Los médicos del Hospital General San Juan de Dios anunciaron que por falta de insumos para atender pacientes se ven obligados a entrar en una gravísima paralización que pone en grave riesgo muchas vidas, situación que había sido anunciada desde el año pasado por estudios realizados, entre ellos uno de FUNDESA, que referían el impacto de la falta de medicamentos en el sistema de salud. El incremento de accidentes de tránsito, consecuencia de la anarquía vial existente, agravó y aceleró la crisis que desnuda las carencias de nuestro sistema de salud.

Hace ya muchos años que el Ministerio de Salud se convirtió en un importante centro de negocios, situación que ha tenido efectos terribles porque todo el aparato del Estado se centra en cuestionables compras de medicamentos mientras se desatienden sus funciones esenciales. Aparte del desabastecimiento hospitalario, ello ha impactado en un grosero aumento de los precios de los medicamentos, al punto de que la medicina en Guatemala es muchísimo más cara que en el resto de países del mundo.

Y es que para justificar el desmedido precio en que se venden al Estado los medicamentos se ha generado un alza que afecta tanto a los pacientes de los hospitales públicos como a los particulares que tienen que comprar sus medicinas en farmacias. Hemos tenido ministros que llegan con el compromiso de honrar los acuerdos realizados en temas de acuerdos y financiamiento de campañas, campo que ha resultado muy lucrativo para la industria y el comercio farmacéuticos.

El campo de la salud es apenas uno de los tantos que se han visto afectados por esa política de privilegiar los negocios que ha resultado tan rentable en detrimento del bienestar de los guatemaltecos. No se trata de acciones que empañen únicamente a determinada administración, pues todo está supeditado a esa proliferación de compras y contrataciones que se centran en la utilidad que representa tanto para proveedores y contratistas como para los altos funcionarios.

Tras el resultado electoral en el que los ciudadanos mostraron su repudio a la corruptela, nos topamos con que el país carece de los mecanismos legales para poner orden y sancionar como corresponde a los que se han enriquecido con esos sucios manejos. Baste recordar que ni siquiera el escandaloso negocio de la compra de las vacunas a los rusos ha sido investigado, lo que explica que aquí es claro que el que la hace no la paga.

En este caso estamos hablando de un problema que literalmente es de vida o muerte, pero los que se acabaron el dinero y dejaron en cueros a los hospitales siguen tranquilos gozando de las fortunas mal habidas, mientras los pacientes pagan las consecuencias, muchas veces con su propia vida.

Redacción La Hora

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