El primer encuentro de defensoras y defensores de derechos humanos de la Madre tierra y territorio Q’eqchi’, se realizó esta semana en la cabecera departamental de Cobán, Alta Verapaz en las instalaciones de la Instancia del Pueblo Maya Q’eqchi’ Poqomchí. Los objetivos fueron: a) Converger con defensoras y defensores comunitarios del pueblo Q’eqchi’, para fortalecer la solidaridad, intercambiar experiencias de resistencia pacífica, visibilizar la criminalización, crear alianzas estratégicas para la defensa de los derechos territoriales, desde una lógica organizativa e identitaria Q’eqchi’, b) Posicionar las demandas de los defensores y defensoras indígenas del pueblo Q’eqchi’ en la agenda pública, denunciar la violencia sistemática y exigir a las autoridades el cumplimiento de las garantías de protección estatal. c) exigir la implementación de la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035 (PPPDH).
En el evento participaron representantes de los territorios Q’eqchi’ de Alta Verapaz, Petén, Izabal y Quiché, todos defensores de la tierra, el agua, los bosques y el trabajo, también autoridades indígenas que han sido y son criminalizados.
El programa se inició con una reflexión espiritual sobre el día (7 Toj). Los representantes presentaron la situación de sus territorios, hicieron un breve relato sobre el contexto territorial enfocado en la violencia estatal, los desalojos promovidos por la fiscalía de usurpación del Ministerio Público (MP), la criminalización y privación de libertad de algunos dirigentes, la violencia ambiental, la imposición/expansión de monocultivos. Acto seguido, se presentó un video sobre el origen y antecedentes de la PPPDH. Se habló sobre los retos y recomendaciones para implementar dicha política.
En la parte de conclusiones, se planteó la pregunta ¿Qué debemos hacer las y los defensores de derechos humanos y de la Madre tierra desde nuestra posición de Aj Ral Choc’h del pueblo Q’eqchi’, frente a la violencia sistemática del Estado? Se elaboró un pliego de peticiones al Gobierno, dirigido específicamente a la Comisión Presidencial Asesora en Derechos Humanos (Copadeh) y Ministerio de Gobernación (Mingob), así mismo, se planteó exigir la libertad de defensores y defensoras encarcelados, en particular las mujeres de Semuy.
Se aprobó un pronunciamiento que expresa preocupación por las diferentes formas de despojo y acaparamiento de “nuestras tierras y territorios”, afirmaron que el despojo responde a un “pseudo modelo” económico impulsado por la industria extractiva y los agronegocios como la minería, hidroeléctricas, hidrocarburos y monocultivo de palma aceitera. Expresaron que, de manera constante han alzado su voz denunciando dichos atropellos, pero reclaman que, en lugar de conseguir las garantías de protección estatal, “las autoridades de los 3 organismos del Estado nos responden encarcelándonos y judicializándonos, situación que atenta contra nuestros derechos de autonomía y libre determinación como pueblos indígenas”.
En tal sentido, exigen al Estado de Guatemala: a) La implementación y presupuesto adecuado para la PPPDH, al fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público Dr. Gabriel García Luna, disolver o suprimir la fiscalía especializada contra los delitos de usurpación, considerando que es una entidad creada para responder a intereses de actores económicos y políticos, su fin, es criminalizar y judicializar a defensores y defensoras de Derechos Humanos y del territorio.
Acotan que, la máxima expresión y evidencia de posesión y tenencia de las tierras y territorios son “nuestros apellidos, nuestro idioma y nuestra entidad cultural. No somos invasores en nuestros territorios ancestrales”. Sostienen que esa fiscalía, contradice el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y otros instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). c) En el marco del 9 de diciembre, Día Internacional de las personas defensoras de Derechos Humanos, exigen que el Estado reconozca y pida perdón a las personas encarceladas por defender derechos humanos. d) La traducción, publicación y difusión de la PPPDH en idioma Q’eqchi’.
Suscriben el Consejo de tierras ancestrales de Panzós, Alta Verapaz, la resistencia de comunidades de Cahabón, representantes del pueblo maya Q’eqchi’ ante el Codede de Petén, Consejo de autoridades originarias maya Q’eqchi’ región Nimla Hacoc de Cobán, Consejo de autoridades ancestrales Resistencia Río Dolores, Cobán; de comunidad Sa’Carila, El Estor, Izabal; de Franja transversal del Norte, Ral Ch’och’ Aj Q’eqchi’, la Alcaldía indígena Waqib Kej de San Fernando Chaal, Movimiento de comunidades en defensa del agua Qana’Ch’och’, el colectivo Mamá Maquin, Fundación Guillermo Toriello, Comité Campesino del Altiplano CCA, y Coordinación de ONG y cooperativas CONGCOOP.
Por otra parte, en Asunción Mita, Jutiapa continúa la lucha de la población en contra de las operaciones ilegales de la empresa minera transnacional “Cerro Blanco”, a pesar que los vecinos de esa población mediante una consulta autorizada por la municipalidad local, rechazaron por mayoría absoluta dichas operaciones por el daño ambiental y la violación de derechos humanos que dicha operación provoca en la población.
Con respecto a la desprotección social de la clase trabajadora, una reciente investigación del Observatorio DESCA y Políticas Públicas de la Universidad Rafael Landívar (URL), destaca que la población económicamente activa (PEA) en Guatemala, se estima en 8.2 millones de trabajadores, de estos 5.7 millones trabajan en la informalidad (70% de la PEA), mientras 1.7 millones tienen empleo en el sector formal que representan el 30% de la PEA.
Según esta investigación, a diciembre del 2025 el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) registra la inscripción de 1.7 millones de trabajadores afiliados al régimen de seguridad social, lo que significa una brecha de 6.5 millones de la PEA que no tiene acceso ni está cubierta por los programas EMA e IVS del régimen de protección.
La relación entre economía formal e informal se vincula a través de la subcontratación, por ello se estima que en Guatemala la economía informal podría alcanzar el 70% de la economía nacional, lo cual significa que 7 empleos de cada 10, se ubican en la informalidad sin la protección mínima del Estado y sin acceso a los beneficios del seguro social. Triste realidad nacional.
