Si existiera una carretera de cuatro carriles que conectara la ruta al Atlántico con la ruta al Pacífico sin pasar por la capital, buena parte del congestionamiento vehicular podría reducirse.
El transporte de carga y los automovilistas tendrían una vía más ágil para desplazarse de norte a sur del país; los pilotos de tráileres evitarían las restricciones de horario para ingresar a la ciudad y los capitalinos enfrentarían menos tráfico pesado, menor deterioro de las calles y menos accidentes.
Ese es uno de los principales objetivos del Anillo Regional, un proyecto concebido para transformar la movilidad alrededor del área metropolitana. Sin embargo, pese a que desde hace años se plantea como una solución estratégica, su ejecución continúa marcada por retrasos y deficiencias de planificación.
Un ejemplo son los cinco contratos adjudicados entre 2022 y 2023 para la construcción del Anillo Regional Metropolitano (C-50), durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Aunque se contrataron cuatro tramos —el 1, 6, 7 y 8, con el tramo 6 dividido en dos contratos—, el resto del proyecto permanece estancado y sin cumplir requisitos técnicos esenciales.
Los tramos 2, 3, 4 y 5 están en el limbo. Se desconoce si hay planes serios, pero sobre todo recursos, para iniciar con los procesos de licitación.
En el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), portal de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, estos tramos figuran sin haber cumplido los siguientes requisitos: aval sectorial, certificación de propiedad del terreno, resolución ambiental, análisis de gestión de riesgos, medidas para la atención de personas con discapacidad y, lo más importante, no cumplen con los criterios técnicos.
Pero, incluso en dos de los cinco proyectos que fueron adjudicados en 2023 no hay avances, ni siquiera maquinaria o trabajadores en labores. De tal cuenta que un anillo regional con partes que no se trabajan y otras que todavía tienen pendientes avales técnicos, de poco servirá que se terminen los que ya fueron adjudicados (si es que algún día llegan a finalizarse).
En esta serie de reportajes, La Hora revisa el estado de cada uno de los proyectos adjudicados. Este primer trabajo se centra en el tramo 1, que inicia en el kilómetro 59 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, y se extiende hasta Sansare, ambos municipios de El Progreso.
Este es el proyecto número 3 de 9 visitados por La Hora en una investigación que busca mostrar un patrón de infraestructura inconclusa en al menos 9 proyectos que le han costado al país casi Q800 millones.
En total se visitaron nueve puntos geográficos en un recorrido de más de 1 mil 300 kilómetros en cinco días. La ruta guió hacia Sayaxché, Petén; Cocales, en Suchitepéquez; Río Dulce, en Livingston, Izabal; Guanagazapa, Escuintla; Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz, en El Progreso; además de tres tramos críticos de la ruta departamental RD-GUA-09, en el departamento de Guatemala.
AVANCES EN EL TRAMO 1
La obra fue adjudicada a Constructora y Transportes San Francisco por Q664.5 millones. Según los registros contables, hasta la fecha la empresa ha recibido desembolsos por Q11.6 millones.
Al igual que las otras constructoras a las que se les adjudicó la ampliación de tramos del Anillo Regional, esta empresa fue una de las más favorecidas durante la administración de Alejandro Giammattei, al haber facturado a instituciones públicas más de Q1 mil 481 millones, lo que la convirtió en el quinto contratista más beneficiado en todo el Estado, de 2020 a 2023.
El contrato se firmó el 10 de abril de 2023 entre la Dirección General de Caminos (DGC) y el propietario de la empresa, Francisco Alejandro Córdova Molina, un empresario que proviene de una familia con vínculos políticos en Alta Verapaz (“Los Córdova”).
El plazo contractual para la ejecución, según el documento legal, se estableció en 24 meses calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificara al contratista del acuerdo ministerial que aprobaba el contrato.
Es decir, que al inicio se proyectaba que la ampliación estuviera terminada aproximadamente en abril de 2025; sin embargo, el proyecto se fue retrasando y ahora solo se trabaja en la parte inicial.
Para constatar si existían avances, un equipo de La Hora visitó el punto el pasado 10 de julio y recorrió los 15 kilómetros de la ruta nacional RN-19 desde Sanarate hasta Sansare y comprobó que no se han iniciado labores para la ampliación en dicha carretera.
De momento, los trabajadores se concentran en el kilómetro 59 de la ruta al Atlántico —donde comenzará la ampliación—, puesto que en el lugar se abren las brechas que saldrán al final de Sanarate, rodeando el área urbana, para continuar con la ampliación de la RN-19 hasta Sansare.
