En medio del pulso en el Congreso por la aprobación de la ley antilavado que se discute desde hace varias semanas y que espera a su aprobación final, las bancadas mayoritarias, entre estas la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor y otras, estarían detrás de la propuesta que incluiría cambios cuestionados a la normativa.
De acuerdo con la información que conoció La Hora, ambas bancadas estarían detrás de las enmiendas de última hora.
Uno de los cambios es proponer que los notarios no ingresen al régimen de inmediato y que, en cambio, esto ocurra luego de meses que entre en vigencia la ley.
Además, otra de las enmiendas incluye el aspecto de la extinción de dominio, mientras el objetivo consiste en incorporar un artículo de la carga dinámica de la prueba.
Lo impulsado en el Congreso, en tanto, recuerda lo ocurrido con la estructura denunciada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Fuentes con conocimiento del tema, explicaron a La Hora que un ex alto funcionario de la Superintendencia de Bancos es el asesor de los cambios que negocian la bancadas.
GAFI MANTIENE OBSERVACIONES SOBRE GUATEMALA
Hace algunos días, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó a La Hora que mantiene sus observaciones sobre Guatemala recogidos en su último Informe de Seguimiento de GAFILAT sobre el país publicado en 2018, tras la Evaluación Mutua de 2016, el Congreso mantiene entrampada la iniciativa 6593 en medio de negociaciones políticas que incluyen reformas a la Ley del Ministerio Público (MP) y a la Ley de Extinción de Dominio.
En una entrevista con La Hora el equipo técnico de la SIB dijo sin rodeos: la normativa actual contra lavado y financiamiento del terrorismo permitió avances, pero ya no alcanza. Tiene casi 25 años y nació en un contexto financiero distinto.
Los técnicos explican que desde la Evaluación Mutua de 2016, GAFILAT marcó brechas y GAFI actualizó sus 40 recomendaciones. El resultado: Guatemala hoy incumple estándares en cinco frentes que solo se cierran con ley.
¿Cuáles son? Beneficiario final sin transparencia; APNFD (actividades y profesiones no financieras designadas) como abogados, notarios y proveedores de cripto; sanciones financieras por terrorismo y proliferación a medio implementar; debida diligencia sin enfoque basado en riesgo; y tipificación del financiamiento del terrorismo que no calza con lo internacional.
La SIB resume el problema en términos prácticos: actualmente existen limitaciones para identificar quién está realmente detrás de una empresa, supervisar operaciones con criptoactivos o congelar activos de manera oportuna.
La superintendencia detalla por qué la Iniciativa 6593 es clave para evitar la lista gris del GAFI. No actualizar la ley no solo deja huecos peligrosos, sino encarecería remesas, deuda y crédito PYME. El GAFI confirma a La Hora que el tiempo corre hacia la evaluación de 2027.
EL CASO B410 Y EL ABOGADO
El 14 de agosto de 2024, esa institución hizo pública la existencia del caso B410: una red de 410 empresas que habrían defraudado al fisco por más de Q300 millones entre 2021 y 2023.
Según la investigación tributaria, el abogado David Barrera, había constituido el 75% de las sociedades que integraban la estructura.
Caso B410: MP de Consuelo Porras tuvo pista clave 9 meses antes (en caso China) y no hizo nada
En dicho caso, las empresas compartían rasgos comunes: direcciones inexistentes, socios repetidos, números telefónicos idénticos y resistencia a auditorías. Muchas de ellas facturaban millones sin respaldo contable y omitían el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
BANCADAS CONDICIONARON APROBACIÓN
La semana pasada, La Hora dio a conocer que varias bancadas, entre ellas la UNE, Cabal, Valor, TODOS y Vamos negociaban ley antilavado con cambios que golpearían controles anticorrupción.
«Sin embargo, un día después, fuentes del Legislativo confirman que la condición no se limita a esa ley también incluye reformar la Ley de Extinción de Dominio y algunas otras medidas de control anticorrupción», se explicó.
