Facciones de varios bloques legislativos ahora impulsan reformas a la Ley del MP para que se remueva al fiscal general. Foto: La Hora / José Orozco
Facciones de varios bloques legislativos ahora impulsan reformas a la Ley del MP para que se remueva al fiscal general. Foto: La Hora / José Orozco

«Ellos dicen estar de acuerdo en apoyar la ley contra lavado de dinero, pero en la práctica no es así»: esta es una frase en la que coinciden varios diputados, luego que al menos cinco bancadas legislativas bloquearan la aprobación final de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Después de varios días de trabajo para lograr consensos en 14 enmiendas, todo parecía listo para la aprobación de la iniciativa de ley 6593. Pero al inicio de la sesión, el ambiente empezó a cambiar. Cinco horas después, el presidente Luis Contreras, luego de varios intentos de continuar, cerró la sesión sin lograrse la aprobación.

Diputados de los bloques Cabal, Valor, Vamos, UNE y Todos y algunos legisladores independientes condicionaron aprobar la ley contra el lavado de dinero a modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y así facilitar la remoción de Fiscal General.

Sin embargo, un día después, fuentes del Legislativo confirman que la condición no se limita a esa ley también incluye reformar la Ley de Extinción de Dominio y algunas otras medidas de control anticorrupción.

Un integrante de la junta directiva, que pidió no ser identificado, enfatizó que el bloque Vamos es el principal impulsor de las reformas a la Ley del MP. Fue el diputado Duay Martínez quien buscó apoyo de algunos colegas de Cabal y la UNE para impulsar una moción verbal en el pleno, pero legisladores de esas bancadas quisieron incluir otras propuestas.

«El miedo de varios diputados es que si el presidente tiene un fiscal afín pueda pedir cooperación internacional y con la ONU, para instalar una comisión contra la corrupción, pero lo que buscan es pelotear la aprobación de la ley contra lavado de dinero para que no se apruebe», expresó el miembro de la junta directiva.

Asimismo, el congresista indicó que la propuesta de los que llamó «mañosos», se enfoca en incluir la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, ya que pretenden que la incautación de bienes inmuebles o muebles se concrete hasta que haya una sentencia. Esto le quitaría fuerza a la ley contra lavado de dinero u otros activos.

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DETENER CONGRESO CON VIEJAS ESTRATEGIAS

Mientras avanzaba la plenaria del último martes, el presidente del Congreso de la República caminó por el Pleno para mantener los consensos para aprobar la ley Antilavado porque considera que es un compromiso del país.

Sin embargo, un diputado oficialista señaló que varios de sus colegas utilizan estrategias de anteriores bancadas oficiales para entrampar el Congreso para que no se apruebe esa legislación para la cual hay un plazo por la supervisión que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país.

El legislador de la bancada oficial recriminó la «voluntad política» que ahora muestran sus compañeros por modificar el artículo 14 de la Ley del MP, y el presidente de la República pueda remover al fiscal general y jefe del MP, pues en el pasado se resistieron a modificar esa normativa, ya que protegían a Consuelo Porras, lo cual no debe hacerse con extorsiones para defender ciertos intereses particulares.

«Están lanzando globos para desviar la atención con temas que le interesan a la población, pero lo que buscan es evitar la discusión de la ley contra lavado de dinero, pues les preocupa que puedan ser investigados por esos delitos», agregó el legislador.

CHANTAJE PARA TENER FISCAL QUE NO INVESTIGUE

El comportamiento de los diputados durante la plenaria del 5 de mayo captó la atención de diferentes sectores, ya que se aprobaría la ley contra lavado de dinero. De acuerdo con analistas, los diputados buscaban adelantarse al nombramiento que haría el presidente de la República con la designación del fiscal general y pretendía modificar la Ley del MP para garantizarse un fiscal afín.

Renzo Rosal, politólogo y catedrático universitario, remarcó que es un juego peligroso el de los diputados en buscar canje en la aprobación de ciertas leyes, pues de no aprobarse la normativa contra el lavado de dinero se generarán dificultades en el ámbito económico y financiero del país.

Rosal reconoce que el Congreso de la República es un órgano donde hay negociaciones para aprobar ciertas normativas, pero en este caso solo es por conveniencia propia y por presiones de Estados Unidos.