Este es uno de los tramos del anillo regional que está en ejecución. En el lugar, uno de los ingenieros encargados permitió al equipo de La Hora hacer un recorrido por los principales puntos de la obra, en donde una buena cantidad de maquinaria efectúa movimientos de tierra, abre brechas, corta montañas y rellena los puntos por donde se debe construir la ruta.
MILLONARIOS CONTRATOS
La familia Córdova Molina ha sido señalada en publicaciones diversas de dominar el negocio de la infraestructura, inicialmente en Alta Verapaz, pero que, con su red de constructoras, se ha extendido a otras partes del país y ha acaparado contratos por miles de millones de quetzales.
Un informe de 2023 de la colombiana Fundación Paz y Reconciliación, en conjunto con Acción Ciudadana, de Guatemala, identificó al menos nueve empresas que hasta ese entonces habían captado contratos por Q2 mil 930 millones.
Por ejemplo, los hijos de Francisco Alejandro Córdova Molina —dueño de Constructora y Transportes San Francisco—, Shellder Alexander y Exon Francisco, ambos de apellido Córdova Catalán, figuran en Guatecompras como propietarios de las empresas Maya Mix y Exxon Constructora, que juntas han ganado contratos del Estado por más de Q478 millones.
Aunque a la segunda ya no le figuran contrataciones públicas desde 2017, Maya Mix obtuvo millonarios contratos en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. En 2023 y 2024 tuvo una pausa, pero el año pasado volvió a pujar por obra pública y se hizo de cuatro adjudicaciones —dos del CIV— que le representaron Q44.3 millones.
Asimismo, los hermanos de Francisco Alejandro y al menos uno de sus sobrinos figuran como propietarios de empresas individuales en Guatecompras, que han ganado licitaciones en diversas instituciones públicas desde hace años.
- Carlos Augusto Córdova Molina es propietario de Constructora Concord.
- Edgar Tomás Córdova Molina es dueño de Constructora y Transportes Camtrac.
- Jorge Aroldo Córdova Molina es dueño de Importadora Cobán o Transportes y Servicios Emmanuel.
El mencionado informe de 2023 detalla que los Córdova “han construido un imperio empresarial en Alta Verapaz que incluye constructoras, gasolineras, hidroeléctricas, centros comerciales, clínicas médicas, alquiler de bodegas, renta de terrenos para desarrollo de proyectos, manejo de desechos sólidos, mantenimiento de plantas de tratamiento, alquiler de maquinaria y transporte pesado”, entre otros.
INCURSIÓN EN LA POLÍTICA
La familia Córdova Molina también ha incursionado en el mundo de la política y en las elecciones generales de 2015 lograron puestos de elección popular, gracias a su participación en el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), cuya principal figura, Manuel Baldizón, intentó ganar la Presidencia en ese proceso electoral.
Años después sería condenado en EE. UU. al admitir que en su campaña lavó dinero del narcotráfico.
En 2015, Edgar Tomas ganó una curul como diputado en representación de Alta Verapaz, aunque la legislatura la terminó como diputado independiente, ya que Líder fue cancelado en 2016, al violar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, principalmente por sobrepasar el techo de gasto de campaña en 2015.
Analistas advierten qué está detrás del fracaso de cientos de proyectos de infraestructura
El informe de la Fundación Paz y Reconciliación y Acción Ciudadana destaca que el legislador “fue un aliado incondicional del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020), a quien apoyó con su voto en todas las iniciativas que impulsaba el oficialismo dentro del Congreso”.
Asimismo, precisa que, aunque la constructora propiedad del entonces legislador no fue beneficiada directamente durante la administración de Morales, las de su hermano y su sobrino “sí tuvieron un aumento en la facturación con el Estado”.
En la misma elección, de 2015, Jorge Aroldo fue electo alcalde de Cobán y Carlos Francisco Córdova Garza, hijo de Carlos Augusto, también ganó la alcaldía en Chahal, municipio del mismo departamento.
En 2019, Edgar Tomas y Jorge Aroldo intentaron reelegirse con el partido Prosperidad Ciudadana, mientras que Córdova Garza con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero ninguno lo logró.
En 2023, el primero intentó infructuosamente ganar una diputación, para lo cual compitió en la primera casilla del partido Cabal por Alta Verapaz, que postuló a la Presidencia a Edmond Mulet, y cuya principal figura hoy por hoy es el diputado por Jutiapa, Luis Aguirre.
