La renuncia de Jorge Miguel Castillo, su posterior intento de retractarse y, ahora, su negativa a dejar el cargo, junto con los cuestionamientos públicos del director Edgar Guzmán sobre decisiones adoptadas por el propio Directorio del que forma parte, evidencian el creciente deterioro institucional de la Superintendencia de Competencia (SiCom).
La sucesión de estos hechos refleja una crisis interna que pone a prueba la credibilidad de la entidad, justo cuando está por asumir plenamente sus funciones, el 9 de diciembre próximo.
La Superintendencia de Competencia es la instancia creada para garantizar certeza jurídica en el mercado y convertirse en el árbitro encargado de investigar y sancionar prácticas anticompetitiva; sin embargo, antes de ejercer plenamente esas atribuciones enfrenta un desafío distinto: recuperar la confianza en una institución cuya gobernanza ha quedado bajo escrutinio por los conflictos surgidos entre sus propias autoridades.
El desgaste responde fundamentalmente a dos hechos. Por un lado, los vaivenes de Jorge Miguel Castillo, quien presentó su renuncia como superintendente el 10 de marzo, posteriormente a inicios de junio la retiró; sin embargo, el pasado lunes 27 de julio fue aceptada por el directorio y hoy durante una citación en el Congreso, Castillo dijo que recusó la medida y aseguró seguir siendo el superintendente.
Por el otro lado, los cuestionamientos públicos del director titular Edgar Guzmán, quien ha señalado supuestas irregularidades en decisiones adoptadas por el órgano colegiado, pese a haber participado en las sesiones en las que estas fueron conocidas y a no aceptar el dictamen jurídico de la Superintendencia respecto a la designación de un futuro superintendente.
Más allá de cuál interpretación jurídica prevalezca sobre la validez de esas actuaciones, la controversia ya trascendió el ámbito legal. Lo que hoy está en discusión es la capacidad de la Superintendencia para proyectar independencia, estabilidad y certeza jurídica, precisamente los principios que deberá exigir cuando comience a resolver conflictos entre agentes económicos, a penas, dentro de 5 meses.
EL CONFLICTO Y LA ACEPTACIÓN DE RENUNCIA
La crisis se agudizó a inicios de julio, cuando a pesar de haber renunciado desde marzo, el 7 de este mes, Castillo comunicó al directorio que dejaba sin efecto dicha decisión al considerar que aún no había sido conocida ni aceptada por el órgano colegiado.
El 24 de julio, incluso en la página de la SiCom constaba un comunicado en el que se hacía referencia a que Castillo seguía ejerciendo como Superintendente; sin embargo, este martes, el sitio oficial de la Superintendencia registraba problemas para su visualización.
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El martes 28 de julio, las cosas volvieron a cambiar y el Directorio resolvió aceptar la renuncia. Según las actas a las que La Hora tuvo acceso, en la reunión de directorio del pasado lunes, según el Acta 15-2026 consta que el directorio conoció el tema en dos votaciones consecutivas.
En la primera, declaró improcedente el retiro de la renuncia que el superintendente Jorge Miguel Castillo Castro había presentado el 7 de julio de 2026, dejando sin efecto jurídico el intento de revertir esa decisión. La resolución estableció que el retiro de la renuncia se tendría por no presentado y fue aprobada por mayoría, con los votos favorables de Javier Bauer y Jorge González.
Posterior, el Directorio conoció una segunda moción, presentada por Alfredo Skinner-Klée Sol, que contenía dos puntos: el primero consistió en la aceptación definitiva de la renuncia irrevocable presentada por Castillo Castro el 10 de marzo de 2026 al cargo de superintendente de Competencia.
El segundo hacía referencia a designar de manera provisional al intendente de Gestión Administrativa y Financiera, Tomás Xocoy Acán, quien fue nombrado el jueves de la semana recién pasada y fue presentado ayer en el seno del Directorio.
La sustitución de Castillo, refirió Skinner-Klée, se daría en conformidad con lo establecido en el artículo 52. La aceptación definitiva de la renuncia fue aprobada por mayoría, también con los votos de Javier Bauer y Jorge González.
GUZMAN EN DESACUERDO, RAZONA VOTO
En ambas votaciones, el director Edgar Rolando Guzmán Fuentes dejó constancia de un voto disidente razonado, en el que cuestionó que el asunto fuera conocido como un punto vario, sin haber sido incluido previamente en la agenda ni convocado conforme al procedimiento correspondiente.
Posterior, en el punto sexto del acta, el Directorio aprobó notificar personalmente a Castillo Castro sobre la decisión y ordenó la entrega inmediata del cargo.
En el punto séptimo, se autorizó la emisión de un comunicado institucional para informar oficialmente sobre la aceptación de la renuncia y se procedió a designar de manera interina a uno de sus integrantes mientras se define la elección del nuevo titular, decisión que Castillo cuestionó al sostener que su dimisión ya no producía efectos jurídicos.
Guzmán manifestó de manera pública su desacuerdo con la forma en que se adoptaron esas decisiones. Sus señalamientos derivaron en nuevos cuestionamientos sobre la actuación del Directorio y profundizaron la división interna.
No obstante, dentro del propio proceso también existe un dictamen jurídico que analiza el mecanismo para sustituir al superintendente y establece que previsto en la Ley de Competencia refiere que es el que el Directorio quien debe definir y elegir al nuevo titular de la SiCom.
Ese criterio técnico forma parte del debate sobre la ruta institucional a seguir, aunque hasta ahora las diferencias entre los integrantes del órgano colegiado y las posiciones públicas de sus autoridades han mantenido el foco en la controversia, más que en la consolidación de la Superintendencia.
IMAGEN INSTITUCIONAL POR RESCATAR
Con ese escenario de fondo, y luego de haber participado de una citación ayer en el Congreso, la fractura entre los integrantes del Directorio, incluyendo al ahora exsuperintendente dejo evidencia que no solo las competencias de la Superintendencia están debilitadas, si no también la imagen que reflejan a lo externo.
Lo que está en juego no es solo quién ocupa la silla de Superintendente, sino si Guatemala tendrá, a partir del 9 de diciembre, una autoridad de competencia capaz de ejercer con solvencia las facultades que la ley le otorga: investigar, sancionar y controlar concentraciones en un mercado que por primera vez tendrá un árbitro.
En los cinco meses que restan para la entrada en vigencia plena de la Ley de Competencia, la Superintendencia dejó de construir una institución por la cual los agentes económicos han abogado por años.
