Ayer el Ministerio Público, ahora dirigido por Gabriel García Luna, dio un importante giro al concretar varios allanamientos en propiedades ligadas a Miguel Martínez, quien presumía de ser el Jefe de Jefes, en lo que se puede considerar el giro más importante e histórico que ha dado la entidad responsable de la investigación criminal en Guatemala. Desde que Giammattei dejó el poder hasta el día en que Consuelo Porras dejó de ser Fiscal General, pasaron 852 días en los que tanto el expresidente como su pareja, gozaron de la más absoluta protección.
Los apartamentos en Dubái, los casos de La Botica y las medicinas, el dinero del Seguro Escolar que fue a parar a China, las compras del Seguro Social, el aeropuerto de Escuintla y un largo etcétera, son denuncias que Consuelo Porras y Ángel Pineda juraron engavetar para siempre y por eso era la necesidad de muchos que un García Luna no asumiera el control del MP.
Por ello hablamos de un giro histórico que, necesario es decirlo, pondrá seriamente a prueba a todo el sistema de justicia porque sabemos que el control de las mafias no se limitaba al MP sino que llegó a ejercerse con absoluta precisión en todo el sistema de administración de justicia, sistema que en mucho sentido no solo permanece intocable sino hasta vigorizado luego de la información a medias que le dieron a quien fue Encargado de Negocios hace unos meses y que ahora está en Venezuela.
La nota publicada ayer por La Hora hace un recuento de muchos de los multimillonarios negocios que fueron amparados por Martínez y detalla la forma en que algunas empresas acumularon contratos por miles de millones de quetzales. Se explica, por ejemplo, cómo una empresa que provee medicinas hizo jugosos negocios con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mismos que no fueron investigados por el MP, dejando tranquilos a los personeros del IGSS -que siguen en sus puestos- quienes compartían sus “ganancias” con la estructura del Jefe de Jefes y sus operadores.
Esa peculiar persona -que supo marcar el rumbo para que otros pudieran luego actuar con similares poderes- fue sancionada por Estados Unidos precisamente por el tema de la corrupción y tras apelar la sanción fue notificada que la misma sigue firme a pesar del cambio de gobierno en Washington.
Los resultados de los allanamientos deberán abrir una nueva hoja de ruta en la que el sistema judicial del país estará sometido a la más dura prueba que marque su historia.
