Las audiencias de la Comisión Pesquisidora en la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público (MP) contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), derivada de una denuncia tan falta de argumentos como quienes la interpusieron, demuestra que en nuestro Congreso prevalecen o la ignorancia o la mala fe. Y es que solo así se puede entender la actitud de muchos de los pesquisidores que no atinan a entender lo que es un contrato, ni un “joint venture”, ni la forma en que se procedió a la adquisición del sistema de cómputo que únicamente transmitió los datos de las elecciones.
Tanto los empresarios que vendieron el sistema de cómputo como los magistrados que ayer acudieron a la pesquisidora, dieron respuesta a las interrogantes demostrando el carácter totalmente espurio de la denuncia presentada por Fratti y Fischer y que tiene como fundamento teorías de conspiración que circulan desde hace tiempo. Pero varios de los diputados que integran la comisión, precisamente los que más insistieron en acelerar el paso para satisfacer a Fischer, porque les urge, pues ya se acerca el 14 de enero, le dan crédito total a los denunciantes, a pesar de los razonamientos y explicaciones de la empresa y los magistrados.
El tema del sobreprecio, que sacó la Contraloría General de Cuentas, quedó en entredicho cuando se explicó la diferencia entre los distintos procesos utilizados como ejemplo para contrastar con lo que costó el TREP. El caso de Puebla, en México, que se usó como comparación, es muy diferente porque en el mismo, explicaron, se trató de una votación simple y sencillamente para elegir al gobernador, es decir se procesó únicamente una papeleta, mientras que en Guatemala se eligieron Presidente y Vicepresidente, diputados al Congreso de la República, diputados al Parlamento Centroamericano e integrantes de las Corporaciones Municipales de todo el país.
Quedó claro que las explicaciones y argumentos no fueron aceptados por los tres diputados que, dentro del plan para bajarse las elecciones, quieren que se apresure el antejuicio para remover a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Cualquier observador imparcial ve que ese rechazo a los argumentos únicamente se puede atribuir a una crasa y garrafal ignorancia de temas administrativos, contractuales, empresariales y de procesamiento de datos, o a una manifiesta y evidente mala fe.
Creemos que cualquier gestión de la administración pública que implique erogación de fondos debe ser auditada, cosa que en Guatemala la Contraloría únicamente hace cuando les conviene en el marco del encubrimiento de la verdadera corrupción. Los millones que terminan en maletas nunca fueron detectados por los auditores de la Contraloría, pero en este caso, rápidos y eficientes hicieron lo que nunca hacen, evidenciando la mala fe de todo el pastel.
