La titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, informó ayer que ya se presentó denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de su antecesor en el despacho, Javier Maldonado, así como de quien fue Director de Caminos, Gabriel Jo Lau, pidiendo que se les investigue por delitos de colusión, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Se trata del primer señalamiento formal que se hace en contra de funcionarios del anterior gobierno y ahora el MP tiene una brasa en las manos porque todo mundo sabe que en esos cuatro años nada ocurría sin la participación y el visto bueno de la pareja presidencial.
El caso se vuelve por ello emblemático, puesto que permitirá determinar el nivel de compromiso e interés que hay en las fiscalías para esclarecer delitos relacionados con la corrupción en que incurrieron funcionarios de alto nivel del gobierno anterior. Y es que el MP no ha realizado ninguna investigación seria respecto a hechos como los señalados por la actual ministra ni contra aquellos que, como los del aeropuerto La Aurora, son de conocimiento público por el impacto directo que afecta a todos los usuarios de la Terminal Aérea.
Hemos dicho que un elemento clave para garantizar el cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas es la necesaria persecución penal de aquellos que realizaron las acciones que provocaron ese tremendo hartazgo y cansancio entre los ciudadanos que emitieron su voto. De nada servirá que algunos recién nombrados funcionarios traten de limpiar las instituciones a su cargo si no se puede lograr que termine la norma de impunidad que se estableció de forma clara e irrefutable.
El caso del Ministerio de Comunicaciones es uno más dentro de la amplia gama de negocios cometidos durante los últimos años y no es, ni por asomo, extraordinario. Pero la denuncia formulada sí tiene esa característica porque es la primera que se lleva formalmente ante la entidad que tiene la responsabilidad constitucional de investigar y perseguir todos los delitos que se cometen en el país y los crímenes vinculados con la corrupción se han convertido, tristemente, en el pan de cada día para un país agobiado por necesidades insatisfechas desde que el Estado perdió su norte.
Veremos, de entrada, si esta denuncia se trabaja con la diligencia y prontitud que mostró el MP desde el día mismo de la primera vuelta, cuando empezó el denodado esfuerzo por bajarse las elecciones. Veremos si los fiscales encuentran jueces que están dispuestos a dictar órdenes de captura como las que aceleradamente fueron emitidas en aquella oportunidad.
Es éste, pues, un momento decisivo para entender dónde estamos parados y qué nos espera como país comprometido en una lucha frontal contra la corrupción.
