0:00
0:00

La telefonía móvil y el internet dejaron de ser un lujo para convertirse en servicios indispensables. Hoy sirven para trabajar, estudiar, comunicarnos, informarnos y participar en la vida económica del país. Por eso, cuando dos grandes empresas concentran buena parte de ese mercado y el Estado no logra regularlas adecuadamente, el problema deja de ser comercial y se convierte en un problema nacional.

El problema: En Guatemala existen únicamente dos empresas grandes que prestan el servicio de telefonía móvil y, en buena medida, también el servicio de internet. Aunque hay otras empresas, no han logrado consolidarse con fuerza. El resultado es que el país depende de dos grandes transnacionales que operan con enorme poder frente a los usuarios y al propio Estado.

A pesar de que se han aprobado leyes para evitar el robo de celulares, regular el uso de los números telefónicos y combatir su utilización por estructuras criminales, el problema sigue vigente. No se trata solo de las empresas, sino del uso que se da al servicio, de su calidad y de la poca capacidad estatal para regular un mercado indispensable.

¿Qué pasó? Una de esas empresas llegó al país cuando el Gobierno vendió GUATEL o buena parte de sus derechos y capacidades. La otra ingresó cuando se abrió el mercado de la telefonía celular. Otras empresas intentaron competir, pero no lograron mantenerse. El poder de quienes llegaron primero fue creciendo hasta consolidar el mercado actual.

Al inicio, Guatemala llegó a tener una de las telefonías celulares más baratas de la región. La competencia era tan fuerte que incluso los aparatos llegaron a entregarse prácticamente gratis. Sin embargo, el panorama cambió: hoy los planes se parecen demasiado, los contratos son similares, los servicios se diferencian poco y el usuario tiene cada vez menos opciones reales.

Algunos han comparado esta situación con la de las tarjetas de crédito. Y no se trata de defenderlas o atacarlas, porque también hemos dicho que, ante la poca accesibilidad al crédito bancario, muchas veces son una alternativa. Pero en el caso de la telefonía móvil el problema es más amplio: ya no hablamos de un lujo, sino de una herramienta indispensable para trabajar, estudiar, comunicarse, pagar, informarse y participar en la vida económica y social del país.

La telefonía móvil empezó siendo una opción ante la falta de cobertura de la telefonía fija. Hoy es mucho más que eso: los dispositivos móviles concentran internet, comunicación, fotografía, video, redes sociales, entretenimiento, banca, trabajo, educación, ubicación, salud y hasta mecanismos de control familiar. En un solo aparato se reúne buena parte de la vida cotidiana.

Por eso, el servicio que prestan estas empresas no puede verse como cualquier otro servicio comercial. Quien no tiene acceso a buena telefonía e internet queda en desventaja. Y quien depende de un contrato abusivo, mala cobertura o cobros poco claros, queda prácticamente atrapado.

En el episodio de esta semana de ROBERTO ALEJOS PODCAST conversé con Luis Aguirre, diputado que ha iniciado una lucha contra estas dos grandes empresas, tanto por el servicio que prestan como por los beneficios que, según él, han recibido del Estado. Vale la pena escuchar la conversación para entender mejor el alcance del problema.

NO SE VALE que los teléfonos móviles, que en un principio fueron una herramienta accesible y relativamente barata, se hayan convertido en un servicio indispensable sin regulación suficiente para proteger al usuario. Tampoco se justifica que las empresas impongan contratos difíciles de entender, condiciones desiguales y cobros que el ciudadano termina aceptando porque no tiene otra opción.

Si ya resulta difícil controlar los abusos en las redes sociales y en el mundo digital, no podemos aceptar sin discusión el poder de las empresas que prestan el servicio que hace posible ese acceso. El Estado no puede permanecer débil frente a un sector con tanta incidencia en la vida de la población.

YA ES HORA de que alguien se atreva a enfrentar a estas empresas poderosas. Tienen en sus manos servicios esenciales para la comunicación, el trabajo, la educación, el entretenimiento y hasta la transmisión de eventos como los partidos de fútbol o los mundiales, que terminan evidenciando problemas de cobertura, calidad, contratos y atención al usuario.

El mundial terminó de destapar un problema que ya existía: los usuarios pagan por servicios que muchas veces no reciben en la calidad ofrecida. Y, como ocurre con algunas tarjetas de crédito, quienes más dependen de estos servicios suelen ser quienes menos posibilidades tienen de defenderse.

En el podcast de esta semana abordamos este tema con la intención de informar, no de atacar enemigos. Pero informar también implica señalar abusos, omisiones del Estado y la necesidad de legislar mejor para proteger a la población. Y ni hablar del tema de cómo adquirieron la última frecuencia. Otra evidencia de la complicidad entre ambas empresas.

Que nos duela darnos cuenta de que algo que consideramos útil, necesario y casi indispensable no siempre funciona como debería. Que ese dolor nos mueva a actuar, a involucrarnos y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.

José Roberto Alejos Cámbara

post author
Artículo anteriorAbogado defensor de Kevin Malouf renuncia por desacuerdos con su cliente
Artículo siguienteDiputado Chic pide a presidente del Congreso y rectores que elección de titular de postuladora de contralor sea pública