Hay figuras que tienen que pasar a la historia por su desempeño en el ejercicio de funciones públicas. Consuelo Porras ya tiene un sitio especial en esa historia porque demostró que, más allá del sentido de la justicia y el derecho, ella honra los compromisos personales adquiridos para proteger a quienes la designaron para el cargo de Fiscal General, impidiendo burdamente la investigación de cualquier denuncia en contra de Jimmy Morales o de Alejandro Giammattei y su Jefe de Jefes por los abundantes casos de corrupción evidenciados.
Uno pensaría que un magistrado que tiene que conocer un Amparo en el que está involucrado quien lo nombró, tendría que excusarse por elemental sentido de la ética y decencia, pero resulta que ahora que la Corte de Constitucionalidad tendrá que conocer una apelación contra el fallo que rechazó un amparo en contra de la designación de Walter Mazariegos como Rector de la USAC, “le tocó” a la magistrada Julia Marisol Rivera Aguilar ser ponente de la resolución que deba emitir el alto tribunal.
Rivera Aguilar está en la CC porque fue designada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, órgano que está presidido y literalmente dirigido por Walter Mazarigos. En otras palabras, la magistrada está allí gracias a su relación con el Rector. Sin duda, el precedente sentado por Consuelo Porras, tras haber sido designada para el ejercicio de una función pública por los dos últimos expresidentes, se va a repetir porque Marisol Rivera antepondrá su lealtad y agradecimiento a Mazariegos a cualquier consideración del espíritu del derecho y del régimen de legalidad.
La cooptación del sistema de justicia ha alcanzado niveles sin precedente para convertirlo en escudo de impunidad para quienes violan la ley y forman parte de las mafias. Antaño, cuando a un juez o magistrado le tocaba conocer un caso en el que, aunque fuera remotamente, pudiera existir o pareciera haber un interés personal, por decencia y ética se excusaban para que no quedara la menor duda de su compromiso con la legalidad y la justicia o, como mínimo, para taparle el ojo al macho, como se suele decir.
El caso de Mazariegos es un fraude tan burdo y descarado como los que se hicieron de 1974 a 1982 en la elección presidencial para revertir la voluntad popular. Y le fue tan bien con la sucia maniobra que con todo descaro y desfachatez dispuso repetirlo, sabiendo que contaba con el espaldarazo de importantes operadores de justicia en cuya postulación metió las manos o, como en el caso de Rivera Aguilar, él mismo impuso. En otras palabras, tan burdos fueron los fraudes como el descaro de la magistrada, que no tuvo ni siquiera el intento de taparle el ojo al macho.
