El Ministro de Finanzas presentó ya el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2023, el que tiene un monto de Q112,294,800.00 y que regirá en el año en que se deben realizar las elecciones generales, lo que significa que buena parte de esos recursos tendrán que ser gastados en la primera mitad del año para que sirvan de palanca en el proceso electoral, sobre todo mediante las asignaciones a municipalidades que se comprometan con el oficialismo a generar determinada cantidad de votos.
Si nos atenemos a lo que hemos visto durante las últimas décadas, el Presupuesto no es un mecanismo para determinar la inversión en el desarrollo del país y de sus habitantes, sino que se concentra en asignar los rubros y partidas de gasto que sirven a los intereses tanto de diputados como de funcionarios del gobierno central.
La parte destinada al funcionamiento ha crecido exponencialmente por el tipo de pactos colectivos que se firman con los sindicatos del sector público que logran incrementos salariales sin que, a cambio, haya un mejor rendimiento en el servicio a la población. A ello se suma la cantidad de gente que entra cada período a trabajar al Estado como parte de los compromisos políticos ya existentes o los que se logran precisamente en el año electoral.
El incremento con respecto al presupuesto de este año es significativo y destaca el aumento, presentado por el mismo Giammattei como un gran logro, de las asignaciones a las Municipalidades, lo cual cuadra con el tipo de arreglos que se vienen haciendo con alcaldes que son la pieza clave del diseño de la plataforma electoral del oficialismo para la elección del año próximo.
No vale la pena hablar de la ausencia de transparencia y control de la calidad del gasto porque es algo que todos sabemos y en lo que juega un papel crucial la Contraloría General de Cuentas de la Nación, cuyo titular está pendiente de ser electo porque el favorito del oficialismo no ha llegado aún a la edad mínima que la ley requiere.
El último presupuesto fue aprobado por alrededor de 120 diputados, cosa que no se ve tan fácil esta vez porque algunos de los que votaron a favor el año pasado se sienten desplazados por la estrategia del oficialismo que se ha propuesto utilizar todo el control que tiene sobre la institucionalidad y el Estado de Derecho para asignarse una mayoría de votos, por lo que el papel de los partidos de Sandra Torres y Zuri Ríos está en la balanza.
