre las consecuencias económicas de nuestro deficiente sistema portuario.
Obviamente, todos tienen derecho a plantear los reclamos que consideren pertinentes y los tribunales tendrían que resolver conforme a derecho para establecer la validez de los mismos y condenar al pago que pudiera corresponder. Pero frenar una adquisición que es indispensable termina siendo un abuso de autoridad de los tribunales que deben administrar justicia con absoluto apego a la ley. El embargo “preventivo” de los fondos de la portuaria tiene consecuencias tremendas y habría que investigar no solo la validez del reclamo sino también lo que pueda haber detrás de esa maniobra y por qué un juzgador acepta la petición de embargo sin validar el fundamento de la demanda.