El informe consigna que, en 2023, la familia Córdova se había posicionado “como uno de los principales financiadores del partido Cabal” y que, a cambio de este financiamiento, negoció la primera casilla de diputados por Alta Verapaz y el apoyo para la alcaldía de Chahal.
LOS PAGOS DEL ACTUAL GOBIERNO
En la actual administración, las empresas ligadas a los Córdova siguen recibiendo pagos. Entre 2024 y 2026, el Sicoin muestra la suma de los siguientes desembolsos:
- Constructora y Transportes San Francisco, propiedad de Francisco Alejandro Córdova Molina: Q232.8 millones. Aparte del Tramo 1 del Anillo Regional, se le han pagado estimaciones por la ampliación de la CA-14 de Santa Cruz Verapaz a Cobán, Alta Verapaz; por una carretera de terracería en el mismo departamento y por el mejoramiento de la Ruta Nacional 7W.
- Maya Mix, propiedad de Shellder Alexander Cordova Catalán: Q113 millones. Por trabajos en las rutas departamentales, de Senahú a Cahabón, de Lanquín a Semuc Champey y de Senahú a Panzós, todas en Alta Verapaz.
- Seele, S. A., que es vinculada en el análisis de Acción Ciudadana y la Fundación Paz y Reconciliación con Exon Francisco Córdova Catalán: Q5.8 millones, por mantenimiento en la CA1-Oriente, tramo de Barberena a Cuilapa, y por el mantenimiento de puentes en Quiché.
- Ecomuros, ligada también a Exon Francisco, según el mismo análisis: Q2.7 millones. Trabajos en dos carreteras departamentales de Quiché, una en Chicamán, y otra de Zacualpa a Canillá.
EMPRESA: PROYECTO ESTÁ EN TIEMPO
Respecto a cómo avanza la ejecución del proyecto, la empresa indicó que a finales de junio la obra presentaba un avance físico aproximado del 10% y que el proyecto se encuentra en ejecución con varios frentes de trabajo activos.
Dijo que el proyecto pasó 762 días suspendido, en los que el CIV trabajaba en la adquisición de derechos de vía, modificaciones al diseño y, además, hubo un atraso en el pago del anticipo.
“Media vez haya una causa bien justificada por el contratista, se puede suspender temporalmente el tiempo contractual”, indicó Sergio Salazar, encargado del proyecto por parte de la empresa, en una comunicación vía WhatsApp.
Agregó que, al 30 de junio, todavía les quedaban 333 días de plazo contractual; no obstante, evalúan las condiciones que han afectado el desarrollo del programa de trabajo y, “de ser necesario, se presentará una solicitud de ampliación debidamente sustentada y justificada”.
Subrayó que hasta hoy se han ejecutado trabajos de movimientos de tierra, excavación en material común y roca, conformación de rellenos, preparación de la sección vial y mantenimiento de algunos sectores de la ruta.
Respecto de qué se requiere para agilizar la obra, Salazar precisó que “es importante que los procesos administrativos y de pago continúen desarrollándose oportunamente, garantizando la continuidad de los recursos y actividades previstas”.
De momento, precisó Salazar, “no es posible establecer una fecha definitiva” para la finalización de los trabajos. Al mismo tiempo, garantizó que “la obra avanza conforme al programa establecido”.
OTRA VEZ, SIN POSTURA
La Hora intentó obtener una postura por parte del CIV; pero, igual a como sucedió con la nota del Libramiento de Cocales, no respondió a una serie de preguntas que le fueron enviadas al equipo de Comunicación el pasado 23 de julio.
Puntualmente, se les consultó por el avance de cada uno de los tramos del Anillo Regional, por qué se siguen haciendo desembolsos a las empresas y si no planean hacer una especie de revisión o arqueo de cada una de las adjudicaciones para replantear una solución más técnica.
La ministra Norma Zea tampoco respondió a una petición de comentarios que se le hizo llegar a su teléfono, vía WhatsApp. De enviar alguien alguna respuesta, se incluirá en este espacio.
Aunque nadie contestó directamente a La Hora, el 28 de julio por la tarde, el CIV publicó una nota informativa en la que asegura que hay avances en la construcción de uno de los tramos del Anillo Regional y adjuntó fotografías de maquinaria trabajando. “Los vecinos de Villa Canales y El Obrajuelo están cada vez más cerca de contar con una carretera amplia y moderna”, aseveró en la publicación.
