A veces vemos lo mismo, pero entendemos cosas distintas. Y en ningún tema resulta tan cierto como cuando hablamos de la vida y la muerte.
Hace unos días, un médico me relató el caso de una paciente de 77 años con cáncer digestivo en fase terminal. Sin esperanza de cura, le pidió ayuda para morir. Su pregunta fue clara: «¿Es humano obligar a mis seres queridos a verme sufrir hasta el final?». Buscaba, simplemente, una muerte digna. Al consultar mi amigo el caso con un sacerdote, recibió esta respuesta: «Doctor, la fortaleza es una virtud fundamental. Esta es una prueba que Dios permite para fortalecernos, así que su pregunta sobra».
Frente a ello, le recordé que en medicina existe un principio antiguo, pero a menudo olvidado: cuando la enfermedad es incurable, la verdadera compasión a veces consiste en no intervenir y acompañar lo inevitable.
La ciencia constantemente nos recuerda que la muerte es parte natural de la vida. Ante esta realidad, las posturas se dividen. Aquí exploraré dos:
La primera defiende la autonomía personal: cada quien es dueño de su cuerpo y su conciencia. Si la vida es un derecho individual, ni el Estado ni la sociedad deberían obligar a nadie a sostener una existencia que considera insoportable, ya sea por una enfermedad terminal o por un dolor extremo. Cuando la dignidad se desvanece, el derecho a morir con dignidad se erige como la última expresión de la libertad.
La segunda sostiene que la libertad no puede usarse para anularse a sí misma. Decidir morir para escapar del dolor, argumentan los defensores de esta ponencia, convierte a la persona en un medio y no en un fin, vulnerando un deber moral consigo misma. Desde esta óptica, existen derechos tan fundamentales que son inalienables: no pueden cederse ni renunciarse, ni siquiera voluntariamente. La vida, entonces, es un bien supremo que antecede a la autonomía individual.
Para un médico, el compromiso tradicional apunta a preservar la vida, no a abreviarla. La medicina considera que esta posee un valor intrínseco que trasciende la voluntad inmediata del paciente. Así, lo que comienza como un dilema personal se convierte en un conflicto ético, relacional y social. Al pedir ayuda para morir, el paciente deja de actuar en soledad e involucra a un tercero. Y eso cambia todo: ya no se trata solo de la autonomía del enfermo, sino del cruce entre dos libertades y dos conciencias morales.
El médico no es un técnico neutral ni un proveedor de servicios. Es un profesional con conciencia, guiado por un código ético que busca aliviar el sufrimiento, pero también por el principio de no causar daño, históricamente entendido como no provocar la muerte. Por ello, ningún marco jurídico o ético contemporáneo debería obligar a un tercero a actuar contra sus convicciones más profundas.
El acto médico nunca está exento de peso ético. Atender una petición como la de mi amigo, implica inevitablemente, que el profesional asume una responsabilidad moral sobre esa muerte. El tratar de evitar el sufrimiento del paciente es legítimo, pero al requerir la intervención de otro, lo arrastra a su propio laberinto existencial. La compasión puede impulsar a la acción a cualquiera, pero no alivia la carga; por el contrario, la intensifica. La responsabilidad moral no se delega: se comparte y se multiplica, porque ahora confluyen la voluntad de quien pide y la conciencia de quien decide ejecutar o negar.
Esto nos lleva a una pregunta final: si el núcleo del dilema ético es la carga moral que recae sobre un tercero, ¿debería el Estado limitarse a garantizar el acceso a métodos seguros e indoloros para que cada persona decida en soledad? Esta propuesta, que ya se debate en varios países con el desarrollo de dispositivos de asistencia automatizada, imagina un rol estatal puramente logístico y neutral, alejado de juicios morales.
Usted, ¿qué piensa?
Para cerrar, comparto lo que me dijo otra paciente, también en etapa terminal y el dilema de pedir ayuda al bien morir: «Si el Estado facilita morir con sencillez, pero no garantiza una atención médica de calidad, cuidados paliativos dignos, apoyo psicológico accesible ni condiciones de vida adecuadas para enfermos crónicos y adultos mayores, esa “decisión autónoma” se desvirtúa. El riesgo ético es claro: que morir se convierta en la opción más barata y rápida frente a un sistema sanitario deficiente. La verdadera autonomía solo existe cuando la persona puede elegir morir sabiendo que, de haberlo querido, también pudo haber vivido con dignidad y sin dolor».
