La economía informal es una de las características de Guatemala y se estima que casi tres cuartas partes de la población viven en ese modelo que, entre otras cosas, provoca que no hagan pleno uso del sistema financiero. Muchos sectores, empezando por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) han dedicado mucho tiempo y esfuerzo por estudiar el problema y explicar sus causas y consecuencias, así como la necesidad de combatir ese fenómeno que le hace mucho daño al país.
Esta semana, sin embargo, una investigación de La Hora permitió conocer que seis de los “representantes del pueblo” operan de cierta manera en la informalidad, pues mientras el resto de diputados reciben su salario mediante transferencias que hace directamente el Congreso a sus cuentas bancarias, a Allan Rodríguez, Felipe Alejos, Carlos Roberto Calderón, Vitelio Lam, Julio Portillo y David Illescas, se les paga mediante cheque físico que es llevado a sus residencias u oficinas por empleados del Congreso.
En el caso de los dos primeros, Rodríguez y Alejos, sin duda ese procedimiento tiene algo que ver con la sanción que les dictó Estados Unidos al incluirlos en el listado de la Ley Magnitsky, procedimiento que busca excluir del sistema financiero internacional a personas señaladas de corrupción. La Hora contactó a los representantes del pueblo para conocer la razón por la cual no usan el sistema financiero guatemalteco, pero únicamente Illescas explicó su caso, diciendo que él únicamente tiene una cuenta de ahorro en el sistema bancario y que la norma del Congreso exigía que fuera cuenta de depósitos monetarios, pero que dada su condición de Persona Políticamente Expuesta tenía que llenar demasiados requisitos para abrirla y por ello prefiere recibir su pago mediante cheque.
Si un diputado dice que no quiere hacer todo el trámite y prefiere recibir su cheque para cambiarlo en efectivo o depositarlo en otra cuenta, ¿qué podemos esperar de todos aquellos que desean operar en la informalidad para no dejar rastro?
No olvidemos el tremendo esfuerzo que hicieron en el Congreso algunos diputados -unos dando la cara y otros tras bambalinas- para impedir la aprobación de la nueva Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, situación que obviamente tiene relación con el tema que abordó la investigación de La Hora, puesto que se evidencia que hay “representantes del pueblo” que aún con la ley actual no pueden hacer uso del sistema bancario, mucho menos cuando entre en vigor la nueva norma que finalmente fue aprobada, en parte por la presión que terminó ejerciendo Estados Unidos por medio de su embajada que inicialmente había guardado silencio.
Los diputados tendrían que ser ejemplo para la población respecto a la transparencia de su actividad económica y de una correcta formalización de sus operaciones financieras para evitar dudas y suspicacias respecto a sus posibles vínculos con las oscuras fuerzas del mal que tienen secuestrado nuestro sistema político y hasta el sistema de justicia. Formalizar su actividad financiera sería un buen paso para transparentar la política nacional.
