“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”. El Talmud
A raíz de que el Magistrado de la CC Roberto Molina Barreto enviara una carta a la Presidenta de la Corte como protesta por la programación de Vistas Públicas y sesiones de forma presencial, se abrió una discusión que permanecía dormida sobre la amenaza cierta hacia la Seguridad Jurídica de los diferentes expedientes y resoluciones sobre cualquier tema, que nos lleva a entender por qué antes de que los interesados lo sepan, Guatemala entera sabe el sentido de una resolución o sentencia.
Señores, la seriedad y el compromiso se ha perdido en la Justicia Constitucional, si los Magistrados discuten desde cualquier, literalmente cualquier lugar sobre el contenido y propuesta de resolución de un asunto que atañe a una institución o una persona como Juan Pérez, si eso sucede en el máximo órgano jurisdiccional, estamos en todos los sentidos agobiados por la miseria de nuestras instituciones, siendo esta miseria de fondo, porque de forma, cuentan con salarios del primer mundo, vehículos, pilotos para ellos y sus familias, seguridad y muchos beneficios más, todo a costa de los contribuyentes que pagamos religiosamente nuestros impuestos.
Es inconcebible que mientras los tribunales ordinarios han sostenido con la precariedad con la que se llevan a cabo las audiencias presenciales en lugares minúsculos sin llegar al hacinamiento pero muy cerca, se ha resguardado la reserva de los asuntos que allí se ventilan, siendo todos importantes, recordemos que las únicas audiencias que por mandato de la ley son públicas son las penales, mientras las civiles, de familia, laborales y otras no son públicas, son restringidas, pero presenciales, mientas las constitucionales según deducimos están abiertas a llevarlas a cabo hasta en el mercado, esto es eufemismo, pero puede ser realidad.
Tanto los Magistrados de la CC, como de la CSJ, de Salas y los Jueces son cargos institucionales que, quienes se encuentran ejerciendo esas funciones es por decisión propia, nadie los obliga a presentarse a hacer oposiciones en algunos casos y otros a presentar directamente su currículo, lejos han quedado los tiempos en los que se llamaba a un abogado para que aceptara ser Magistrado, a raíz de la Constitución de 1985, a nadie se le llama para ofrecerle el cargo, y siendo como es, que el mercado es muy vasto habremos casi 50,000 abogados, muchos muy calificados, no con diplomas pipipau, por lo que a diferencia de otras profesiones podríamos decir que en esta más que en otra nadie es indispensable, y que todos somos reemplazables por alguien más preparado o con mejor disposición de cumplir con un deber.
Por todo lo anterior, aunado a que si cualquier empleado público o privado en determinado momento no puede ejercer su función, es despedido, por no cumplir con la obligación de presentarse a trabajar, no se explica el que en la más alta Corte, se encuentren en superioridad de condiciones en todos los sentidos, sin ejercer las funciones encomendadas, respetando la Seguridad Jurídica y la privacidad de las discusiones de los asuntos a tratar, permitiéndose que quienes más responsabilidad tienen, ya que la Justicia Constitucional, es el último eslabón al que se acude a implorar justicia, se ponga en peligro la Seguridad Jurídica y la privacidad obligada de sus propias decisiones, como resultado de la falta de compromiso se encuentre en la Corte de Constitucionalidad la mayor debilidad institucional, pregunto: ¿Es más abogado un Juez de Familia que un Magistrado de la CC, o es cuestión de oportunidades?
De ser la respuesta positiva, no cabe duda que hemos tocado fondo y que necesitamos urgentemente una ingeniería institucional, debido al desgaste de nuestro sistema político, del que derivan los demás, entre ellos el judicial.
Las instituciones han dejado de ser las panaceas de la gestión pública, llamase esta MP, CSJ, o Congreso, para convertirse en colocación de personajes al servicio del poder real, pero lo más lamentable es que la Justicia Constitucional, no se haya quedado fuera de esta deriva en la que nos encontramos.
Desde el momento en el que las discusiones al más alto nivel en las que se deliberan y resuelven problemas de índole por demás sensible, se discuten desde cualquier lugar, sin el amparo de la debida reserva, nos encontramos en Estado de Imprudencia.
