Anoche se conoció el fallo de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal tras la apelación interpuesta por el Ministerio Público (MP) contra la resolución de la Jueza Wendy Coloma quien había declarado falta de mérito en el proceso que el mismo MP inició contra el ex ministro de Gobernación, general Napoleón Barrientos. Contra la jueza Coloma se presentó un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia porque la Fiscalía calificó como delito su decisión de no ligar a proceso (ni mantener en la cárcel como querían) al funcionario señalado de no haber usado la fuerza contra los manifestantes que pedían la renuncia de Consuelo Porras.
Ese fallo constituye uno de los reveses más grandes que ha sufrido el Ministerio Público que había hecho más que evidente su enorme interés por castigar penalmente a quien, sin usar la fuerza, garantizó el orden público impidiendo acciones de violencia que pudieran afectar tanto a manifestantes como a la población en general. Justo es reconocer a los magistrados que emitieron el fallo, siendo ellos Rafael Morales Solares, presidente de la Sala, Aura Marina Mancilla Solares y German Augusto Gómez Cachín, vocales I y II del referido tribunal.
Y es que hemos visto una constante de sometimiento absoluto en determinados tribunales a la línea que impone el Ministerio Público, no sólo castigando a quienes acusa sino también dejando libres a los que de una u otra manera se han beneficiado con la forma de actuar del ente encargado de la investigación criminal. Los magistrados de Salas fueron electos a finales del año pasado por la aplanadora oficialista que dirigió ese mismo día el mismo Miguel Martínez, pero es evidente que no todo está podrido en Dinamarca, como reza el conocido refrán que parafrasea a Shakespeare.
Obviamente con el fallo de la Sala de Apelaciones se cae el antejuicio contra la jueza Wendy Coloma, aunque no se pueda descartar que en otra muestra de soberbia y abuso se decida también plantear una acción penal de antejuicio contra los magistrados que conocieron (y rechazaron) la apelación presentada por el Ministerio Público.
El caso de la jueza Wendy Coloma fue abordado ya en esta sección editorial porque fue una acusación aberrante la que se hizo en su contra, simple y sencillamente porque no se puso de alfombra, como hacen otros jueces ya conocidos (y sancionados) que dicen amén a cualquier cosa que pidan los fiscales que dirigen Consuelo Porras y Ángel Pineda.
Ojalá que de la misma manera, todos los funcionarios encargados de administrar justicia entiendan que debemos rescatar el Estado de Derecho como un paso esencial para iniciar la eliminación de los vicios que tienen de cabeza a Guatemala.
