El tema de la elección de Fiscal General es de total interés de los guatemaltecos, tanto de quienes esperan que sea designado alguien que rompa con el esquema actual como de aquellos que cuidadosa y diligentemente se han dedicado a controlar el modelo de justicia para garantizar impunidad a los ladrones y lavadores de dinero. La nueva Corte de Constitucionalidad no podía estar al margen de ese generalizado y manifiesto interés y ayer mostró sus primeras cartas, lo que al mismo tiempo permitió conocer con detalle cómo está conformada en relación a la división existente en la sociedad y que señalamos al principio.
Los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar decidieron anular lo actuado por la postuladora y la lista de profesionales postulados para el cargo de Fiscal General. Si analizamos cómo llegaron a ser nombrados magistrados es fácil entender su tendencia, puesto que vienen del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior Universitario que controla Walter Mazariegos. Emitieron voto disidente las magistradas Anabella Morfín y Astrid Lemus, nombradas por el presidente Arévalo y por el Colegio de Abogados en aquella elección que también quiso anular Consuelo Porras.
Así como es claro que la lista no era ideal, la resolución tampoco causa sorpresa, porque se sabía de las intenciones por entrampar el proceso de designación de nuevo Fiscal, cosa que se logró mediante la resolución elaborada por Molina Barreto, Ochoa y Rivera. Pese al sentimiento generalizado entre la ciudadanía sobre la necesidad de disponer de un Ministerio Público eficiente que realmente persiga a los que incurren en delitos, sobre todo en el tema del manejo de fondos públicos, era evidente que el camino estaría lleno de obstáculos y desde el mismo momento en que tomaron posesión se sabía lo que se fraguaba entre los Magistrados de la CC, pieza absolutamente clave en la desesperada lucha por mantener las cosas en su estado actual.
Es pública la forma en que ocurrieron las designaciones en el Congreso de la República y en la Corte Suprema de Justicia, así como la forma en que se realizó la elección bajo el control férreo de Mazariegos en la Usac. Desafortunadamente se confirma el poder de las fuerzas del país que no quieren cambios y, como hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, la sociedad no puede permanecer en medio del ostracismo o la resignación ante lo que estamos viendo, pues está en juego el futuro de la Nación y ello no es simplemente una frase, sino la muestra de nuestra dramática realidad.
La acción desesperada para alargar la vigencia de la impunidad y protección a los saqueadores del Estado es obvia y advertimos que esto es apenas el inicio de esa terrible lucha, que como país debemos poder ganar si queremos atraer inversión y generar más oportunidades.
