Qué vergüenza que en Guatemala los operadores de justicia actúen con un descaro tan evidente y que la ciudadanía, por cansancio o resignación, lo permita. El llamado “Cártel de la Toga” se ha convertido en un poder paralelo que dicta resoluciones como le viene en gana, sin temor a consecuencias, convencido de que nunca será tocado.
La impunidad que protege a los corruptos se alimenta de jueces y magistrados que han olvidado su deber de impartir justicia y que hoy parecen más interesados en blindar a quienes saquean al Estado que en defender a los ciudadanos. No tengo que decirlo, muchas personas se han dado cuenta de lo que estoy diciendo y han tomado conciencia.
Las resoluciones que emiten son de risa, auténticas caricaturas jurídicas que insultan la inteligencia de la población. En muchos casos, lo único que les falta es pedir perdón a los corruptos por haberlos mantenido encauzados en procesos judiciales. La justicia la han invertido, el acusado se convierte en víctima y el sistema judicial en su defensor. Así, los expedientes se diluyen en tecnicismos, las pruebas se desestiman con argumentos absurdos y las sentencias absolutorias se redactan con un cinismo que raya en lo grotesco.
Este comportamiento no es aislado ni accidental. Es parte de una estructura bien aceitada que garantiza que los corruptos nunca enfrenten consecuencias reales. Los jueces que integran este entramado saben que sus decisiones no serán cuestionadas, porque cuentan con la protección de redes políticas que los sostienen. El resultado es un sistema judicial que ha dejado de ser árbitro de la legalidad para convertirse en cómplice de la impunidad, la justicia ya no es pronta y es menos justa.
La ciudadanía observa con indignación cómo los grandes casos de corrupción terminan en absoluciones ridículas o en sanciones simbólicas que no guardan proporción con el daño causado. Mientras tanto, los corruptos celebran, regresan a sus cargos o se reciclan en nuevas estructuras de poder, convencidos de que la justicia guatemalteca es un terreno seguro para sus fechorías. El mensaje es devastador, los “politiqueros” saben que robar al Estado no solo es posible, sino rentable, porque las consecuencias son mínimas o inexistentes.
El descaro de estos operadores de justicia se refleja también en su actitud pública. Se presentan como guardianes de la ley, hablan de independencia judicial y de respeto a la Constitución, pero sus resoluciones demuestran lo contrario. La independencia que defienden es la de actuar sin control, sin rendición de cuentas, sin responsabilidad frente a la sociedad. Han confundido independencia con impunidad, y autonomía con licencia para proteger a los corruptos.
El problema es que este comportamiento erosiona la credibilidad del sistema judicial y destruye la certeza jurídica. Sin justicia confiable, el ciudadano pierde toda protección y el país pierde atractivo para la inversión nacional e internacional. Ningún empresario serio arriesgará su capital en un país donde los tribunales se han convertido en cómplices de la corrupción. Ningún ciudadano puede sentirse seguro en un sistema donde la ley se aplica con rigor solo a los débiles y con benevolencia a los poderosos. Le toca arduo trabajo al fiscal general, Gabriel García Luna.
El “Cártel de la Toga” actúa como si fuera intocable, pero su descaro no puede seguir siendo tolerado. Guatemala necesita jueces que entiendan que su función no es proteger a los corruptos, sino garantizar que la ley se cumpla y que la justicia sea proporcional al daño causado. Lo que sí se ve muy lejano es que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) cumpla con honorabilidad y ética su mandato de hacer cumplir lo que rezan las leyes, pero sobre todo la Constitución Política de la República.
La vergüenza que hoy sentimos como ciudadanos debe convertirse en indignación activa. No podemos resignarnos a que los jueces se burlen de la sociedad con resoluciones de risa. Es urgente exigir transparencia en los procesos de selección de magistrados, fortalecer los mecanismos de control y sancionar a quienes traicionan su deber. La justicia no puede seguir siendo un espectáculo grotesco donde los corruptos son absueltos y los jueces se comportan como sus defensores.
Guatemala merece un sistema judicial digno, no un Cártel de la Toga que se cree intocable. Mientras no se rompa esa estructura de impunidad, seguiremos siendo un país donde la corrupción no solo se tolera, sino que se premia. Y esa es, sin duda, la mayor vergüenza de nuestra historia reciente y el legado que estamos dejando, como sociedad pensante, para nuestras futuras generaciones.
