EDITORIAL
En la imagen, la Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras y Frank Helmut Bode, Contralor General de Cuentas. Imagen: Alejandro Ramírez / La Hora.

Por mandato constitucional el manejo de los fondos públicos tiene que ser fiscalizado, sin excepción y aun cuando sean trasladados para que los manejen particulares, por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, entidad que tristemente no cumple con otra función que la de apañar los malos manejos. Por esa deficiencia es que la fiscalización que ejerza la sociedad adquiere mayor relevancia porque se convierte en el único instrumento para ir señalando aquellos negocios, tan abundantes, que sirven para el enriquecimiento de los funcionarios públicos en demérito de las necesidades de la población.

Hoy estamos publicando un trabajo sobre cómo las denuncias que se han publicado sobre diferentes negocios serán objeto de atención especial de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, ahora reformada para hacerla efectiva y bajo la dirección de Santiago Palomo. La comisión fue creada en el gobierno de Giammattei pero, contra todas las expectativas, lejos de ser un elemento de combate al saqueo de fondos públicos, terminó siendo simplemente una tapadera de lo mucho que se ordenó y ejecutó desde el mismo despacho presidencial en el que la figura del gobernante estaba bajo la sombra de su pareja sentimental.

Hoy publicamos una nota en la que se informa que las publicaciones de los medios de comunicación, revelando posibles irregularidades o hechos de corrupción, serán consideradas por la Comisión Presidencial como punto de partida de denuncias ante el Ministerio Público o la Contraloría de Cuentas. Muchos particulares que por obvias razones prefieren quedar en el anonimato, han trasladado a medios de comunicación, entre ellos La Hora, detalles de cómo se realizaron negocios, que se suman a las investigaciones realizadas por nuestros periodistas revisando operaciones de diversa índole.

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Hoy mismo se publicó también la declaración del nuevo Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades respecto al engaño que, según él se hizo a diversos Alcaldes con la cacareada promesa de que el presidente Giammattei otorgaría un inmueble en la ciudad capital para que fuera sede de la ANAM. El edificio en el que operan, sin embargo, resultó que es arrendado por la asociación y el dinero que diferentes alcaldes aportaron fue trasladado a alguna cuenta privada sin que se pueda tener certeza del destino final de los fondos.

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Lamentablemente, el trabajo que haga la Comisión Contra la Corrupción tendrá nulo o muy pobre efecto mientras la Contraloría y, sobre todo, el Ministerio Público sigan siendo alfiles de protección honrando el compromiso que hicieron con Giammattei y Martínez de encubrirlos a toda costa. Pero acumular información, de negocios del gobierno pasado y de los que puedan ocurrir en éste, será vital para cuando se haya elegido a nuevos magistrados y encargados de la investigación y la persecución penal.

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