Hoy el Consejo de la Unión Europea (UE) hizo pública la decisión de imponer sanciones, en el marco de lo dispuesto por ese mismo Consejo el 12 de enero de este año, para castigar a quienes participan del esfuerzo por minar la democracia, el estado de derecho y la pacífica transmisión de mando en el país. Los sancionados son la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta de Porres, el Secretario del MP Ángel Arnoldo Pineda Ávila, el jefe de la FECI José Rafael Curruchiche Cucul, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez y el juez Fredy Raúl Orellana Letona.
Los señalados están sujetos a la congelación de toda clase de activos y los ciudadanos o empresas de la Unión Europea tienen prohibido darles acceso a cualquier tipo de fondos; además se les prohibe entrar o transitar por los territorios de la Unión, en lo que constituye un severo castigo derivado de las acciones antidemocráticas presenciadas por los observadores Europeos. Evidentemente la preocupación por el intento por socavar la democracia no es únicamente de Estados Unidos sino es una preocupación mucho más generalizada, generada ante los ojos de los observadores que no solo estuvieron aquí para las elecciones sino para todo lo que aconteció seguidamente.
Como que eso de que en Paris también había Disney (según Lester Castellanos) se empieza a esfumar porque las acciones de quienes desean ir en contra de las normas y buscar sembrar impunidad como la regla, no pasan desapercibidas.
Algunos se han encargado de afirmar que las sanciones de Estados Unidos son una maniobra de los Demócratas que sería revertida si pierden el poder, pero pasan por alto que muchos congresistas republicanos vinieron al país y coincidieron en señalar los riesgos para la democracia. Ahora, con la dura sanción de la Unión Europea, se confirma que el asunto va mucho más allá de bandos ideológicos y que hay, seriamente, una preocupación por lo que se ha hecho y se sigue haciendo para revertir el mandato de la voluntad popular.
Nota aparte, esa reacción del MP que dice que irán contra la UE y hasta mencionan el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) lo que ha provocado que usuarios de las redes se mofen de ellos. Sin duda que la desesperación por lo que han hecho las pasa la factura.
Consuelo Porras se debe estar arrepintiendo haber cedido el control total a Angel Pineda y por eso que ella pasa a segundo plano porque el que dirige las acciones del ente investigador es el señor Pineda.
El meollo de todo está no solo en los inmensos alcances que llegó a tener la corrupción en el país, con el daño tremendo a todos los guatemaltecos, sino en el empeño que persiste para hacer imposible al nuevo gobierno ejecutar ese mandato popular expresado de forma clara y contundente. Y la vulneración del Estado de Derecho, ese “rule of law” que señalan tanto los europeos como observadores alrededor del mundo, es un tema crucial porque lejos de que la justicia sirva para castigar a los delincuentes, es utilizada de manera perversa por fiscales y jueces que manosean las normas legales a su capricho.
Seguramente dirán que no les afectan las sanciones porque, como dicen sobre Estados Unidos, ni falta les hace ir a esos países. Pero el golpe directo es irreparable porque deja expuesta la triste realidad de nuestro sistema de justicia y el manoseo que se hace de las leyes del país para ejecutar caprichosas decisiones.
Los guatemaltecos debemos reaccionar para reencauzar el Estado de Derecho.
