Si bien es cierto la crisis del combustible no surge únicamente en Guatemala, surge por la combinación de factores internacionales, económicos y geopolíticos que afectan la producción, distribución y comercialización del petróleo y sus derivados. En el caso de Guatemala, al ser un país importador de combustibles, cualquier alteración en el mercado mundial tiene un impacto casi inmediato en los precios internos.
Cabe indicar que el país no produce petróleo o bien combustible, lo que implica que seamos importadores de combustibles tales como: diésel, gasolina, gas, biocombustibles y aceites entre otros.
Entre los principales factores que originan una crisis y el incremento de los combustibles hoy, aparece la Guerra que tienen los países de Estados Unidos, Israel e Irán, sin olvidar los absurdos y bobos aranceles impuestos por el Gobierno de los Estados Unidos a los países del globo terráqueo. Lo que ha hecho que los productores del petróleo oferten en base a la crisis actual sin olvidar la situación de la guerra de Rusia y Ucrania, lo que ocasiona presión a los precios al alza.
Cuando los principales países exportadores, agrupados en organizaciones como la OPEP y sus aliados, deciden disminuir la producción para estabilizar o elevar el precio del crudo, la oferta mundial disminuye y los precios aumentan, en un juego de oferta y demanda que nos afecta a todos.
Otro de los problemas es la cadena de suministro, ya que la mayoría del petróleo que viene del Medio Oriente tiene que pasar por el estrecho de Ormuz, que pertenece a territorio iraní, que es la vía marítima más estratégica del mundo. Y que ahora cuenta que barcos que no tengan bandera de los Estados Unidos puedan pasar pagando claro está, un peaje.
¿Pero por qué afecta tanto a Guatemala? Guatemala importa la mayor parte de los combustibles que consume. Esto significa que el país no tiene control sobre el precio internacional del petróleo. Sin embargo, sí puede adoptar políticas para reducir el impacto interno, como fortalecer la competencia en el mercado, mejorar la infraestructura logística, promover la eficiencia energética y apoyar de manera focalizada a los sectores más afectados.
Cuando el combustible aumenta de precio, el impacto se extiende a toda la economía: Se incrementan los costos del transporte de mercancías, aumentan los costos de producción agrícola e industrial, se encarece el transporte público y privado, los alimentos llegan más caros a los mercados, por ende, la canasta básica aumenta de precio, disminuyendo con ello, el poder adquisitivo de las familias, lo que genera presión inflacionaria sobre otros bienes y servicios.
En otras palabras, el combustible funciona como un insumo transversal: prácticamente toda actividad económica depende de él. Por eso, un aumento sostenido en su precio termina repercutiendo en el costo de vida de toda la población, especialmente en los hogares de menores ingresos.
Hoy el constante incremento en el precio de los combustibles se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos para Guatemala. Más allá del costo que representa llenar el tanque de un vehículo, el aumento de la gasolina y el diésel repercute directamente en el precio de prácticamente todo. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente, reactiva y carente de una estrategia integral para proteger a la población más vulnerable.
Guatemala depende en gran medida de la importación de combustibles, por lo que factores internacionales como los conflictos geopolíticos, las decisiones de los países productores de petróleo, las variaciones del tipo de cambio y los costos del transporte marítimo influyen en los precios internos. No obstante, el hecho de que el origen del problema sea externo no exime al Estado de su obligación de diseñar políticas públicas que mitiguen sus efectos.
La falta de una política energética de largo plazo ha dejado al país expuesto a la volatilidad del mercado internacional. En lugar de fortalecer mecanismos de estabilización, diversificar las fuentes de energía o impulsar alternativas de transporte más eficientes, las autoridades han limitado su actuación a declaraciones públicas y al seguimiento pasivo de los acontecimientos internacionales.
El impacto sobre la canasta básica es inmediato. Cada incremento en el precio del diésel eleva los costos del transporte de mercancías desde los centros de producción hasta los mercados. Los productores agrícolas pagan más por movilizar sus cosechas, las empresas enfrentan mayores costos logísticos y, finalmente, el consumidor absorbe el incremento mediante precios más altos en productos esenciales como maíz, frijol, arroz, huevos, carnes, verduras, frutas y productos de higiene.
Para miles de familias guatemaltecas, cuyos ingresos permanecen prácticamente estancados, esta situación representa una pérdida acelerada del poder adquisitivo. El salario alcanza para comprar cada vez menos, obligando a muchas personas a reducir la calidad o la cantidad de los alimentos que consumen, afectando especialmente a niños y adultos mayores.
A ello se suma el incremento en las tarifas del transporte colectivo y del transporte de carga, generando un efecto inflacionario que termina afectando a toda la economía nacional. El pequeño comerciante paga más por abastecer su negocio; el agricultor obtiene menores márgenes de ganancia; las empresas trasladan los costos adicionales al consumidor; y el círculo inflacionario continúa expandiéndose.
La ausencia de medidas eficaces también refleja una débil capacidad de coordinación institucional. Mientras los consumidores enfrentan incrementos constantes, no existe una política clara para fortalecer la competencia en el mercado de combustibles, mejorar los mecanismos de supervisión de precios, combatir prácticas anticompetitivas o generar reservas estratégicas que permitan amortiguar las fluctuaciones internacionales.
Tampoco se observa una estrategia sólida para fortalecer la producción nacional de alimentos o reducir los costos logísticos mediante inversión en infraestructura vial, lo cual contribuiría a disminuir el impacto del transporte sobre los precios finales.
El problema trasciende lo económico y se convierte en una cuestión social. El aumento sostenido del costo de vida incrementa la pobreza, profundiza la desigualdad y limita las oportunidades de desarrollo de millones de guatemaltecos. Cuando una familia debe destinar una mayor parte de sus ingresos a alimentos y transporte, disminuye su capacidad para invertir en educación, salud, vivienda o emprendimientos productivos.
Frente a esta realidad, el Gobierno debería impulsar medidas orientadas a proteger el poder adquisitivo de la población. Entre ellas destacan el fortalecimiento de la competencia en el mercado de combustibles, la revisión de la estructura tributaria aplicable cuando existan aumentos extraordinarios, el apoyo temporal y focalizado a los sectores más vulnerables, la inversión en infraestructura logística, el impulso a energías alternativas y la promoción de políticas que reduzcan la dependencia del petróleo importado.
Este incremento se vuelve un tema de manipulación, y crítica al gobierno volviéndole un tema electoral y político, que espera soluciones milagrosas frente a un fenómeno internacional, y es allí donde esta columna demanda liderazgo, planificación y capacidad de respuesta. Gobernar implica anticiparse a las crisis y adoptar decisiones oportunas que protejan el bienestar colectivo.
Mientras el precio de los combustibles continúe aumentando sin una estrategia estatal efectiva, la inflación seguirá deteriorando el poder adquisitivo de los hogares y ampliando las brechas sociales. La verdadera responsabilidad del Gobierno no consiste en controlar el precio internacional del petróleo, sino en evitar que sus consecuencias recaigan, una vez más, sobre quienes menos recursos tienen. En un país donde una parte importante de la población vive con ingresos limitados, la inacción frente al encarecimiento de los combustibles termina convirtiéndose en un factor que agrava la inseguridad alimentaria y debilita el desarrollo económico y social de Guatemala.
