Como ya es costumbre, por no decir su modus operandi, diputados de cuestionadas bancadas del Congreso de la República, entre las que se encuentran las de Vamos, UNE, Valor y Cabal, han tenido obstaculizada la aprobación de la Iniciativa 6593 (Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo), presentada por el Ejecutivo para endurecer los castigos contra el crimen organizado y para fortalecer el sistema financiero y así cumplir con estándares internacionales que exige el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y su base para la región, GAFILAT.
Esta iniciativa fue presentada al Congreso desde julio de 2025 y, de no aprobarse, nuestro país ingresaría a la lista gris de países que no cumplen con los estándares que exige dicho organismo internacional, entre otros, y que causaría severos daños a nuestro sistema financiero y, por ende, a nuestra economía.
Para nadie es secreto a qué intereses responden los diputados de los partidos Vamos, UNE, Valor y Cabal. Por mucho que se somaten el pecho frente a las cámaras afirmando que “respetan” la Constitución y que quieren “informar” a la población sobre las supuestas inconstitucionalidades que la iniciativa presentada tiene, tergiversando el derecho de presunción de inocencia establecido en la Constitución con lo que se denomina autonomía del delito, es decir, que un delito tiene existencia y relevancia penal por sí mismo y no depende de la investigación o condena de otro delito previo.
Para la iniciativa de ley antes mencionada, la autonomía del delito significa que el blanqueo de capitales se persigue como un delito independiente y que no se necesita que exista juicio, proceso o condena previa por el delito que originó los fondos ilícitos (corrupción o narcotráfico, por ejemplo). Lo que se está castigando, es el acto de ocultar, simular o integrar dinero ilícito al sistema económico formal, es decir, el lavado, por lo que únicamente se debe acreditar que el dinero proviene de actividades ilícitas, para lo cual la IVE (Intendencia de Verificación Especial) posee los mecanismos legales para detectarlo. Lo que estos diputados pretenden es que de primero exista un juicio o una condena para así poder perseguir el delito de lavado, dejando muy claro los intereses que protegen.
Los países integrantes del GAFI, incluyendo los Estados Unidos, tienen legislaciones totalmente en línea con la autonomía del lavado de dinero como delito punible por sí mismo. En la legislación estadounidense también se establece el derecho de presunción de inocencia y no es contradictorio con la autonomía del delito de lavado, como lo quieren hacer ver aquí diputados que responden a intereses que buscan desesperadamente que esta ley no sea aprobada tal como lo recomienda el GAFI, dejando suficientes lagunas en la ley para dificultar y entorpecer la persecución penal del delito de lavado de dinero como un delito autónomo.
El Congreso debe aprobar esta ley de acuerdo con las especificaciones y los estándares que el GAFI exige. Y ciertamente nuestros diputados no van a ser héroes por ello. Es su harta obligación.
