El caos y la anarquía que deliberadamente se provocó en Guatemala mediante la eliminación de un auténtico Estado de Derecho se ha proyectado en muchos temas porque, literalmente, cada quien en el país puede hacer lo que le venga en gana sin que exista un sistema de justicia que sancione y que proteja tanto los intereses ciudadanos como el bien común. Ayer el presidente Arévalo habló del tema de la autonomía municipal señalando que ese principio constitucional no es absoluto y tiene sus límites, específicamente se refirió a que los alcaldes no pueden frenar proyectos estratégicos para el país.
La Constitución, en su artículo 253 establece claramente la autonomía municipal y a qué se refiere ese principio que faculta a cada municipalidad organizar sus jurisdicciones, potestad que no es absoluta ni ilimitada sino, que tiene que encuadrar en el Estado de Derecho, el interés nacional y el bien común. Algunos municipios han abusado del concepto de la autonomía y, como pasó en estos días con la carretera privada que aliviará la congestión vial en el sur del país, tratan de usar ese principio para llevar agua a su propio molino.
En otros casos la situación es más grave porque se ha usado la autonomía para proteger a ciertos grupos del crimen organizado que encuentran en algunos municipios acomodados gracias a que compraron una especial protección. Y los alcaldes pueden operar con total tranquilidad porque desde hace 8 años el Ministerio Público, que estaba llamado a perseguir cualquier clase de delito, se dedicó única y exclusivamente a enterrar los casos de corrupción y a perseguir a quienes denunciaban esa terrible situación que nos ha llevado a una crisis sin precedentes.
Sin efectiva administración y, sobre todo, aplicación de la ley no puede haber pacífica convivencia porque las mafias tienen la garantía absoluta de que pueden operar como les venga en gana. Es obvio que inicialmente esa destrucción de la justicia real y objetiva era para proteger a los que se dedicaron al saqueo de los fondos públicos, pero al poner a los administradores de justicia en la posición de trabajar a favor del mejor postor, ese crimen organizado también empezó a salpicarlos, como hace con algunos alcaldes, de manera que puedan disfrutar de la misma garantía que se da a los más corruptos políticos y funcionarios. La narcopolítica se siente en muchos lados, incluidas las alcaldías del país.
La autonomía, como cualquier derecho o privilegio, tiene límites y las municipalidades no pueden contradecir la ley y la Constitución, pero lo más importante es enfatizar que la autonomía no puede ser usada para obstaculizar proyectos estratégicos o de infraestructura que cuentan con los permisos requeridos y, mucho menos, para dar albergue a entidades del crimen organizado, especialmente del narcotráfico.
