La primera gran discusión pública de la nueva Corte de Constitucionalidad, desatada por el enfrentamiento entre magistrados sobre el teletrabajo y las sesiones virtuales, dejó al descubierto una fractura interna inédita. Ahora, ese mismo tribunal ha decidido levantar un muro sobre la información que permitiría conocer cómo se toman sus decisiones y cómo administra parte de su funcionamiento interno.
Después de solicitar una prórroga de diez días para responder seis requerimientos de información pública planteados por La Hora, la Corte emitió una resolución de 25 páginas en la que rechaza entregar actas de pleno, oficios, comunicaciones internas, la identificación de los letrados asignados a cada magistrado y otros documentos vinculados con asuntos que marcan el inicio de la novena magistratura.
La resolución de la CC a este medio se concentró en construir un argumento jurídico para sostener que buena parte de esos documentos pertenece al ámbito reservado de la deliberación constitucional y que su divulgación pondría en riesgo la independencia judicial, la imparcialidad de los magistrados y el propio proceso de formación de las sentencias.
El criterio supone una interpretación restrictiva del derecho de acceso a la información pública en uno de los órganos con mayor poder político del Estado y llega en un momento en que la Corte atraviesa una disputa interna visible desde el relevo de magistrados ocurrido en abril.
ACTAS PLENARIAS QUEDAN FUERA DEL ESCRUTINIO
Uno de los principales requerimientos buscaba acceder a las actas de las sesiones plenarias celebradas desde la toma de posesión de la actual magistratura y a los documentos que acompañaron esas deliberaciones.
La Corte respondió que esos materiales forman parte del proceso interno mediante el cual se construye la voluntad jurisdiccional y que su difusión abriría la puerta a presiones externas sobre los magistrados antes de adoptar una decisión definitiva.
El tribunal sostiene que la publicidad de borradores o proyectos podría inhibir el debate interno y generar una percepción equivocada sobre posiciones que aún no representan la voluntad institucional.
Con esa interpretación, la ciudadanía solo podrá conocer el resultado final de las decisiones, pero no el recorrido argumentativo que llevó a ellas.
DEBATE SOBRE EL TELETRABAJO PERMANECE BAJO RESERVA
La negativa también alcanza el conflicto que evidenció las primeras diferencias entre los nuevos magistrados.
La Hora solicitó los oficios, memorandos y autorizaciones mediante los cuales magistrados y sus equipos pidieron trabajar bajo modalidad remota entre 2020 y 2026, una información relevante después de que la discusión sobre los plenos virtuales expusiera la existencia de bloques enfrentados dentro del tribunal.
La respuesta fue entregar únicamente el reglamento institucional sobre teletrabajo.
Nada sobre quiénes solicitaron esa modalidad, durante cuánto tiempo la ejercieron o bajo qué argumentos administrativos fue autorizada.
La decisión mantiene bajo reserva los documentos que dieron origen a un debate que trascendió lo administrativo para abrir interrogantes sobre la seguridad jurídica y la forma en que delibera el máximo intérprete de la Constitución.
ESTRUCTURA DE LETRADOS QUE SIGUE INCIERTA
La Corte también rechazó identificar qué letrados trabajan para cada magistrado.
Aunque reconoce que la ley obliga a publicar el directorio general de empleados y funcionarios, sostiene que no existe obligación de revelar la distribución interna de esos profesionales entre las distintas vocalías.
La decisión impide conocer quiénes elaboran los proyectos de resolución y asesoran directamente a cada magistrado del pleno, una información relevante para entender el funcionamiento cotidiano del tribunal constitucional.
TRANSPARENCIA LIMITADA
La misma lógica se repite en el resto de solicitudes.
Cuando La Hora pidió un historial consolidado de dietas e ingresos de los magistrados suplentes que integraron la antigua magistratura, la Corte respondió que esos datos ya están publicados de manera dispersa y que la ley no la obliga a reorganizarlos.
Cuando solicitó información sobre posibles cajas chicas asignadas a cada uno de los magistrados y cuánto gastó cada uno de 2020 a la fecha, respondió que esas estructuras administrativas no existen.
Y cuando requirió una copia oficial del oficio firmado por el magistrado Roberto Molina Barreto el 30 de abril —documento que ya había circulado en redes sociales y medios de comunicación y que detonó la controversia sobre el trabajo remoto—, el tribunal sostuvo que sigue siendo correspondencia protegida por la garantía constitucional de inviolabilidad, aunque su contenido ya sea de dominio público.
PRECEDENTE SOBRE LÍMITES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Más allá del contenido concreto de cada negativa, la resolución fija una posición institucional sobre los límites del escrutinio ciudadano sobre la Corte de Constitucionalidad.
El tribunal considera que las deliberaciones internas, las comunicaciones administrativas y buena parte de la documentación que rodea sus decisiones forman parte de una esfera protegida frente al acceso público.
La consecuencia es que la institución llamada a garantizar el cumplimiento de la Constitución adopta una interpretación que restringe el alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública precisamente respecto de aquellos documentos que permitirían comprender cómo ejerce uno de los poderes más determinantes del sistema democrático guatemalteco.