«Parece perverso querer instrumentalizar ese tipo de presiones y se trata de meter cizaña en diferentes procesos. A la vez, los bloques legislativos dominantes envían mensajes que sus presidenciables en 2027 puedan remover al fiscal general que escogió el presidente Arévalo, pues usan el tema del péndulo a su conveniencia, y dan pauta de que el fiscal, que ahora no es cercano, pueda desempolvar expedientes donde puedan salir involucrados integrantes de sus partidos políticos que Porras mantuvo dormidos», agregó el politólogo.

Además, Rosal consideró que algunos partidos políticos desde el Congreso de la República prefieren mantener el estado de zozobra e inestabilidad, porque no les conviene un Ministerio Público diferente y sólido distinto al modelo actual de Consuelo Porras, pues querer ahora modificar la ley evidencia que solo quieren un fiscal transitorio y que pueden quitarlo con una reforma a la Ley del MP, pero lo que necesita el país en este momento es un cambio de fondo en el MP, pero las propuestas solo generan inestabilidad.

Rosal no descarta la necesidad de discutir una reforma integral a la Ley del MP, pues legislar por coyunturas es un error, y modificarla en estos tiempos se puede ver con criterios chantajistas y puede ser hasta como tema de campaña electoral.

Mientras que el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Rubén Hidalgo, enfatizó que la lectura «realista, pero pesimista» de las condicionantes de algunos diputados, es que quien fue designado para fiscal general para 2026 a 2030 no es de ciertos sectores que han ostentando el poder a través del MP, por lo que buscan garantizarse que si el fiscal general no se aplica a sus consideraciones o beneficios como hasta ahora se ha visto en el MP de Porras tendrán recursos legales para removerlo.

«La aprobación de la ley contra lavado, primero es un rescate desde el Congreso de la República para los guatemaltecos en que no lleguen personas interesadas en incrementar sus finanzas desde los cargos públicos, pues impulsan sus carreras políticas con negocios. La ley contra el lavado es importante busca se pretende fortalecer los controles, rendición de cuentas y trazabilidad del dinero», añadió Hidalgo.

Por último, el analista lamentó que actualmente los controles para evitar el lavado de dinero u otros activos se utilizan discrecionalmente, pues algunos empresarios y profesionales han incrementado sus capitales a través de constructoras, corrupción, y querer entrampar su aprobación con reformas a la Ley del MP es un artilugio para que no haya persecución por esos delitos y que no se aplique la ley.

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JUSTIFICA ATRASO

Varios diputados se mostraron sorprendidos que algunos legisladores del bloque Valor se hayan desmarcado de la plenaria para aprobar la ley contra lavado de dinero, ya que los diputados de esa bancada firmaron el dictamen.

El presidente de la comisión de Economía y Comercio Exterior, Jorge Ayala, que estuvo unos minutos fuera de la plenaria cuando se discutía la aprobación final de la ley contra lavado de dinero u otros activos, respondió este miércoles que el retiro de varios de sus compañeros fue por el riesgo de conocerla con el quórum registrado y dudas de otros colegas.

«Una, creo, que era un poquito arriesgado con un quórum de alrededor de 110 diputados someter a votación por artículos y redacción final la ley contra el lavado, y recordemos que esa normativa tiene que tener 107 votos favorables. La comisión logró los consensos para las enmiendas, creemos que otros bloques quieren presentar propuestas de enmiendas de curul complementarias, algunos diputados tienen inquietudes con ajustes que deben ser atendidos», explicó Ayala.

Asimismo, el diputado mencionó que uno de los artículos que llamó la atención a diputados fue el del peligro por demora, pues en la ley se deja 3 días para que el MP pida la convalidación judicial de medidas cautelares para bienes inmuebles y muebles, mientras que el juez tendrá cinco días hábiles para convalidar esa petición, de lo contrario esa medida quedará sin efecto.

El legislador recordó que las recomendaciones de GAFI comentó que las instituciones penales por delito de lavado deben tener algunas medidas cautelares que se implementen de manera inmediata, pero el problema es que en la redacción se indicó que debía ser inmediata o a la brevedad, por lo que se consideró que son términos vagos, y lo que se busca es establecer plazos, que algunos diputados han dicho que es muy corto.

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Joel Maldonado
Reportero de política y economía. Además de informar, es necesario educar, por eso me gusta contar historias con hechos y pruebas.
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